Así piratearon a Cartagena (II). El Muelle Turístico Internacional y su lote, en poder de la SPRC

 

En 2005, cuando se firmó el otro sí, el presidente Uribe Vélez le dio todo el respaldo al capitán Alfonso Salas Trujillo. Foto SPRC.

Cuando Alfonso Salas Trujillo, gerente general de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. (SPRC) le dijo (en 2014) al alcalde de ese entonces,  Dionisio Vélez Trujillo, que si Edurbe S.A. no pudiese constituir la sociedad portuaria para el Muelle Turístico Internacional como lo exige la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ellos podrían hacerlo. Así piratearon a Cartagena.

(Lea: La Sociedad Portuaria fue un robo a mano alzada)

En realidad,  se estaba consolidando un concierto para delinquir. ¿Por qué? Porque esta es la figura penal que la Fiscalía debería investigar con la entrega del Muelle Turístico Internacional de Cartagena y de su lote (área de 18 mil metros) donde funciona la SPRC. En este concierto estaría el sector privado en alianza con funcionarios públicos del Distrito y de Edurbe S.A, especialmente de los alcaldes y concejales de ese entonces, 1993, 1997 y 2004, que son las fechas hitos establecidas en esta investigación. 

¿Robo o donación?

Cuando Alfonso Salas homenajeó a Sergio DiazGranados, Director Ejecutivo del BID y a Luis Fernando Arboleda, director de Findeter. Aquí aparecen DiazGranados, Anibal Ochoa (presidente de la SPRC), Silvana Giamo (viceministra) y Germán Cardona, Ministro de Transporte. Año 2016. Foto El Universal.

La tesis que se está manejando en este informe especial de investigación es que asistimos a un descarado detrimento patrimonial del Distrito de Cartagena de Indias. Esto es resultado de un negocio jurídico que enmascaró —con dolo— una pretensión superior a lo que se negoció: el uso del suelo. Era un derecho de explotación perteneciente al Edurbe S.A. Esto es, el Muelle Turístico de Cartagena de Indias.

Con la constitución de 1991 se eliminaron los supuestos privilegios y subsidios al sector privado, modalidades que usaron políticos y privados para esquilmar el erario. Solo recordemos las millonadas que recibían por los famosos «auxilios parlamentarios» y algunos privados por la vía del subsidio. 

Acto doloso

Por esa razón, el artículo 1 de la ley 1a de 1991 prohíbe que las sociedades portuarias reciban privilegios o subsidios. No importa que fueran oficiales o mixtas: 

«Las entidades públicas pueden aportar capital y constituir garantías a las sociedades portuarias, en los términos de esta Ley; pero ni las sociedades portuarias oficiales ni las mixtas recibirán u otorgarán privilegios o subsidios de tales entidades o en favor de ellas».

Art. 1o Ley 1a de 1991

Con la conducta tanto de los funcionarios de Edurbe como del capitán Salas, se le estaría adjudicando privilegios ( ¡y subsidios!) a la SPRC en detrimento del tesoro distrital. Esto se llama detrimento patrimonial, definido por el Consejo de Estado así:

«Este daño consiste fundamentalmente en una lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos o de los intereses patrimoniales del Estado, por una mala gestión fiscal…»

Consejo de Estado

Pero la norma dice que ese daño «podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado», que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento del patrimonio público. Esto es, de los bienes de los cartageneros.

Esta conducta violaría el Código Penal Colombiano (CPC). ¿Por qué? Hubo enajenación de hecho y no de derecho.  Además, hubo dolo. El capitán Alfonso Salas Trujillo no es ningún lelo. Sabe de letra menuda sobre actividades portuarias y de derecho comercial. Por tanto, no podría aludir falta de conocimiento de la norma. Su curriculum lo dice todo: Secretario privado del Ministerio de Defensa, Comandante del Batallón de Cadetes de la Escuela Naval, Gerente de la Electrificadora de Bolívar, Vicepresidente de Vikingos S.A., la multinacional del grupo Santo Domingo. No podría ser un delito culposo sino doloso. Y así piratearon a Cartagena.

El personal administrativo de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena-SPRC. Foto SPRC

Pobres donándole a ricos

Si hubiese justicia, este informe serviría de cabeza de proceso contra los autores intelectuales y materiales de este detrimento patrimonial que sufrimos los cartageneros. Tenemos 650 mil que se encuentran en niveles de pobreza. ¿650 mil pobres donándole a una docena de ricos?

La junta directiva de la SPRC no representa a benefactores de Cartagena sino a perjudicadores del bienestar social de una ciudad empobrecida. Presidente: Aníbal Ochoa Escobar. Principales: Aníbal Ochoa Escobar, Alfonso Salas Trujillo, Gerardo Rumie, Luis Genaro Muñoz, y Rudolf Hommes. Suplentes: Aníbal Ochoa Chaves, Alfonso Salas Araujo, Sergio Espinosa Posada, Luis Carlos Parody y Claudia Betancourt.

 La realidad es que fue una donación o cesión del derecho, o del dominio que se tiene sobre el bien o la propiedad. En este caso hubo dos bienes: (1) un lote fiscal de 1.8 hectáreas ubicado en un sitio privilegiado de Manga y (2) el goce de un derecho, cual es, la concesión del Muelle Turístico Internacional Cartagena de Indias, donde hoy atracan los cruceros. 

La concesión es de Edurbe

El muelle de Manga no es de la SPRC sino de Edurbe, de conformidad con el oficio No 01189 del 20 de agosto de 1987, donde la Dirección General Marítima y Portuaria le otorgó permiso de operación del Muelle Turístico  Cartagena de Indias. (¡Sorprendido!). Quien esto escribe, también se sorprendió. Como se puede apreciar, el permiso para este muelle fue de antes que se constituyera la SPRC (1993) y naciera la ley portuaria (1991). ¿Qué beneficios financieros recibe el Edurbe S.A por cada crucero que atraca en su propio muelle?

Por ejemplo. ¿Cuánto recibió, en este año, por el atraque del Norwegian Star, cuya capacidad es de 2.348 pasajeros y 1.065 tripulantes? ¿Cuánto le dejó al capitán Salas y a sus compinches? ¿Cuántos nos dejó a nosotros los cartageneros?

Si ellos dicen que cada turista de crucero deja alrededor de 200 dólares, ¿cuántos dolares recibe el erario por ello? No tenemos que hacer un curso especial de investigación para constatar las cifras y cuantificar el detrimento patrimonial que cada día sufre el erario del Distrito de Cartagena por el valor de uso del lote de 1.8 hectáreas.

Si los bienes son nuestros, ¿cómo el Gabrie, alcalde de ese entonces (1993), nos va a decir que vendieron las acciones del Distrito en la SPRC porque no había plata? ¿Por qué se introdujo una cláusula especial en el contrato de concesión con Aguas de Barcelona, donde se indicaba que los dividendos de su participación iban a aumentar las acciones en Aguas de Cartagena? ¡Y no había plata tampoco!

El valor de uso

Llegamos a un punto interesante de esta historia. El valor de uso. Si existe una concesión que data desde 1987 a favor de Edurbe, que es una entidad comercial e industrial estatal, ¿puede éste renunciar a ese derecho en favor de un tercero privado? La ley dice que no, en concordancia con el artículo 1o de la ley 1a de 1991, como se demostró anteriormente. Si lo hace, se constituiría típicamente un detrimento patrimonial.

Como se sabe, el valor de uso es determinado por las características propias del objeto y por el uso específico y concreto que se da al mismo. Entonces, nos enfrentamos a dos bienes de los cuales el Distrito se despoja para entregárselos en calidad de arriendo a la SPRC, que es una entidad privada donde los cartageneros tenemos acciones.

En otras palabras, se debió constituir dos negocios jurídicos a la luz de la ley 80 de 1993, puesto que los dos bienes son fiscales. Uno es el muelle, que necesita el permiso correspondiente.  Y el otro es el lote, que se debe arrendar con base en una convocatoria pública.

Por ese lote, Edurbe recibe la ridícula suma de $30 millones mensuales por concepto del negocio jurídico denominado arriendo. Este cánon no se estableció con base en el avalúo comercial del bien, y lo que es peor, se trató como de un lote no comercial ni industrial. Amen de otras irregularidades que estaremos ventilando en las próximas entregas de este informe especial. Porque así piratearon a Cartagena.

El monopolio portuario

La alta cúpula de la SPRC. Cortesía El Universal.

No solo hubo dolo contra el patrimonio de los cartageneros violando la ley 1a de 1991 y la ley 80 de 1993. También volatizó la competitividad. Y en general, los artículos 88 y 333 de la Constitución Nacional (C.N.).

El artículo 88 de la C.N. reconoce la libre competencia como un derecho colectivo. Por tanto, los ciudadanos lo podremos reclamar mediante una acción popular.

«La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
«El Estado…evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.»

Artículo 333 C.N

De manera que la conducta del capitán Alfonso Salas Trujillo pudo violar también la constitución. Puesto que se volatilizó la competitividad en el mercado portuario local. ¿Qué estará pensando la familia Echavarría con su muelle El Bosque ubicado justamente al frente del Muelle Turístico Internacional?

La pregunta del millón

Viendo un concurso de delitos en estos hechos que narro e interpreto a la luz de la verdad y de la Constitución y del derecho, ¿qué estará pensando el fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, cuyo padre ejemplificó a un honesto obrero del palaustre en la serie de TV Yo y Tu que veían mis padres? ¿Podrá Martínez Neira defender estos bienes haciendo respetar la ley penal a favor de los cartageneros? ¿Por qué Martínez Neira usó con denuedo el báculo de la justicia contra Manolo Duque y los concejales, luego que éstos le negaran a su grupo económico los permisos de la marina?

Como decía mi abuelita Ana Luisa Martínez, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Y eso fue lo que le pasó a Manolo y a sus concejales.

La Fiscalía debe investigar de inmediato. Aquí se podría presentar delitos de corrupción privada, administración desleal, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, omisión de agente retenedor o recaudador, concierto para delinquir, entre otros.

Según el oficio que le envió y recibió Dionisio Vélez Trujillo, alcalde Mayor, el 25 de noviembre de 2014, Salas Trujillo, le dijo:

«En el marco del contrato de arrendamiento suscrito entre ambas empresas sobre el Muelle Turístico Internacional, en esta Sociedad Portuaria nos encontramos en disposición de revisar los términos económicos del referido contrato, para armonizarlo a las condiciones derivadas de la cesión del trámite de concesión».

Oficio SPRC No 0009983

Con esa prueba reina, el capitán (r) de la Armada Nacional, Alfonso Salas Trujillo, sabía perfectamente que estaba hablando de dos cosas diferentes: la concesión de un servicio y el arriendo de un lote. Y con eso introducimos la tercera parte de esta historia que cada día se vuelve interesante para despertar de esta situación, porque así piratearon a Cartagena, La Heroica.

(Lo de Marlene Romero, gerente de Edurbe que firmó el otro sí en 2004 y 2005, lo dejamos para la IV entrega).

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