La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) anunció que a partir del 16 de junio se llevará a cabo un paro en las vías de los departamentos del Cauca y Nariño. Esta movilización busca exigir al Gobierno Nacional atención urgente a la creciente crisis de inseguridad que pone en riesgo al sector transportador en la región.
Según Alfonso Medrano, presidente de la ACC, la protesta podría extenderse a nivel nacional si las autoridades no responden a sus reclamos. El dirigente gremial afirmó que esta decisión obedece al incumplimiento de los acuerdos pactados en marzo con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo; y los alcaldes de Ipiales y Pasto, José Amilcar Pantoja y Nicolás Toro, respectivamente.
Medrano aseguró que el sector camionero se encuentra al borde de la quiebra, debido a la falta de garantías para su operación y al incumplimiento de compromisos adquiridos por el Gobierno. Entre las razones del paro, también se encuentran el mal estado de las vías y la obstrucción al transporte internacional derivada del cierre de la frontera con Ecuador.
El presidente de la Asociación también criticó duramente a la ministra de Transporte, a quien acusó de no haber dado respuesta desde la reunión realizada en marzo. Aseguró que, si no hay una respuesta concreta o su renuncia, se verán obligados a convocar un paro a nivel nacional.
La ACC también rechazan
“Rechazamos que mientras se nos niega protección y se incumplen los compromisos pactados, el Estado haya emitido, vía decreto, un desproporcionado e inconstitucional aumento de la retención en la fuente”, manifestaron en el comunicado. Además, destacaron que esta medida afecta gravemente a miles de pequeños transportadores, que representan el 85% del gremio y que ya enfrentan serias dificultades para cubrir los costos operativos.
Frente a esta situación, la ACC presentó varias peticiones, entre ellas: reiniciar las mesas de trabajo con los ministros de Transporte, Interior, Defensa, Energía, Hacienda y Trabajo, así como con representantes de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría, exigiendo una participación activa y resolutiva de estas entidades.
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