Una nueva esperanza surgió para que Colombia frente a Nicaragua proponga argumentos y soportes sólidos para detener la arremetida jurídica nica, la cual tiene importantes triunfos en este litigio. Un litigio que tuvo nuevas dimensiones con las reclamaciones cuando llegó al poder la Junta Sandista en 1979. Pero en los 20 años de régimen neobonapartista lo redujo a un problema de política global sin atender el aspecto jurídico. El 19 de noviembre de 2022, al parecer, se vencieron los términos para la revisión del controvertido y dudoso fallo de la Corte Internacional de La Haya que en 2012 favoreció a Nicaragua.
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Para que no quedara duda de la honorabilidad de Marulanda Calero, la juez no se conformó con absolver a Marulanda sino también que compulsó copias disciplinarias y penales para establecer las responsabilidades que pudieron tener fiscales, investigadores y demás funcionarios que participaron en la etapa de indagación. Además deberán responder el director de la UNP de la época, Andrés Villamizar y el Secretario de Transparencia de Presidencia, Rafael Merchán (que Dios le perdono todos sus pecados), como algunos periodistas que se prestaron para esta trama.
Los consabidos sitios de Cartagena y Bolívar donde se presentan deslizamientos de tierra, es consecuencia de sobreexplotación de sus recursos naturales. Por ejemplo, canteras o bosques. De igual forma, construcciones improvisadas y violación de las normas ambientales. Esto es lo que podría suceder en la falda de La Popa, San Francisco, y Loma del Marión. En tanto que en Turbana, tiene una sistemática explotación de canteras que sirven de drenaje y contención natural de las aguas. Esta sería la causa primordial de los deslizamientos en la vereda El Chorro y la Legua.
Se revive debate político sobre despojo de Barú. En 1887, 94 familias propietarias de la Hacienda Santa Ana de Barú vivían aisladas del mundo exterior. Se autoabastecían en todos los aspectos. Cultivaban, pescaban, criaban animales y cazaban lo que necesitaban para vivir. Practicaban el trueque como una forma de intercambio comercial. No necesitaban el dinero. Eran felices, hasta cuando llegaron otros afros blanqueados —de la servidumbre de «los blancos»— con bolsas de dinero. Detrás de ellos sus «amos blancos» llegaban comprando predios a precios de despojo que escrituraron ilegalmente con la complicidad del sistema judicial y notarial de Cartagena.
La jueza Sexta Administrativa del Circuito de Cartagena, Laura Arnedo Jiménez, le dio vida jurídica al «cheque en blanco» sin tener en cuenta los derechos fundamentales a la prevención ambiental y a la participación ambiental. Son derechos inalienables e indivisibles de las comunidades asentadas en la ecorregión Canal del Dique.
La simpática, inteligente y hermosa primera dama de Colombia, Verónica del Socorro Alcocer García, declinó una invitación a desfilar en la carroza anticorrupción. Igualmente no aceptó exhibirse junto a William Dau Chamat en el palco central del bando ubicado en la avenida Santander. En realidad, la primera dama se salvó de la sonora abucheada que los cartageneros le tenían reservada a su alcalde calificado por inepto, corrupto y desconsiderado.
Bastaron 24 horas de lluvia en forma intermitente, de una protesta social de los mototrabajadores y de que los sicarios asesinaran a niños inocentes, para que los cartageneros comenzaran a darse cuenta en qué ciudad viven. Ahora, se hace más evidente el caos social, político y urbanístico de una Cartagena de Indias que vive su propia pesadilla. Una pesadilla creada por su mala cabeza de elegir alcaldes incompetentes, insensibles y peligrosos. ¡Cartagena colapsó!
Víctimas del desplazamiento y el despojo forzados, acaban de radicar ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (Unidad de Restitución de Tierras) una solicitud de revocatoria de la resolución RB 00363 del 20 de marzo de 2019. Este acto administrativo negó una solicitud de iniciar el estudio formal de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente de un predio denominado “Las Delicias” en poder de la familia Botero Maya de Magangué.
¿Negligencia de UNP? Con ocasión del incidente donde supuestamente un contratista había “apagado vía satélite” varios vehículos blindados tipo 5 de uso de varios expresidentes y de una élite de defensores de derecho humanos, se pudo comprobar que se debió a una evidente omisión y negligencia del director de la UNP-Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodriguez Ballesteros.
¡Basta! Un profundo dolor, consternación y rabia produjo en el día de hoy el homicidio de una menor de tan solo 10 años de edad. El hecho se presentó cuando su padre, Antonio Llorente Arcia, sufrió un atentado mortal en las afueras del colegio Biffi de Cartagena. Los sicarios dispararon indiscriminadamente cuando las tres hijas del comerciante se encontraban en el interior de la camioneta.