El Tribunal Superior de Bogotá revocó la detención domiciliaria que pesaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y ordenó su libertad inmediata. De esta forma, el exmandatario esperará en libertad el fallo de segunda instancia tras la apelación presentada por su defensa contra la condena de 12 años.
La decisión anuló la medida decretada por la jueza de primera instancia, Sandra Heredia, quien el pasado 1 de agosto dictó un fallo histórico al sentenciar al exmandatario por fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. En esa oportunidad, la jueza argumentó que la prisión domiciliaria era necesaria para mantener la confianza ciudadana en las instituciones, garantizar la seguridad del procesado y prevenir un eventual riesgo de fuga.
La defensa alegó vulneración de derechos
La defensa de Uribe calificó la medida como “injusta” y presentó una tutela tres días después de la condena. En ella, los abogados alegaron que se vulneraron los derechos a la libertad, la dignidad humana, el debido proceso y la presunción de inocencia. Según su argumento, el expresidente no podía ser privado de la libertad mientras el fallo de primera instancia no quedara en firme.
En su análisis, el Tribunal Superior cuestionó las razones que motivaron a la jueza 44 a imponer la medida. Los magistrados señalaron que Heredia basó parte de su decisión en el reconocimiento público de Uribe, lo cual —afirmaron— es un criterio subjetivo y contrario al principio de igualdad ante la ley.
“El sujeto solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad”, indicó el alto tribunal. Además, recalcó que no existía un riesgo probado de fuga, de manipulación de pruebas ni de reiteración delictiva.
Uribe recupera la libertad, pero sigue condenado
Con base en estos argumentos, el Tribunal resolvió amparar el derecho fundamental a la libertad individual del expresidente. La orden benefició a Uribe, quien permanecía en su residencia de la vereda El Tablazo, en Rionegro, Antioquia. Tras conocerse la decisión, aseguró que dedicará sus días a “luchar por la libertad de Colombia”.
No obstante, la condena de primera instancia continúa vigente hasta que la Sala Penal del mismo Tribunal defina la apelación. Uribe sigue condenado por fraude procesal y soborno a testigos, delitos por los cuales enfrenta una pena de 12 años de prisión domiciliaria, una inhabilidad de 100 meses para ocupar cargos públicos y una multa de 2.420 salarios mínimos mensuales.
Argumentos en disputa
La defensa, encabezada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, insiste en que la jueza Heredia tomó la decisión con apreciaciones sesgadas y que el proceso estuvo “viciado”. En la misma línea, el delegado de la Procuraduría en el caso, Bladimir Cuadro, considera que la condena debe ser declarada nula.
Uno de los puntos centrales del debate es la interpretación de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su exabogado Diego Cadena. Para la defensa, estas conversaciones no prueban un intento de soborno, sino que muestran la intención del expresidente de actuar dentro de los márgenes de la ley.
El proceso ahora entra en una fase decisiva. Mientras Uribe recobra su libertad, el futuro judicial del exmandatario quedará en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá la última palabra en la segunda instancia.
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