Mucha extrañeza causa el hecho de que la directiva del Club Campestre de Cartagena —hasta ahora— no se haya pronunciado sobre el horroroso plan —concebidos por varios de sus socios en la cancha de Golf— para asesinar, ya no solo al abogado Héctor Pérez Fernández sino a otros líderes sociales. VoxPopuli Digital pudo establecer que el plan de exterminio se extendía, al parecer, al también abogado y veedor Erick Urueta Benavides y al presidente de la Asociación de Campesinos Montes de Dios de Turbana, Enaldo Tovar Monterrosa, ¿Por qué querían matar a Pérez, Tovar y Urueta?
De acuerdo al hilo conductor de la historia que venimos relatando en las tres entregas anteriores, debido a un lío pasional, salió a flote el plan de exterminio para acabar con la vida del hoy candidato a la alcaldía de Cartagena, Héctor Pérez Fernández y los otros líderes sociales. Hasta ahora, especialmente, los que deben una explicación ante la Fiscalía son los empresarios Jhon Villamizar Gómez y su compañera sentimental, Fanny Batista Quintero.
Villamizar y su parque industrial
¿Qué intereses afectaba la conducta de los veedores y líderes sociales? En principio, se debe indicar que el proceso de Cachenche finalizó con la decisión de la Sociedad de Activos Especiales-SAE de ceder ese predio a los campesinos organizados alrededor de la Corporación Montes de Dios.
Por tanto, el desenlace de ese conflicto no podría ser la motivación para diseñar tan macabro plan de muerte contra los dos veedores y el dirigente campesino. Se pensaría que podría existir otras razones y otros intereses donde estaría vinculado Jhon Villamizar Gómez. Y seguramente sería por problemas de tierra.
Como se conoce, Villamizar está promoviendo el proyecto Parque Industrial cerca de Mamonal que lidera con otros empresarios interesados en Cachenche. Pero, también es cierto que tiene unos conflictos legales que podrían dar al traste con ese proyecto económico. Los veedores no se han metido con esa iniciativa. Es probable que la motivación de Villamizar esté relacionada con otros proyectos donde hay disputa de tierra. Y este es el punto que debe analizar la misma Fiscalía.
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¿Por qué querían matar a Urueta y Tovar?
Al principio se identificó como principal objetivo del plan a Héctor Pérez. Pero, una fuente señaló que el macabro objetivo era matar a otros dos líderes que lo venían acompañando en el proceso de Cachenche. El principal abogado de este proceso es Héctor Pérez. Lo acompañó el también abogado y veedor, Erick Urueta Benavidez y el líder social Enaldo Tovar.
Como se sabe, Cachenche es una finca que está en proceso de extinción de dominio en poder de la SAE. Desde hace varios años la poseen campesinos asociados a la Corporación de Campesinos Montes de Dios de Turbana, Bolívar. Esta propiedad se encuentra ubicada colindante al corregimiento de Pasacaballos. Tiene una gran perspectiva agroindustrial.
Tanto Urueta como Tovar fueron amenazados en el proceso de recuperación de Cachenche. Una lucha que terminó con la decisión de la Sociedad de Activos Especiales de entregársela a los campesinos. El mismo director de la SAE se reunió con los campesinos y la alcaldesa de Turbana que pretendía que esos predios hicieran parte de un proyecto que tenía el municipio con privados. El principal obstáculo que ellos tenían era que los campesinos se habían metido en la finca y no estaban dispuestos a desalojarla.
Estando en esa situación, entraron a un jugar un rol muy importante los abogados y veedores Héctor Pérez Fernández y Erick Urueta que acompañaron a los lideres campesinos en su lucha por la posesión de Cachenche.
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¿Por qué Héctor Pérez?
Vale decir que Héctor Pérez Fernández se dio a conocer como veedor de la contratación pública de Cartagena y Bolívar. Fue uno de los veedores que tomaron relevancia a finales de la década del 90 y comienzos del 2010. Es cofundador de la Corporación Frente Contra la Corrupción al lado de los desaparecidos Milciades Garcés y Jorge Piedrahita Aduen.
En cuanto al tema de tierra, el primer caso que Pérez tuvo fue cuando enfrentó a la Fundación Santo Domingo por la tierra de los Hernández, Luego vino Cachenche y Barú. Ahora tiene el caso de las 100 hectáreas de Manzanillo de las familias nativas Gómez y Ortega.
En el norte de Bolívar, especialmente en jurisdicción de Cartagena y los municipios que están cercanos, desde los años 60 se está desarrollando un despojo a la población nativa. En algunas partes se presenta un proceso de gentrificación rural donde las familias nativas mal venden sus predios a terceras personas que las traspasan a entidades con grandes proyectos industriales, turísticos o inmobiliarios. Otras veces se produce un despojo de su territorio ancestral en forma violenta.
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¿Qué dice la Fiscalía?
En la próxima entrega ahondaremos con la Fiscalía y la misma Policía para establecer qué tipo de acciones están adelantando para garantizar la seguridad de los afectados. También se trata de saber que líneas investigativas se adelanta por este hecho con el fin de dar con los responsables. Y saber que pasos dieron para consumar este horrendo plan.