El director general de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar-CSB, Enrique Núñez Díaz, manifestó que los dos contratos de asociación por valor de $22.022 millones se deben recibir en esta vigencia. El 22 de abril de 2022 se firmaron. Por lo que la supervisora de esos convenios,Maibeth Rivero, subdirectora de Gestión Ambiental debe verificar que su ejecución se haya cumplido conforme a la ley. Ella manifestó a VoxPopuli Digital que hasta ahora no han recibido quejas de las comunidades, pero están dispuestos a atender cualquier inquietud al respecto.
Los dos proyectos tendrán un fuerte impacto en el entorno ambiental de las comunidades de los municipios de Pinillos y San Martín de Loba, en el sur de Bolívar.
Los dos contratos
Son dos contratos de $11.011 millones. Uno para San Martín de Loba. El otro para Pinillos. El objeto de los mentados contratos es la restauración ambiental con la siembra de 1 millón árboles y la preservación de bosques naturales mediante el Pago por Servicio Ambiental (PSA). Es decir, son incentivos por cada hectárea de bosque conservada. A simple vista es un objeto social justo y necesario. Con esta acción se busca mejorar las condiciones del cambio climático, detener la erosión y garantizar el mejoramiento de las cuencas hídricas.
Sin embargo, existen denuncias sobre supuestas irregularidades. Especialmente, en San Martín de Loba. Líderes sociales señalan que no están cumpliendo con el objeto social. Estas denuncias procedieron de San Martín de Loba donde el ejecutante ha tenido una serie de retrasos. Ante esa situación consultamos con la supervisora de esos convenios.
En efecto, Maibeth Rivero, supervisora de los contratos, dijo que se le concedió 3 prórrogas debido a los problemas de orden público existentes en la región. Según explicó a VoxPopuli Digital, el plazo de ejecución es de cinco meses, pero es prorrogable. En este mes de septiembre se entregará concluido, ya que pertenece a la vigencia de 2022.
De hecho, se espera que cumplan a cabalidad con el objeto contractual. Para ello, existe un contrato de interventoría, y la misma supervisión de la subdirectora de Gestión Ambiental, Maibeth Hernández.
¿Y la Contraloría?
La supervisora de los dos contratos, Maibeth Rivero, señaló a VoxPopuli Digital que la Contraloría General está haciendo la auditoría respectiva y la CSB le está brindando la atención debida.
Por esa razón, realizaremos una inspección periodística en la zona para verificar algunas denuncias que las mismas comunidades han manifestado. Esperaremos el acompañamiento institucional y, en especial, de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República que dirige Andrés Idárraga.
A manera de conclusión, hacemos un llamado a todas aquellas organizaciones comunitarias para que nos entreguen todo el material probatorio que nos permita sustentar cualquier irregularidad que se presente.
Correo: lucio@voxpopuli.com.co
