El castigo a los sobrevivientes

El coronavirus es particularmente cruel con los adultos mayores y más aún con los que se encuentran en condición de pobreza y sin acceso a la salud. Sin embargo, no ha sido este grupo poblacional y su vulnerabilidad el que ha levantado la preocupación de los gobiernos para invertir recursos que los protejan de manera particular de la agresión del coronavirus. 

La demora en la realización de las pruebas y el déficit en los materiales de protección (guantes, mascarillas), dejan expuesta la precariedad de las condiciones mínimas para cuidar a los mayores. En Europa, el sector más afectado por la pandemia ha sido el conformado por las residencias para mayores, que no han sido, en general la prioridad a la hora de distribuir los recursos necesarios para los cuidados y la atención médica. Uno de los resultados ha sido que los hogares para los adultos mayores han sido los lugares en donde se han presentado el mayor número de muertes. Así, por ejemplo, ya desde el mes pasado, BBC, en su servicio de noticias mundiales advertía que “la muerte de miles de ancianos no (estaba) siendo contabilizada en las estadísticas de los fallecidos por Covid-19 en Europa”.

Ya es usual que sobre los más jodidos recaiga todo el peso del necropoder cuyo cálculo decide quién es merecedor de optar a una mayor esperanza de vida a la hora de priorizar el acceso a la atención médica.

En Estados Unidos es alto el número de ancianos que han muerto, pero las cifras, al igual que aquí en Colombia, no se conocen por la falta de las pruebas, lo que impide hacer análisis oficial de los resultados como para hacerle el seguimiento oficial a esos casos. La historia de estas tragedias es algo cotidiano.  Hombres y mujeres seguirán muriendo diariamente ante la indiferencia de los servicios públicos. Las EPS se escudan en la contingencia de la crisis, para no atender a los mayores. Tal es el caso de Coomeva, que ha ignorado la solicitud de una paciente mayor que tiene marcapasos y a la que le debían reprogramar su marcapasos el 11 de abril, y viene pidiendo la cita desde mucho antes de esa fecha y aun no la atienden a sabiendas de la situación de riesgo que enfrenta.

La decisión de mantener en “aislamiento, preventivo, obligatorio” en sus casas a los mayores, con la excusa de protegerlos, resulta, a la postre en un castigo peor que el mismo virus porque se les prolonga el encierro para salir del problema de la falta de garantías y de atención. La pandemia está poniendo al descubierto una gestión desastrosa de la crisis del coronavirus con los adultos mayores; población de la que, al parecer, el actual ordenamiento del poder busca deshacerse.

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