El Tribunal Superior de Bogotá ya resolvió la apelación del expresidente Álvaro Uribe Vélez y se prepara para anunciar si mantiene la condena de 12 años o lo absuelve.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá cerró la discusión y aprobó el fallo de segunda instancia en el proceso por fraude procesal y soborno a testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En los próximos días, los magistrados fijarán la fecha para leer la sentencia que definirá su futuro judicial.
Un fallo clave antes de que prescribiera el proceso
El anuncio se produjo apenas tres días antes de que el proceso prescribiera, pues este 16 de octubre se cumplían ocho años desde que Uribe rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Con la confirmación de que el Tribunal ya tiene una decisión, se garantiza que el caso seguirá su curso jurídico.
El magistrado Manuel Antonio Merchán, ponente del expediente, elaboró un proyecto de fallo que fue compartido con las magistradas Alexandra Ossa y Leonor Oviedo. Según fuentes del Tribunal, hubo consenso entre los tres, y el acta No. 135 oficializó la aprobación del fallo de segunda instancia.
La condena que marcó un precedente
El pasado 1 de agosto, la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 144 meses (12 años) de prisión domiciliaria, además de imponerle una multa de 2.420 salarios mínimos e inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
La jueza concluyó, en una sentencia de más de mil páginas, que Uribe fue determinador de los sobornos ofrecidos por el abogado Diego Cadena a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, con el fin de que se retractaran de los señalamientos que lo vinculaban con la creación de un grupo paramilitar en Antioquia durante la década de los 90.
La defensa de Uribe, encabezada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, apeló la condena calificándola de “arbitraria e injusta”. Según Granados, el fallo de primera instancia se basó en supuestos sesgos y desconoció pruebas esenciales.
“El caso se construye sobre testimonios carentes de credibilidad y se imponen penas que incluso superan las solicitadas por la Fiscalía”, sostuvo el abogado al presentar la apelación.
Los defensores argumentan que no existió soborno ni fraude procesal, sino un intento legítimo de corroborar información sobre un presunto plan para vincular al expresidente y a su hermano, Santiago Uribe Vélez, con actividades ilegales.
La Procuraduría General de la Nación también pidió revocar la condena, al considerar que no se demostró más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal del exmandatario. Según el Ministerio Público, la jueza no valoró en su totalidad las pruebas que mostraban que Uribe buscaba esclarecer los hechos por vías legales, sin ofrecer dádivas ni ejercer presión sobre testigos.
Lo que viene
Con la decisión de segunda instancia ya adoptada, el Tribunal Superior de Bogotá deberá anunciar la fecha para la lectura del fallo. Una vez se conozca el contenido de la sentencia, cualquiera de las partes podrá acudir a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario de casación, que podría extender el proceso por varios años más.
De esta manera, el país queda a la expectativa de un nuevo capítulo en el caso que ha marcado un precedente en la historia judicial y política de Colombia, al involucrar por primera vez a un expresidente en un juicio penal ordinario.