El Comando Sur del ejército de Estados Unidos, asegurando que busca “asesorar” al gobierno colombiano en su lucha contra el narcotráfico, anuncia la presencia en el territorio nacional de un contingente de la brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB).
Para considerar
Al menos siete consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de exigir la salida de una fuerza militar extranjera:
I
El narcotráfico ha generado innumerables grupos criminales con un poder económico y militar sin precedentes. Lograron convertirlo en un poder político que les permitió elegir congresistas, alcaldes, gobernadores, etc. Su enorme poder militar organizó alianzas en casi todo el territorio nacional con gamonales y políticos para ejercer la violencia a su antojo y asesinar periodistas, jueces, políticos y muchos otros que se han atrevido a criticarlos. Por otro lado, se han aliado con el poder institucional influyendo en una agenda que, en todos los ámbitos del territorio nacional, responde a los intereses del narcotráfico. El gobierno norteamericano no solo conoce en detalle la alianza de los gobernantes y narcotraficantes, sino que apoya en forma decidida y acompaña el poder de turno.
II
La guerra resultante ha tenido la capacidad de multiplicar la corrupción en el ente judicial, las fuerzas armadas y, en particular, un sector de la clase política colombiana que se rindió a sus pies. Este fenómeno, a su vez, ha torcido el desarrollo económico del país que se nutre de una falsa bonanza económica y teje una red en la que se entrecruzan sus intereses con la criminalidad. Con las leyes de “extinción de dominio,” los narcotraficantes dejaron de invertir sus capitales y los depositaron en bancos norteamericanos donde las leyes protegen el capital. Cuando los narcos se someten a la justicia norteamericana entregar los capitales que ya tienen allá guardados.
II
El Estado colombiano ha decidido consagrar sus fuerzas de seguridad -ejército, policía, servicios secretos, aduanas etc- a una lucha que no tiene límite financiero y que es inútil. Bajo el disfraz de la lucha contra el narcotráfico, las fuerzas colombianas de seguridad se dedican principalmente a perseguir campesinos y campesinas cultivadores de las “matas” de uso ilícito, es decir, los cultivadores de coca, amapola y marihuana.
III
Este negocio de demanda sin límites, con un mercado cautivo por estar prohibido, genera recursos económicos inagotables que han nutrido en gran medida y fortalecido el conflicto en Colombia. En particular, los grupos paramilitares en alianza con los militares acrecentaron su capacidad para la violencia que se multiplicó aún más, gracias a la “ayuda” económica que el gobierno norteamericano entrega para librar la guerra antidrogas. Los ciudadanos estadounidenses terminan financiando una guerra en Colombia que busca eliminar formas alternativas de organización social.
IV
Esta guerra incurre en un gasto ecológico impagable. Desde hace décadas son arrasados, año tras años, selvas y ríos en la implementación de estrategias de fumigación aérea que busca destruir los cultivos ilícitos. A muchos de estos ríos se les ha reconocido un estatus jurídico que busca proteger sus derechos, pero el cuidado del ambiente no es de interés alguno para quienes imponen y conducen las fumigaciones que es otra de las prioridades de la agenda antinarcóticos gringa.
V
El campesinado fue nuevamente engañado, pues se les ofreció un programa de sustitución de cultivos ilícitos a lo que miles de campesinos respondieron afirmativamente. Sin embargo, la respuesta gubernamental fue la de incrementar la erradicación forzada y perseguir el campesinado. Como lo admiten los agentes gubernamentales, es más barato fumigar que desarrollar el campo, pues la guerra antinarcóticos es más rentable.
VII
La DEA se ha convertido en otro cartel que negocia con narcotraficantes, extradita a los que quiere, negocia con los más grandes mafiosos, logra entrampar a los que puede, todo eso, con el visto bueno de una clase dirigente que, en un pequeño porcentaje, es propietaria de la riqueza y que ha logrado convertir el país en una bomba de tiempo a punto de estallar; una casta con la fuerza para representar elites económicas y elites políticas.
¿Obedece la presencia de las tropas estadounidenses en Colombia a un afán por exterminar el negocio de drogas ilícitas? El gobierno de Iván Duque nos debe una explicación seria, pues, la matanza de líderes sociales se va a multiplicar con esta “asesoría” gringa.
