La mala suerte del «rey» Arturo y el fin del Califato Daes—Char . Momento de su reseña. Foto suministrada. Vivir…
Categoría: Fiscalia General
¿Alias «el Tractor» puede hacer trasladar a una fiscal? Liliana Velázquez Trespalacios, fiscal seccional 53 de Bolívar, no había hecho nada extraordinario en estos últimos 3 años para combatir los delitos contra la administración pública en el Distrito de Cartagena como en el departamento de Bolívar. Pero, cuando ya tenía un proceso penal por prevaricato contra William Dau Chamat para imputación de cargos y medida de aseguramiento (¡oh, sorpresa!), desde Bogotá, le vino su traslado para la región del Magdalena Medio.
La libertad de Dasuki, alcalde de Maicao y del exalcalde Molina Becerra por el contrato de cerca de $3 mil millones para una pavimentación de dos calles de esa ciudad, al parecer, puso al descubierto dos actos de flagrante corrupción. Un descarado tráfico de influencia de altos funcionarios de la Fiscalía de La Guajira. Pero también, una amañada y débil acusación del fiscal Jesús Pertuz que sirvió para que los defensores de los capturados pudieran pedir la libertad de los sindicados.
¿Se les acabó la suerte a Los Intocables, la primera generación de traquetos de la AUC que se vinieron a grandes empresarios? El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, MEBAR, Jorge Urquijo, aumentó la recompensa a $100 millones por el caso de la masacre de La Loma, la misma institución, la Fiscalía y el poder judicial penal protegen grandes empresarios emergentes residentes en Curramba, llamados «Los intocables». La lista es larga. Empezamos hoy con Lo del Matadero. Concretamente con Rafael Matera Lajud, alias «300», sindicado de varios delitos de lesa humanidad, desplazamiento forzado y homicidios.
¿«Mafias cartelizadas» anidadas al interior de la UNP autoras del atentado contra su director, Augusto Rodríguez Ballesteros? Sería una de las hipótesis que los investigadores deben contemplar en sus líneas de investigación para establecer la autoría del atentado del cual salió ileso. ¿Por qué? Eso fue lo que venía denunciando y destapando al interior de esa entidad, cuya misión es garantizar la seguridad personal de líderes políticos, sociales y periodistas amenazados por sus actividades.
Después de rendir indagatoria en el día de hoy por más de cuatro horas, la Fiscalía debe definir si acusa o absuelve al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta decisión debe tomarla antes de que se venzan los términos. El también y líder del Centro Democrático fue interrogado por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez. La sesión, que fue presencial en el búnker de la institución en Bogotá, duró cuatro horas.
¡Libertad inmediata! pidió la defensa de Gloria Estrada Benavides. Está encabezada por el reconocido jurista bolivarense, Enrique del Río González. La petición se la hizo en estrado al juez de la causa Guido Guevara Herrera. Esta petición se basa en un abundante material probatorio —obtenido legalmente— que demuestra la hipótesis que desde el principio VoxPopuli Digital sostuvo: fue un complot, un «falso positivo» de la policía con un probable encubrimiento por omisión de la Fiscalía y la Procuraduría.
¿Cómo será la primera Semana Santa en la cárcel de la Picota de una persona que llegó a la cúspide que cualquier juez de la República desearía llegar? Son 19 semanas santas que debe permanecer en la cárcel el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Javier Ricaurte Gómez.
Para la Fiscalía General de la Nación, la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete de Ceballos, se unió a los paramilitares para cometer varios crímenes. Entre ellos, el asesinato del esposo de su hijastra María Paulina Ceballos, el arquitecto y ganadero Fernando César Cepeda Vargas. Los hechos sucedieron en Barranquilla el 22 de agosto de 2003.
Mientras media Colombia está en cuarentena, la otra mitad no para. Unos trabajan realmente por contener el Covid—19. Otros por reactivar la economía. Otros salen a rebuscarse el pan diario. Y algunos funcionarios públicos, con la complicidad de empresarios corruptos, nos están robando con virus de sobrecostos de $420 mil millones, según la Contraloría General de la República (CGR).