Si. Cartagena sí puede prestar directamente el servicio de alumbrado público y evitarse hechos como el que se presentó con la concesión de 1999, donde se violó la norma simulando cumplir con la ley 80/94.
William Murra Babún, es el gerente de la empresa que ejerce la interventoría -QBM- del contrato de concesión y, por tanto, el papel de control y vigilancia para que el contratista cumpla con los objetivos de la contratación. En este sentido, se destaca la entrevista con el interventor, la cual puede escuchar en el enlace a final de página.
Cartagena sí puede, y hasta más. ¿Por qué? La responsabilidad de la prestación de los servicios públicos es del Estado. La constitución señala que los servicios públicos son inherentes del Estado. Quiere decir que es su naturaleza y, por tanto, su desprendimiento es una conducta excepcional. Esta excepción está regulada por la ley 80 de 1994 que establece las formalidades de la contratación estatal en todas sus modalidades: licitación y convocatorias públicas, contratación directa, etc.
En materia de servicios públicos domiciliarios fue aprobada la ley 142 de 1994. El sector eléctrico lo regula la ley 143/94. Recientemente, la Comisión Reguladora de Energía y Gas —CREG— emitió el decreto No 0943 de 2018 donde establece los parámetros de calidad y administración del alumbrado público, las formulas tarifarias y otras disposiciones.
Cuando el servicio sea prestado por agentes diferentes a municipios o distritos, estos agentes tendrán la obligación de reportar al ente territorial la información para dar cumplimiento a este parágrafo.”
Decreto 0943 de 2018
¿La concesión del alumbrado público de Cartagena (APC) ha cumplido con este mandato? Si bien es cierto que la medida es reciente, por lo menos ya se debe estar haciendo dicho estudio de georeferenciación, que incluye un estudio fotométrico y la valoración de los mismos. Interventoría dice, en esta entrevista, que los concesionarios no tienen el estudio, porque la norma es nueva.
(Ver: La oscuridad del alumbrado público)
Pedrito Pereira, alcalde mayor de Cartagena, presentó el proyecto de acuerdo para que el concejo autorice una prórroga de un año del contrato que finaliza el 3 de enero. Fueron 20 años de concesión con 5 otro sí. La prórroga se hace tomando en cuenta la imposibilidad de resolver la situación en forma inmediata, ya que un proceso licitatorio amerita por lo menos cuatro meses.
Además, el Distrito ha sido negligente para resolver la situación por la inestabilidad en el gobierno local. Pereira se vio forzado por el camino de la prórroga ante esas circunstancias. En este año de prórroga, el distrito debe exigirle a los concesionarios el estudio de georeferencia, tal como lo estipula el decreto No 0943 de 2018. Cartagena sí puede asumir una solución directa para la prestación del servicio de alumbrado público. Se necesita voluntad política. Antes, se debe realizar el estudio técnico de referencia.
«Determinación clara del periodo máximo en el que el Estudio Técnico de Referencia será sometido a revisión, ajuste, modificación o sustitución atendiendo las condiciones particulares de cada territorio, sin que este periodo supere cuatro (4)años».
Art. 5 Decreto No 0943/18
El Estudio Técnico de Referencia podría hacerlo el concesionario con la supervisión del interventor, y debe estar estipulado en el otro sí de la prórroga. Ahora, se puede ejercer el control social sobre los resultados de dicho estudio.
Como lo dijimos en la anterior publicación, lo conveniente para Cartagena es que dicha prórroga sea de 16 meses, tiempo en el cual le permitirá al alcalde que elijamos en octubre próximo tomar la decisión de una prórroga, concederlo o prestar directamente el servicio.
Papel de la interventoría
William Murra Babún, en entrevista a voxpopuli.digital, consideró que la interventoría no ha recomendado prórroga. Pero dijo que el desequilibrio financiero a favor de los concesionarios estaría entre $18 mil a $22 mil millones. Esto equivaldría a 4 años de ingresos netos para los concesionarios si se define una prórroga del contrato.
Lo que ha hecho la interventoría es estudiar la propuesta que los concesionarios presentaron al Distrito y no es una recomendación suya, estimó Murra, en la entrevista.
Defintivamente, Cartagena sí puede prestar el servicio de alumbrado público directamente. Es necesario prorrogar el contrato 16 meses que le permita a un alcalde —elegido popularmente— con gobernabilidad y autoridad, asumir ese compromiso. ¡Cartagena, sí puede!
ENTREVISTA A WILLIAM MURRA