No al Pacto de Ciènega, ¡no no no! ¡ te apoyamos Caicedo! fueron las manifestaciones que el pueblo magdalenense expresò en contra de varios alcaldes de cada municipio que conforman al departamento del Magdalena. Quienes buscan quitarle millonarios recursos en regalías a esa región del país.
La denuncia sobre ese hecho fue realizada por el propio gobernador Carlos Caicedo, durante una rueda de prensa. Al dar a conocer las intenciones de boicotear su gestión de parte de varios congresistas y 26 alcaldes.
El pueblo magdalenense se alzó y lideró una protesta pacifica.
Las protestas se hicieron sentir en todo el departamento, liderada por grupos sindicales del sector educativo y social, de manera pacifica. Ratificando el respaldo popular que el gobierno del cambio tiene en cada una de las subregiones.
Según, las intenciones de los alcaldes consiste en financiar campañas electorales del 2022, con los recursos de regalias.
Pueblo magdalenense rechazó boicot político contra Caicedo
“Carlos Caicedo, el pueblo está contigo, te respaldamos y te apoyamos, es hora del cambio. El Magdalena se respeta. El pueblo de Salamina está con el doctor Carlos Caicedo”, afirmó una persona durante el recorrido.
Asimismo, el gremio sindical educativo alzó su voz en defensa de los derechos de todos los ciudadanos del departamento. Ese grupo rechazó la deshonrosa actitud de los alcaldes municipales, hacia el desarrollo del departamento.
“Aracataca le dice no al Pacto de Ciénega. ¡No no no”
Cabe recordar que el “Pacto de Ciénega“, tiene como objetivo principal desfinanciar la gestión del gobernador Carlos Caicedo. Y al parecer, está siendo liderada por Luis Alberto Tete Samper, alcalde del municipio Ciénega.
Los recursos que por ley le tocaria ejecutar a la gobernación, ascienden a 320. 000 millones de pesos, por concepto de regalías. Dicho presupuesto es para la realización y desarrollo del plan “Magdalena Renace”, durante los próximos cuatro años de gobierno.
Algunos analistas aseguran, que el boicot político de los alcaldes, podría convertirse en una “inminente amenaza para los demás gobernadores del país y para el orden politico, administrativo e institucional colombiano”.