Por: Tony López R. «La JEP, los Falsos-Positivos, la Paz o la Guerra». (III)
La campaña del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, contra la decisión de la Justicia Especial de Paz (JEP) por iniciar la investigación sobre los Falsos-Positivos, y el juzgamiento de los militares responsables de los crímenes cometidos contra 6402, la mayoría jóvenes inocentes, acusados de ser guerrillero y que supuestamente habían sido dado de bajas en combates con el ejército, combates que nunca existieron, como tampoco hubo heridos. Una monstruosa y masiva masacre que solo cabe en mentes totalmente enfermas.
Resulta sospechosa la conducta, del expresidente, porque el más interesado en aclarar los falso-positivos debe ser él, porque era el máximo jefe del Estado y por tanto, Comandante en Jefe de las FF.MM y de ser así tendrá que rendir cuentas. Hay un viejo dicho que dice que la mejor defensa es el ataque.
La justicia y el ejecutivo
Hace muchos tiempos que Uribe Vélez, ha venido planteando la liquidación de la JEP e incluso el Centro Democrático mandató a la senadora Paloma Valencia y ella trabajó en un proyecto en el Congreso para convocar un plebiscito cuyo objetivo era modificar el actual sistema judicial cuya propuesta se sometió a votación y fracasó esa iniciativa. ¿Por qué, seria ese interés? Evidentemente querían someter al sistema judicial a los intereses del poder ejecutivo y así garantizar una mayor impunidad, a la aún existente.
Por otra parte, existe otros elementos muy extraños en estos falsos positivos. El hecho que no hubiese heridos, tenía que ser un elemento que llamara la atención al alto mando, porque ellos saben que en un combate donde hay muertos, estas siempre son menores al número de heridos que son mayores. La pregunta es y ¿dónde están los heridos? Estos hechos son tan graves como lo ocurrido, porque de acuerdo a las leyes internacionales, rematar a un herido se convierte en un crimen de guerra y de lesa humanidad. Esto debe ser aclarado.
La JEP ha convocado a 10 generales a rendir indagatoria, si bien es un paso importante, no es menos ciertos, según las organizaciones de DD. HH y las Madres de las Victimas de los Falsos Positivos que reclaman, sean investigados y llevados a declarar, a los autores intelectuales y altos mandos, que aún no comparecen. O sea, se trata de que rindan cuentas el ex presidente Uribe Vélez y los ex ministros de Defensa, y los Comandantes Jefes de las FF.MM, que se desempeñaron en el periodo 2004 al 2009, el de mayor numero de falsos-positivos.
Los 10 Generales en ® convocados por la JEP son los siguientes: Paulino Coronado, Brigada 30, se le atribuyen 299 víctima. Miguel David La Bastida Segundo Jefe del Batallón de artillería No 4. Henry Torres Escalante, Ex. jefe de la Brigada 16, acusado 28 ejecuciones. Mauricio Zabala Cardona, integrante de la Fuerza de respuesta rápida 39 victima ejecutas entre el 2003-07. Adolfo Hernández Martínez, Jefe Batallón La Popa, mencionado en 23 caso y 39 víctimas. Carlos Saavedra, el jefe de la 2da División del Ejercito mencionado en 53 casos con 75 víctimas. Guillermo Quiñones Quiroz, Ex Jefe de la IV División, documentado en 41 caso con 63 victima. Emilio Enrique Torres Ariza, jefe del Estado Mayor de la 16 brigada. Investigado en 246 víctimas en Casanare y 167 víctima en Arauca.
Orígenes
Esta información publicada el pasado 23 de febrero por Caracol Radio, no recoge las peticiones de las Madres de las Victimas, que exigen la presentación de quienes desde el más alto nivel dieron la orden, basado en la criminal política de “Seguridad Democrática” y no se presentan. Solo el General Mario Montoya Uribe ha concurrido a la sala de la verdad, quien ostentó el cargo de Jefe del Ejército del 21 de febrero del 2006 a noviembre del 2008 y según Caracol Radio, se le cita en 32 informes y le sindican de conocer la ejecución de 2429 víctima.
Los lectores deben conocer que el fenómeno de las masacres viene de lejos y comenzó en el periodo 1978-82, cuando el presidente César Turbay Ayala asumió la presidencia y puso en ejecución la política de Seguridad Nacional, supuestamente para combatir a la subversión y el narcotráfico.
La realidad fue inversamente proporcional, se intensificó la política Mac-artista y cientos de opositores políticos fueron masacrados, mientras que sin embargo es el periodo de fortalecimiento de los carteles de la droga, especialmente el cartel de Cali y Medellín, este último tuvo tanto auge, que contaminó muy seriamente la política colombiana, llegando a elegir a Pablo Escobar jefe del cartel de Medellín, Representante la Cámara. Escobar tuvo el apoyo del Director de Aeronáutica Civil, Álvaro Uribe Vélez, quien otorgo licencia a los pilotos del Cartel y a la construcción de pistas, para el despegue y aterrizaje de los aviones que trasportaban la cocaína a Estados Unidos, todo lo aquí expuesto, está documentado en la prensa y libros de la época. (1)
La década del 80 fue luctuosa y expresión de impunidad, dos grandes masacres por parte de las agencias de seguridad del Estado han sido señaladas. La primera, la masacre cometida contra el Movimiento Revolucionario M-19, no solo por su cacería contra sus principales líderes, sino por lo sucedido contra el comando “Iván Marino Ospina” que se tomó, el 6 y 7 de noviembre de 1985 el Palacio de Justicia y cuyo objetivo era presentar una acusación ante el Tribunal Supremo. Acusación contra el presidente de la República Belisario Betancourt basados en el artículo No 45 de la Constitución de 1886 vigente en esa fecha, por traición a los Acuerdos de Paz, firmados el 24 de agosto de 1984, en el municipio de la Uribe.
La respuesta de las Fuerza Militares a esa operación del M-19, fue innecesaria y brutal, no permitieron el dialogo y la negociación y emprendieron el ataque militar, a tal extremo que utilizaron Tanques de Guerra para derribar las puertas de hierro del Palacio, uso de armamento de alto calibre, que provocó un gran incendio, todo esto conociendo que dentro se encontraban personal de servicio, empleados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, Magistrados, y el comando guerrillero, unas 120 personas muertas, incluyendo el Presidente de la Corte y varios desaparecidos.
Golpe de Estado a Betancur
De acuerdo a informaciones publica durante 28 horas, los militares dominaron la escena y mantuvieron al presidente Betancur, al margen de todo lo que sucedía, lo que ha sido considerado por diversos analistas como un Golpe de Estado militar contra el poder Judicial y ejecutado conscientes de que un semejante ataque, causaría la muerte de muchos inocentes, entre ellos la de los magistrados y el prestigioso presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía.
La periodista Elvira Sánchez-Blake, cuenta en el libro de Castro Caicedo lo siguiente: “Fui de las pocas personas que pudo presenciar el secuestro del que fueron victima el presidente Betancourt y su equipo político por parte de los militares y vi cómo, a partir de ahí tomaron las riendas de la situación de manera ilegítima”. “Fue la experiencia personal y profesional que más me ha marcado en mi vida” “por saber que al presidente lo tomaron como rehén los militares”.
“La justicia y la democracia quedaron calcinadas y en los colombianos mil interrogantes sin respuesta sobre los desaparecidos, los sobrevivientes asesinados a sangre fría”, señala el autor del libro Las guerrillas en Colombia Darío Villamizar (2)
Esas víctimas son parte del cumpliendo del Manual de la CIA, en su capítulo dedicado a la “Guerra de baja intensidad” que orienta eliminar a los líderes de las bases y cortar de cuajo el mal que siembran los subversivos. Eso sucedió en Colombia con la masacre de los más de 5000 muertos de la UP cuando fracasó el proceso de paz con el gobierno de Betancourt y ahora se descubre que es en el gobierno del liberal Virgilio Barco y bajo la asesoría del ex jefe operaciones especiales del Mossad Rafi Eitan, se ejecutó el plan de exterminio según la denuncia pública de la senadora Aida Avella.
El sionismo y el terrorismo de Estado
La senadora Aida Avella reveló la participación del sionismo al servicio del terrorismo de Estado y acusa al Estado Colombiano dirigido por Iván Duque, de poseer lista de personas desmovilizadas, de los que son registrados en los movimiento sociales y populares que trabajan en la sustitución de cultivos ilícitos, y obviamente esos son posibles víctimas del narco-paramilitarismo.
La denuncia de la participación del Mossad (Servicio de Inteligencia Israelita) y de altos oficiales como Rafi Eitan en 1986-87 y el coronel ® del Mosaad Yair Klein en la década del 90, de asesorar al jefe de los paramilitares Carlos Castaño, fue denunciado por el senador Manuel Cepeda Vargas. El senador comunista Cepeda, fue asesinado el 9 de agosto del 94, precisamente por órdenes de Carlos Castaño.
De acuerdo a investigaciones del abogado, escritor e investigador Alberto Donadío, dice tener pruebas de lo que el Washington Post denominaba una misión de seguridad nacional. Señala la información que: “en 1987, con Rafi Eitan en Bogotá junto al presidente Virgilio Barco comenzó la matanza de la Unión Patriótica y se multiplicaron lo asesinatos de defensores de los derechos humanos”. Nada diferente señaló la senadora Aida Avella de lo que actualmente está sucediendo.
Estas bandas paramilitares asesinas, respaldadas por agentes del Estado, continúan sus masacres y crímenes y este Gobierno ha sido incapaz de acabar con estas masacres, que en el año 2020 llegaron a 91 masacres con 381 víctima y en lo que va de este año 2021, se han realizado hasta este próximo pasado 20 de febrero, 12 masacres con 44 personas asesinadas, esto solo 50 días de este año. Por lo deducible de la complicidad del establishment y del Gobierno con estos atroces crímenes.
En este marco de investigaciones de la JEP se conoció el uso del sistema de desapariciones física al estilo nazi, mediante hornos crematorios, según el diario El Espectador, por la confesión del jefe paramilitar Jorge Iván Laverde, (a) El Iguano. “Él, según el diario, tenía a su cargo el Frente de las AUC, en la zona fronteriza, con Venezuela. Cúcuta, El Catatumbo y todo ese territorio. Según sus declaraciones unos 5000 persona fueron asesinadas y unos 565, incinerados, por indicaciones de altos mandos militares para que no continuaran tirando los cadáveres en el rio, porque los complicaba”.
En el programa del pasado 1 de marzo, conocí por la prestigiosa periodista María Jimena Duzán, que en la entrevista con el senador Iván Cepeda, el ex fiscal general de la República Eduardo Montealegre y el abogado Miguel Ángel Rios, los tres coincidieron que el Fiscal General Francisco Barbosa, junto a su subordinado el Fiscal Gabriel Jaime, se preparan para buscar precluir, al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, de las acusaciones que se le han formulado, por compra de testigos falsos y sobornos. Donde se pone de manifiesto, el intento de impunidad que se avecina, si el juez que conozca del caso no actúa con imparcialidad. Montealegre confía en la probidad de los jueces y estima que esa maniobra de la fiscalía fracasará.
De acuerdo a las proyecciones del Gobierno y la carencia de acciones concreta para impedir los crímenes y acciones de las bandas narco-paramilitares resultará muy difícil alcanzar la paz en Colombia, todo está encaminado a la política electoral para el próximo año.
Y por eso, muchos colombianos y latinos-caribeños se pregunta Paz, Cual Paz.
(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
La Habana, Cuba, 5 de marzo de 2021. 15:00 hrs.
1.- Biografía no Autorizada de Álvaro Uribe Vélez. Edit Oveja Negra, pag 15
2.- Las Guerrillas en Colombia. Edit. Penguin Randon House. Pag. 506-507
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