Marín ha abarcado mucho, pero poco apretará. Perderá hacha, calabaza y miel. De acuerdo con fuentes de todo crédito, Oscar Marín, se atornilla en el sillón de la presidencia del Concejo Distrital de Cartagena de Indias con una dilatoria solicitud de aclaración a la sentencia de la sección Quinta del Consejo de Estado que declaró nula de toda nulidad la resolución No 071 de 2018 firmada por el presidente anterior Wilson Toncel y que lo declaró concejal de la ciudad.
La conducta de Oscar Marín ha sido considerada por expertos como dilatoria, ya que la sentencia No 140 del Consejo de Estado es muy clara y contundente en su fallo:
Ordenar al concejo distrital de Cartagena que ejecute la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante el fallo del 17 de febrero de 2017, teniendo en cuenta las apreciaciones dictadas en la parte motiva de esta providencia.
Puede leer la Sentencia: https://es.scribd.com/document/392060542/SENTENCIA-000-2018-00467-00
El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró nula la Resolución No 071 de 2017 en sentencia proferida el año pasado al considerar que el sexto en votación del partido conservador era Jorge Useche y no Marín, luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección del concejal Zaith Adechine.
¿Por qué Marín se atornilla en el poder?
Varias fuentes de entero crédito consultadas por www.voxpopuli.digital coincidieron en señalar que la motivación de Oscar Marín para luchar como gato bocarriba es esperar que entre en vigencia la ley de garantía el próximo 27 de junio con el fin de mantener su burocracia obtenida con la presidencia de la corporación.
Cuando Wilson Toncel fuera presidente, antes de Marín, hubo una reforma administrativa que fue adoptada mediante acuerdo No 011 de 2018 que introdujo nuevos cargos en la planta de personal del Concejo Distrital. Se crearon los siguientes cargos:
- Oficina de Control Interno.
- Dirección de Planeación.
- Ingeniero de Sistema.
Por supuesto, Marín puso su sello en la distribución de los cargos recién creados y se agrandó su poderío aprovechando que la mayoría de sus colegas tenían casa por cárcel. Incluso, a muchos de ellos no les ha contratado la unidad de apoyo a que tienen derecho, porque, al parecer, todo se ha ido para su saco que hace crecer el botín que se han repartido entre pocos. Algunos de los colegas de Marín estiman que no tuvo escrúpulo para aprovecharse del mal momento que pasaban sus compañeros y aplicó el principio poco transparente de “al caído, caerle”. Es decir, que fue una impostura poco tolerable de la transparencia y de la solidaridad.
De acuerdo a esas fuentes, Marín tiene la siguiente burocracia:
- 4 cargos administrativos que superan los $6 millones mensuales cada uno.
- La dirección financiera que se gana más de $7 millones y maneja todo el aspecto financiero del concejo y el pago de contratos.
- Más de 10 órdenes de prestación de servicios (OPS). Algunas fuentes me dicen que supera las 15 OPS. (Estoy investigando para entregar la lista).
- La interlocución con el alcalde para definir cargos y puestos burocráticos.
Pión y Barrios deben acatar decisión del Consejo de Estado
César Pión (U) y Carlos Barrios (C.Radical), en su calidad de vicepresidentes del Concejo, deben acatar la sentencia del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Bolívar. Si no lo hacen se someterían a un proceso disciplinario y penal por fraude a resolución judicial. Sin embargo, la solicitud de aclaración que Tatiana Romero Luna, defensora de Oscar Marín y asesora jurídica de la corporación, podría declararse la suspensión de la ejecución de la orden judicial.
No obstante, una consulta hecha en una fuente del Consejo de Estado, manifestó que la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado será ratificar la sentencia antes del 27 de junio, fecha en la cual entra en vigencia la ley de garantías. Y estando en ese punto, Marín dejará el cargo de presidente y de ser concejal. Mejor dicho, perderá todo, hacha, calabaza y miel. El que mucho abarca, poco aprieta, dice mi madre.