La Sociedad portuaria fue un robo a mano alzada. Así piratearon a Cartagena (I)

— En honor a Piedrahita Aduen. 
— El detrimento patrimonial podría ser de más de $300 mil millones

El puerto de Cartagena es uno de los mejores de la Cuenca del Caribe.

Un día como hoy, 24 diciembre del 2004, Cartagena  amaneció sin puerto marítimo, sin muelle turístico y redujo sus acciones en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) a la mínima expresión, solo el 2.11%. ¡Un robo a mano alzada!

La mayoría de las acciones había quedado en poder de testaferros de los gobernantes de turno. Nadie vio nada. Excepto una persona: Jorge Piedrahita Aduen, médico que en los últimos años de su vida se dedicó a la veeduría ciudadana.

Piedrahita Aduen fue perseguido judicial y extrajudicialmente por los dueños, entre bambalinas, de la SPRC. Siguiendo una orden de la Fiscalía, el CTI persiguió y grabó a Piedrahita. Hasta que lograron sacarle una orden de arresto en su contra, acusado de falsedad procesal, injuria y calumnia. Cuando Piedrahita quiso huir de un allanamiento del CTI a su residencia de Bocagrande, se cayó de la paredilla y se despedazó las dos piernas. Quedó en sillas de ruedas. Fue condenado por el Juzgado 4 Penal del Circuito y en segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena confirmó la pena a 6 años de prisión.

A partir del aparente accidente, Jorge Piedrahita se hizo vulnerable. La persecución judicial a través de denuncias por falsedad, o injuria y calumnia, lo obligó a destinar la mayor parte de su tiempo a defenderse en cada uno de los estrados donde fue llamado. Sus fuerzas se menguaron y finalmente falleció.

Un robo a mano alzada

Y se ríe. Aquí el capitán (r) Alfonso Salas Trujillos, el autor material de esta trama. Foto SPRC

Si, ¡fue un robo a mano alzada! Para el crimen también se necesita inteligencia. Gabriel Antonio García, popularmente conocido como el Gabrie, es de una mente brillante para los negocios.  Su diversificación económica y financiera es evidente. Tiene tanto dinero como Alfonso Hilsaca. Creó su propio holding. Es un gran distribuidor de medicamentos. Tiene negocios en la salud, tanto como que es uno de los dueños de Coosalud. Tiene clínicas. Fincas. Incursiona en la agroindustria. Concesiones estatales. Y es uno de los grandes contratistas del Estado por intermedio de sus empresas. ¡Es un cacao! al mejor estilo de Luis Carlos Sarmiento o de Alfonso Hilsaca Eljadue.

Por lo cual, como alcalde nadie le pudo creer que el Distrito de Cartagena no tuviera dinero para adquirir las acciones que le correspondía, incluso, mucho más. ¡Era un gran negocio para el Distrito!

Lo tenía todo. Lote. Instalaciones. Equipos. Rumié y los demás solo tenían la cédula. El Gabrie se ideó la artimaña de que la Capitanía de Puerto de Cartagena le adjudicara la concesión del Muelle Turístico a Edurbe, (entidad del Estado de derecho privado) y éste a su vez, le entregara en arriendo a un tercero. 

Según el acuerdo No 03 del 12 de mayo de 1995, ya en el gobierno de Guillermo Paniza, se autorizó al gerente de Edurbe, Vicente Azuero Piñeres, arrendar el Muelle Turístico. Luego de una maniobra, al declarar desierta la adjudicación del contrato de arriendo, no una, sino en tres ocasiones, finalmente se lo entregan en forma directa a la SPRC. Todo acto público de estas características necesita un tiempo de madurez para su aprobación, y ésta solo se pudo hacer en 1995, cuando ya el Gabrie no era alcalde, pero tenía una gran influencia en el gobierno local.

Un robo disfrazado

Los frutos para el Gabrie y asociados se produjeron, finalmente, a través de la Resolución No 181 del 9 de septiembre de 1997 donde se ordenó a Edurbe la contratación directa con un particular. Y este particular vino a resultar la SPRC. El arriendo se pactó a 20 años con cláusulas leoninas y condicionadas. El contrato debió terminar en mayo de 2017. Pero una cláusula leonina se lo ha extendido.

Como para decir que no fue un robo sino un negocio entre privados: los predios donde funciona la SPRC y, específicamente el Muelle Turístico, solo le paga de arriendo $30 millones mensuales a Edurbe. Es una cifra ridícula. Simbólica. Los expertos que consulté indican que esta cifra debería ser una suma no menor a $ 1.000 millones mensuales, esto es, $12 mil millones anuales.

Ya se cumplen 25 años de concesión portuaria, consecuencia de la ola privatizadora profundizada en el gobierno de César Gaviria. Ese día de la firma del contrato de prórroga de concesión y, por tanto, de los arriendos de esos predios, la gerente de Edurbe de la época, Marlene Romero Saénz, firmó un otro sí del contrato No 12-97 mediante el cual le extendió el “arriendo” (léase, le regaló) los predios donde funciona el muelle turístico de Cartagena al capitán Alfonso Salas Trujillo y a sus compinches de ocasión (los empresarios cartageneros Gerardo Rumié, Jairo Espitia, Manuel Enrique Cavelier y Sergio Espinosa).

¿Quiénes son los autores intelectuales?

Detrás de bambalinas estarían Gabriel Antonio García y Juancho García Romero, dos personajes que asistieron el parto de la SPRC. El primero era el alcalde (1993) cuando se creó la sociedad. El segundo era un senador influyente en el alto gobierno. Gabriel Antonio García dijo en el proceso judicial que el Distrito no compró las 275.200 acciones que le correspondía en la sociedad, porque no tenía dinero. ¡Falso! Los expertos pudieron comprobar dentro del proceso que el Distrito de Cartagena sí tenía capacidad para comprar esas acciones por la suma de $137 millones de la época. 

El lote donde funciona la SPRC y su muelle turístico es del Distrito. ¿Cuánto valía? La Capitanía de Puerto de Cartagena firmó el convenio con Edurbe para entregarle en concesión el lote por 20 años. El contrato debía fenecer en 2004, pero Barbosa logró que se lo prorrogaran. Y a su vez, Marlene Romero, gerente de esta entidad en ese año, habilidosamente amplió el contrato de arriendo No 12-97 por 20 años más. Como se dijo el contrato debió finiquitarse en 2017.

De modo que Gabriel Antonio García le vendió las acciones del Distrito a Tractores del Caribe. Piedrahita pudo demostrar que Cecilia Buelvas, empleada doméstica de la mamá del exsenador Juan José García, era la principal accionista de esa firma. En 1998, en un acto mágico, las acciones de la trabajadora doméstica quedaron en manos de Juan José García y su esposa Piedad Zucardi, dueños de la sociedad Inversiones Cubita. 

De esa manera se pudo demostrar que el problema no era que el Distrito de Cartagena careciera de plata, sino que Gabriel Antonio García Romero quería más plata. Para él y sus compinches. Gran parte de las seis millones de las acciones de la SPRC quedó en manos de Gerardo Rumié, su socio de toda la vida, y de Jairo Espitia, Manuel Enrique Cavelier y Sergio Espinosa .

$300 mil podría ser el detrimento 

El contrato de arriendo, como se dijo, lo prorrogó Marlene Romero durante el gobierno del alcalde de Cartagena, Alberto Barboza Senior. Es un contrato leonino. Es decir,  todos los beneficios y ganancias para los privados y para Cartagena nada. Es un contrato nulo («ipso iure»), porque se constituyó violando la ley. Es un detrimento patrimonial que podemos calcular, hasta hoy, de más de $300 mil millones. El contrato original fue firmado por Vicente Azuero Piñeres y el capitán Alfonso Salas.

La cláusula 4 del contrato de arriendo No 12-97, dice:

«El arrendatario (SPRC) se obliga a pagar al arrendador (Edurbe) la suma de doscientos millones de pesos ($200.000.000) anuales, con un incremento acumulable anual igual al aumento del índice de precios al consumidor certificado por el DANE o la entidad que en el futuro haga sus veces, para el mes inmediatamente anterior al vencimiento del respectivo año.(…) Parágrafo: Para efectos fiscales el valor del contrato se estima en la suma de $1.335.000.000 que corresponde al valor inicial durante el término no condicionado del mismo».

Contrato de arriendo firmado por Vicente Azuero Piñeres (Edurbe) y Alfonso Salas (SPRC).

La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena(SPRC), que administra la terminal marítima de Manga, posee una capacidad de 2,3 millones de TEUs (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies) representa una unidad de medida de capacidad inexacta del transporte marítimo.

Una muerte atribuida a la SPRC

Ahora que Odebrecht dejó dos misteriosas muertes, los Pizano (papá e hijo), y por las cuales el grupo Aval de Luis Carlos Samiento Ángulo sigue perdiendo en la bolsas de valores, se puede colegir que el robo a mano alzada de la SPRC tiene un muerto: Jorge Piedrahita Aduen.

(Por favor lea: Nadie vio el rinoceronte de Luis Carlos Sarmiento en Odebrecht y en la muerte de los Pizano).

Pero la muerte de Piedrahita fue sofisticada. No necesitaron cianuro como en el caso de los Pizano. Las autoridades se la enfilaron a Piedrahita. Principalmente la fiscalía. Piedrahita fue víctima de un entramado judicial ilegal que hasta ahora no ha sido investigado. Inicialmente la denuncia contra Jorge Piedrahita la presentó la penalista Daira Galvis Mendez a nombre de la SPRC del capitán (r) Alfonso Salas Trujillos. Y logró orden de captura contra el veedor.

¿Los actores de este robo están en todas? Aquí Gerardo Rumié posesionándose como presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC). Toma el juramento María Claudia Páez, presidenta ejecutiva. Foto CCC.

Allí comenzó el principio del fin de Jorge Piedrahita Aduen. La justicia perseguía a quien tuvo el valor de denunciar ese hecho. Pero se calló frente a la estratagema para robarse el Muelle Turístico con un contrato de arriendo leonino o con el robo de las acciones de la SPRC que está en poder de los privados. Solo nos dejaron 2.11% de las acciones que representan para el Distrito de Cartagena $1.500 millones.

El grupo de empresarios que se beneficiaron con estas maniobras maquiavélicas, gozan de aprecio en la sociedad cartagenera y del país. Ganan mucho dinero de la concesión. Y todo a costilla del Distrito y de la muerte de Jorge Piedrahita Aduen. Lo peor, contó con el apoyo de la Fiscalía, los juzgados y los tribunales de la justicia en Bolívar.

En la realidad, la SPRC que orgullosamente representa el capitán Salas, fue un robo a mano alzada que hoy la sociedad cartagenera debe clamar para que se dé de inmediato la restitución del Muelle Turístico y de las 275.200 acciones. ¿Dónde están los ladrones?

Próxima entrega: ¿Le siguen pagando a Marlene Romero por firmar el otro sí?

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