La situación en Rocha, corregimiento de Arjona, sigue siendo preocupante por los duros enfrentamientos que se vive al interior del consejo comunitario. El dinero de las consultas previa y de las compensaciones no ha sido utilizado adecuadamente por los directivos de los consejos comunitarios. Esta vez fueron denunciados ante la Fiscalía General 9 personas, entre ellos, 7 exdirectivos de esa organización y dos contratistas. 

En estos momentos se encuentran en el proceso de consulta previa para darle paso al macro proyecto «Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique».

Presuntamente los denunciados esquilmaron los recursos de las consultas previa que han realizado en los últimos años. También dilapidaron los recursos de compensaciones que no se invirtieron en las obras que la misma comunidad había priorizado. En este informe les mostraremos las evidencias.

Los delitos

En ese sentido existe un concurso de delitos por los cuales se les denunció. Entre otros: Concierto para delinquir, gestión indebida de recursos cívicos, peculado por apropiación en concurso heterogéneo sucesivo y celebración indebida de contratos.

El delito de concierto para delinquir lo sustentan los denunciantes con base en varios hechos donde despilfarraron los dineros de las consultas previa y $900 melones de compensaciones recibidas por las obras de desarrollo de varias entidades como Surtigas y Aguas de Cartagena.

“Nos hemos enterado por fuentes de alto crédito , que existe un patrón común de conducta criminal de la actuación de los denunciados. El asesor de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Rocha y miembros de varios consejos comunitarios del Canal del Dique se han concertado para no realizar (realmente) las consultas previas. Evaden contratar personal técnico idóneo para la asesoría (profesional) a la comunidad. Se dividen el dinero (percibido de las empresas) para la ruta metodológica. Todo esto para obtener el mínimo de impacto (que podría causar) el proyecto. Las denuncias públicas hechas en redes sociales, medios de comunicación como Vox Populi Digital y en la Fiscalía General de la Nación, dan cuenta que en este comportamiento delincuencial han incurrido las juntas directivas y sus asesores. (Esto se puede constatar)…en los consejos comunitarios de Rocha, Puerto Badel, Lomas de Matunilla, Leticia, Recreo, Labarcés, San Antonio y Bocacerrada«».

Dice la denuncia noticia criminal No 20215210065142

Esa denuncia que trae la noticia criminal de la referencia, indica que existe un proceso de corrupción para evitar que realmente se haga la consulta previa en esas comunidades negras. De esta manera, por ejemplo, no podrían establecer hasta qué punto se verán seriamente afectadas por proyectos económicos como el de Restauración del Canal del Dique. Este producirá un cambio sustantivo en el medio ambiente y en el uso de la tierra de vastas zonas de ese importante canal.

Por corrupción

A manera de ejemplo, por concepto de compensaciones se apropiaron indebidamente la mayor parte de los recursos para la Casa del Pescador que costó $180 millones, un vivero y un puesto de Salud. En el primer caso, es decir, sobre la Casa del Pescador, existen evidencias de que  compraron una casa por $14 millones y luego la pasaron por $180 millones sin hacerle ninguna modificación.

Pero la peor actuación de los dirigentes comunitarios se manifiesta con las consultas previas. El dinero, que debe ser destinado para cumplir con la ruta metodológica, se lo reparten con un intermediario que aparece como asesor. De esta manera, no realizan las actividades correspondientes para identificar el verdadero impacto del proyecto. Esto desfavorece a las mismas comunidades que se verán afectadas negativamente por la macro obra. Así sucede con la consulta sobre el proyecto de la ANI que tiene un costo inicial de $2 billones. Se instalarán una esclusas, se afectarán las ciénagas, habrá sustitución de agua dulce por salada y viceversa. Algunas zonas se inundarán y se afectará seriamente a la población. Algunos poblados tendrán que desplazarlos en su integridad.

EL proyecto del Canal del Dique es adelantado por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Esta agencia le ha girado un promedio de $350 millones por cada Consejo Comunitario. La mayoría de ellos hicieron mal uso de esos dineros y jamás los utilizaron para su finalidad. Esto es, realizar la ruta metodológica. Al mismo tiempo, presentarle a la comunidad —desde el punto de vista profesional y técnico— las consecuencias de la ejecución del proyecto. 

La ley establece que las entidades ejecutoras deben financiar las consultas previa. A su vez, los consejos comunitarios deben contratar profesionales idóneos para que realicen una evaluación técnica del proyecto. De esta manera se garantiza materialmente el derecho a la igualdad con las comunidades que carecen de medios idóneos para analizar el impacto social, económico y ambiental de los proyectos en sus respectivas comunidades.

Los implicados

Los principales DENUNCIADOS por los actos de corrupción en Rocha, corregimiento de Arjona.

De acuerdo a la denuncia, los implicados en estos presuntos delitos estuvieron en algún momento al frente del consejo Comunitario. En el caso de Rocha, corregimientos de Arjona, los denunciantes hicieron una lista de los implicados. Lo grave es que las autoridades de Arjona, principalmente su secretaria General y de Gobierno están respaldando a los más corruptos de los consejos comunitarios, según reza la denuncia.

Detallaremos los presuntos implicados. Linfer Moyar Ruiz, exrepresentante legal de la junta directiva del consejo Comunitario de Rocha. Ahora funge como representante de la junta provisional.

Néstor Iriarte Llerena. Expresidente de la junta directiva del Consejo Comunitario de Rocha. Alerxi Dominicheti Zabaleta, exrepresentante legal del Consejo Comunitario de Rocha. Linairo Pérez Marín, tesorero de la junta directiva del Consejo Comunitario de Rocha. Davinson Salas Rocha, vicepresidente del Consejo Comunitario de Rocha. Janeth Castro Salas, secretaria del Consejo Comunitario de Rocha. Oscar Mallarino Miranda, fiscal del Consejo Comunitario.

De igual manera de denunciaron penalmente a David González Cardales representante legal de Coriambiental S.A.S. con Nit No 9005691781. Es la entidad que supuestamente ejecutó el contrato para realizar la ruta metodológica de la consulta previa. De la misma manera como Henry Guizamano hizo en Matunilla, Leticia, Recreo, González Cardales hizo lo propio en Rocha. Es decir, la consulta previa no la realizaron. Lo que hicieron un remedo, un parampampam con el fin de llenar un requisito formal y repartirse el dinero con los directivos que le faltan a la ética y al deber con la comunidad.

Los denunciantes

De acuerdo con la noticia criminal, los denunciantes de estos presuntos delitos, son: Edinson Maza Miranda, Yorley Salas Pérez, Ingeberto Noriega Matute, Armando  Alfaro Rivera, Manuel Salas Mallarino.

Marta Lucía Ramírez venía todas las semanas a Cartagena. Ahora como canciller llega menos pero siempre está pendiente del macro proyecto del Canal del Dique.

Esta es la segunda denuncia penal que se entabla contra directivos y asesores presuntamente corruptos que están esquilmando los recursos que son de la comunidad. Corpolucha denunció penalmente a Henry Guizamano asesor de varias comunidades como El Recreo, Matunilla y Leticia. En este caso se refiere a la consulta previa del proyecto que lidera el gobierno nacional a través de su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Algunos de los denunciantes habían sido elegidos directivos en la última asamblea formal del Consejo Comunitario. Pero la secretaria General de Arjona declaró la REVOCATORIA directa aduciendo que no se había cumplido con la norma. Pero los hechos demostraron lo contrario. Es la única asamblea que realmente ha cumplido con los pasos requeridos por la ley y aclarado por la Oficina para las poblaciones Negras, AFROS y palenqueras. Puesto que hicieron una consulta a esa oficina la cual explicó los pasos que se debían tener para la elección de nueva directiva.

En síntesis, se pudo establecer que los recursos destinados por la ANI para la consulta previa de Rocha, corregimiento de Arjona, fueron dilapidados sin cumplir con el objeto de hacer la consulta. Ésta fue un remedo, es decir, una caricatura de consulta. Y pone entredicho uno de los mecanismos más importantes aportados por la ley 70/93 que reglamenta el concepto de autonomía y participación de las poblaciones que históricamente han estado marginadas del desarrollo nacional. No se cumplió el núcleo mismo de la consulta: la participación de la comunidad sobre los verdaderos efectos del macro proyecto Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.

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