La comisión de #empalme de Gustavo Petro, dentro de las alertas tempranas, incluyó como prioridad detener la adjudicación del megaproyecto Canal del Dique previsto para el 4 de agosto. Esa petición la hizo en comunicación enviada al Ministro de Hacienda Juan Manuel Restrepo. En tanto el gobierno de Duque señaló que hasta ahora han realizado 16 consultas previas.
A raíz de la solicitud que la Alianza para el Desarrollo y Defensa del Canal del Dique le hizo al gobierno entrante, la Comisión de Empalme de Gustavo Petro le solicitó al presidente Duque la suspensión de la licitación del megaproyecto Restauración de los Ecosistemas Degradados.
Por qué la suspensión
La suspensión solicitada a la Comisión de #Empalme se debe mantener hasta cuando se subsane una serie de irregularidades. Entre ellas, la insuficiente socialización y falta de participación de las comunidades. Son 50 comunidades afros e indígenas que debían consultar, y solo consultaron a 16.
Como se recordará, el 1 de julio la Alianza para la Defensa y el Desarrollo del Canal del Dique le envió una comunicación al presidente electo para que detuvieran el proceso licitatorio. El megaproyecto Restauración de los Sistemas Degradados Canal del Dique está fuertemente cuestionado por los efectos negativos al medio ambiente y a la seguridad alimentaria. (Ver: Piden suspender licitación del megaproyecto Canal del Dique).
Duque miente
En esa comunicación (Carta A Petro Y Francia Que No Se Repita La Historia De Hidrohituango, y Urrá) se propuso:
“En los Diferentes foros que se han hecho para promocionar el citado proyecto, el gobierno de Iván Duque Márquez y Martha Lucía Ramírez le han mentido al País y al mundo. Mienten al manifestar que el proyecto es de Restauración Ambiental y Ecológica, cuando en realidad es un proyecto netamente económico. Así quedó evidenciado en las observaciones que hicieran expertos sobre la materia el día 28 de octubre en mesa de trabajo de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. Esta fue instalada a petición de las comunidades”.
Pero, además, el querer de las comunidades no es ir contra el proyecto. Lo que quieren las 50 organizaciones comunitarias, entre ellos 30 consejos comunitarios que integran la Alianza para la Defensa y Desarrollo del Canal del Dique, es que se hagan 15 consultas previas adicionales. Y, además, se socialice con las otras comunidades excluidas y que sufrirían el impacto del proyecto.
Por ende, se debe subsanar las irregularidades expuestas. De esta manera, se debe ampliar la consulta previa a los consejos comunitarios excluidos. También se debe conocer el verdadero impacto ambiental y social que tendría ese macroproyecto. Además, se debe clarificar si es un proyecto económico o de restauración ambiental. En este sentido, las autoridades competentes determinarán si es necesaria una licencia ambiental o no.
Sin licencia
Para las organizaciones comunitarias este proyecto amerita una licencia ambiental. El proyecto contempla la intervención de los ecosistemas degradados y no degradados del Canal del Dique.
“Consideramos que el proyecto puede ser importante, y necesario, no sólo para la restauración ambiental y ecológica de la región, sino también para la economía del país. Pero, al no incorporar en su diseño las propuestas y sugerencias de las comunidades que históricamente han habitado la región, lo que va a ocurrir el día 4 de agosto de 2022 es la “privatización del Canal del Dique”. Y, una vez entre en operación, se le dará paso a sus objetivos principales, (turismo y transporte), en detrimento de las actividades agropecuarias que sustenta el proyecto de vida de miles de familias”.
#Empalme y claridad
Conclusión. Las comunidades del Canal del Dique solo quieren claridad en el #empalme sobre el proyecto y que suspenda hasta cuando se subsane la irregularidad probada en los diferentes escenarios. En el proyecto del Fondo de Adaptación la comisión de empalme halló las irregularidades comunicadas por las comunidades en los 18 meses que duró la supuesta socialización y participación. No hubo la suficiente participación y, mucho menos, la socialización del proyecto.
En consecuencia, se desconoce cómo va a ser administradas las aguas dulces y saladas. Tampoco qué impacto causará la modificación de la administración en los sistemas biológicos del complejo cenagoso del Canal del Dique. Y, por tanto, el impacto en la seguridad alimentaria de esa población históricamente empobrecida.