Yamile Pedraza Peña —la hija, la madre, la abogada— pasó la Noche Buena encerrada en la cárcel distrital de Cartagena. El 16 de diciembre debía realizarse la audiencia para su libertad, pero la Fiscal 15 Especializada pidió que la aplazaran para mañana 30 de diciembre. Mientras los protegidos de alias «Ramón Mojana», Luis Ángel Gamboa Garcés, Amparo Sofia Jiménez Diaz y su suegra Mayda Sofia Jiménez Diaz gozan de libertad sin que ella los tocara, para Yamile no hubo mesa compartida, ni buñuelos, ni natilla. No hubo abrazos. La Navidad le llegó entre barrotes, con el chirrido metálico de una puerta cerrándose y un villancico convertido en herida: Amarga Navidad.
Desde que fue privada de la libertad en septiembre de 2023, el tiempo de Yamile dejó de medirse en días y empezó a contarse en audiencias aplazadas, términos que no cuadran y decisiones que se contradicen. Este proceso No 13001600000020220020700 es tan atípico que salta a la vista para cualquier entendido en el asunto. Pero ahora Yamile tiene la esperanza de pasar Año Nuevo en en casa.
La suya no es una mera detención: es una espera interminable dentro de una celda fría, con el cuerpo debilitado y la mente quebrada por una prolongada detención que ella considera injusta. Aun así, Yamile Pedraza resiste. La sostiene su férrea voluntad, la esperanza de un Año Nuevo 2026 en libertad para volver a empezar.
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Huelga de hambre y libertad
Con una prolongada huelga de hambre, Yamile Pedraza confía en que este 30 de diciembre la justicia, por una vez, mire el expediente sin prejuicios, sin cálculos cambiantes, sin castigos encubiertos. Espera que corrija los errores que la mantienen presa cuando la ley ya habla de libertad. ¿Acaso haberse enfrentado a su propio hermano, alias Ramón Mojana y a la temible fiscal 15 especializada Narly Patiño Pascuas, se convirtió en victima de una justicia instrumentalizada por la mafia?
Porque si la justicia no es capaz de reparar a tiempo, el daño será irreversible. Y lo que está en juego no es solo el destino de una mujer, sino la credibilidad de un sistema judicial que debe decidir —a las puertas del Año Nuevo— si sigue castigando a una mujer que se atrevió a desafiar el poder de la mafia o, por fin, impartir justicia.
Desde el pasado 14 de diciembre, Yamile se encuentra en huelga de hambre. No por desafío. No por espectáculo. Lo hace porque siente que ya no le quedan más caminos dentro de un sistema que parece haberla olvidado. Espera, desde su encierro, que le resuelvan su situación de libertad por vencimiento de términos, la misma libertad que ya fue concedida a otros procesados por los mismos hechos, pero que cumplían su detención en la comodidad de sus casas.
¿Trato desigual?
Sin duda, es un trato desigual.
Su historia no es un caso aislado. Es la expresión más cruda de una falla estructural de la justicia en Bolívar y en Colombia. Es una justicia que se muestra indulgente con algunos poderosos (alias Ramón Mojana, por ejemplo) y despiadada con otros, especialmente cuando se trata de una mujer que desafío la justicia instrumentalizada por una fiscal especializada alienada por el poder. Dicha fiscal hizo de la justicia un instrumento de uso personal para desatar sus bajas pasiones. Yamile Pedraza solo pide ser juzgada conforme a la ley.
Privada de la libertad desde el 20 de septiembre de 2023, Yamile Pedraza se ha convertido en el espejo incómodo de una justicia selectiva. Mientras sus coprocesados —todos hombres— recibieron detención domiciliaria y posteriormente la libertad, ella fue la única enviada a una cárcel bajo medida de aseguramiento intramural.
Un cuento kafkiano
La diferencia no estuvo en los hechos, sino en el trato.
El expediente judicial, al que tuvo acceso VoxPopuli Digital, revela una secuencia alarmante. Parece una historia sacada de una novela kafkiana: más de 500 días sin que inicie el juicio, decisiones judiciales contradictorias, términos que se mueven como arena entre los dedos y, quizá lo más grave, una imputación que se agrava justo en el momento en que la procesada solicita su libertad.
Cuando Yamile pidió ser escuchada por la justicia especializada, la respuesta no fue la revisión objetiva de los términos, sino la variación de la imputación y la ampliación de los plazos. Pedir libertad terminó convirtiéndose en un castigo adicional.
El 29 de septiembre de 2025, un juez de control de garantías reconoció que a Yamile solo le faltaban 20 días para acceder a la libertad por vencimiento de términos. Esa decisión generó una expectativa legítima. Sin embargo, el 25 de noviembre, otro juez —en una nueva audiencia— afirmó que ahora le faltaban 22 días.
La matemática judicial se volvió caprichosa. La seguridad jurídica, inexistente.
¿Cómo es posible que el tiempo retroceda en un proceso penal? ¿Cómo se explica que, tras haber transcurrido los días señalados por un juez, otro afirme que el conteo vuelve a empezar? Nadie lo explicó. Nadie lo corrigió.
Yamile Pedraza cogió clínica
Peor aún: 50 días de hospitalización, derivados del grave deterioro de su salud física y mental, fueron cargados a su contra como supuestas maniobras dilatorias. Ella estuvo internada en una clínica de reposo. Para la justicia, enfermarse también parece ser sospechoso cuando se es mujer, privada de la libertad y sin poder.
Ansiedad, depresión, insomnio, inapetencia y desesperanza han sido diagnosticados por sus médicos tratantes. La Yamile Pedraza de hace dos años no es ni sombra de la que hoy es, según dicen algunos que la conocían. Nada de eso fue tenido en cuenta. En el expediente, la salud se transformó en obstáculo; el sufrimiento, en excusa para prolongar el encierro.
La fiscal 15 especializada (conocida en el bajo mundo como la fiscal infiel), Narly Patiño Pascuas, lejos de facilitar el esclarecimiento y la resolución de fondo, solicitó aplazar la audiencia clave del 16 de diciembre. La trasladó para el 30 de diciembre. Así privilegió su agenda sobre el derecho fundamental a la libertad.
Este hecho sugiere que le valió cuero el principio pro homine. Quiere decir que al interpretar normas, se debe elegir siempre la interpretación más favorable para la persona y sus derechos humanos. O sea, la norma más amplia o la menos restrictiva, buscando siempre la mayor protección para el individuo. Pero la dirección Seccional de Fiscalías se negó a designar un fiscal de reemplazo, pese a que ya lo había hecho anteriormente en el mismo proceso. ¿Acaso Elizabeth Gómez Mejía es cómplice de la actuación desaforada e inconstitucional de Narly Patiño? ¿Acaso es su protegida?
La celda permaneció cerrada
La institucionalidad cerró filas.
Hoy, Yamile Pedraza resiste con lo único que le queda: su cuerpo. La huelga de hambre no es una estrategia jurídica; es un grito desesperado frente a la indiferencia institucional, una forma extrema de decir “aquí estoy” cuando el sistema ha decidido no escuchar.
Este no es solo su caso. Es el retrato de una justicia que perdió el enfoque de género, la humanidad y el sentido de proporcionalidad. Una justicia que se arrodilla ante los grandes intereses, pero se muestra prepotente frente a la debilidad de una mujer que solo exige que se cumpla la ley.
Si el 30 de diciembre la libertad vuelve a ser negada con nuevos cálculos, nuevas excusas y nuevas dilaciones, no será un error judicial.
Será una decisión política del sistema.
Y la historia —como siempre— lo registrará. Y la prensa consecuente como VoxPopuli Digital estará allí para denunciar los que otros callan. Transmitiremos la audiencia para conocer el rostro de la justicia.