.: VoxPopuli Digital :.

Yamile ¡Libre! La verdadera historia del fenómeno paramilitar todavía está en mora de contarse. Hay pequeñas historias que muestran cómo los dueños del poder instrumentalizan la justicia con su dinero malhabido para alcanzar sus mezquinos propósitos. Son historias sepultadas bajo expedientes polvorientos y titulares fugaces. Pero la historia de Yamile, abogada y hermana de Eder Pedraza, alias Ramón Mojana, excomandante del Frente Mojana de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), merece ser contada con detalle.

Esta investigación periodística confirma que es víctima de su propio hermano que sobornó la justicia para castigarla por negarse a entregar tierras destinadas a la reparación de víctimas. A Yamile Pedraza la recluyeron en la cárcel Distrital de San Diego de Cartagena durante dos años en un proceso plagado de evidentes irregularidades que tuvo en la fiscal 15 especializada, Narly Patiño Pascuas, una implacable verdugo. Pero la fiscal no estuvo sola en su actuación, pues, contó con el apoyo voluntario o pusilánime de algunos jueces y procuradores delegados en lo penal.

Actuación dudosa de la justicia

Además, se debe mencionar la actuación dudosa de ciertos magistrados que están o estuvieron en la nómina del otrora jefe del paramilitarismo en la zona de La Mojana. VoxPopuli Digital tiene pruebas suficientes que podrían servir de cabeza de proceso contra la propia fiscal y hasta contra un magistrado del Tribunal Superior de Cartagena. Son pruebas conectadas con las denuncias en justicia y Paz de alias Pitirri.

Yamile ¡Libre!

El juez Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento, Pericles Rodríguez, quien en 2015 fue señalado de recibir un soborno por la puesta en libertad de Héctor Julio Alfonso López, hijo de la fallecida Enilce López. El juez se defendió y dijo que eso no es cierto.
El juez Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento, Pericles Rodríguez, quien en 2015 fue señalado de recibir un soborno por la puesta en libertad de Héctor Julio Alfonso López, hijo de la fallecida Enilce López. El juez se defendió y dijo que eso no es cierto.

Yamile Pedraza recuperó su libertad por vencimiento de término el pasado 26 de enero de 2026, tras múltiples aplazamientos de audiencia. El juez de la causa consideró que desde el 29 de enero de 2024 acumuló por bancada 520 días efectivos en la cárcel. Y para que su libertad la decretara el juez, éste comprobó que acumuló en la defensa individual 592 días sin que la llamaran a juicio. Para llegar a esa conclusión, el juez hizo un análisis acta por acta para descartar dilación del proceso por parte de la defensa.

A pesar de ello, su archienemiga Narly Patiño, fiscal del proceso, apeló la decisión del juez. Lo extraño de esta historia es que la procuradora delegada en lo penal, Fabiola Acevedo, apoyó a la fiscal en la apelación sin hacer un análisis que pudiese contrariar la debida argumentación del juez. Tanto la fiscal como la procuradora consideraron que la procesada solo había cumplido 485 días.

Sin embargo, se olvidaron que ellas mismas no apelaron cuando el 29 de septiembre de 2025 el mismo juez puso en libertad a los otros procesados en la misma causa. En esa oportunidad señaló que a Yamile Pedraza le faltaban 20 días para recibir el beneficio de vencimiento de términos. En la audiencia del 26 de enero de 2026, juez volvió a contar los días desde el 29 de enero de 2024 hasta llegar a la conclusión que efectivamente se habían vencido los términos por 20 días, o sea, 520 días efectivos.

Pericles, el juez de segunda instancia

¿Qué tiene que ver el juez Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento, Pericles Rodríguez, en todo esto? Es el funcionario judicial que debe resolver dicha apelación. Si obra en derecho, seguramente confirmará la libertad de Yamile Pedraza, víctima del otrora jefe paramilitar Ramón Mojana, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y por concierto para delinquir agravado, en Colombia. Las pruebas son materiales, evidentes y que saltan a la vista. Yamile ¡Libre! Es la esperanza de su esposo César Pineda y de sus familiares.

De abogada a víctima

Desde la extradición de su hermano a Estados Unidos, Yamile se convirtió en su asesora jurídica. Con un poder general, manejó asuntos de desmovilizados, asistió en versiones libres ante Justicia y Paz, y organizó un fondo de reparación colectiva. En 2012 se anunció la entrega de bienes, entre ellos las tierras de la Mojana, unas 4.000 hectáreas que debían pasar al fondo de reparación de víctimas. Pero en 2016, tras la exclusión de Eder del proceso de Justicia y Paz, comenzó el quiebre: él se negó a entregar las tierras y las puso a nombre de terceros.

La fractura: tierras y traiciones

La tensión se agudizó en 2017, cuando la esposa de Eder, Amparo Sofía Jiménez, presionó a Yamile para firmar poderes que permitieran vender las tierras de la Mojana. Ella se negó, consciente de que su responsabilidad era garantizar la entrega a las víctimas. En enero de 2018, acudió a la Fiscalía 35 de Bienes en Barranquilla y logró que se impusiera una medida restrictiva sobre las tierras. Ese acto de dignidad lo interpretó como una traición: desde entonces, la relación se quebró.

Hidrocarburos y corrupción

Paralelamente, Eder y sus socios —entre ellos Luis Ángel Gamboa Garcés, señalado como su testaferro— mantenían negocios de contrabando de combustibles desde la frontera con Venezuela. En noviembre de 2017, la incautación de 6.548 galones en la estación de servicio El Viso (Mahates, Bolívar) destapó la red. Yamile, asesora jurídica de la estación, quedó vinculada indirectamente. El abogado Luis Alfredo Berrio, amigo y socio de oficina de Yamile, quedó al frente del caso por orden de Eder. Hay evidencias que Berrio negoció con la fiscal Narly Patiño Pascuas, incluso con favores personales y regalos, para evitar que se investigara a los verdaderos dueños. La corrupción judicial se mezcló con la intimidación.

La finca Azucarbuena: el punto de no retorno

En 2014, Yamile se convirtió en representante legal de Insugan S.A.S., propietaria de la finca Azucarbuena en Santa Rosa de Lima, Bolívar. En 2021, cuando Luis Ángel Gamboa intentó adquirir esas tierras, Yamile se negó. El 3 de agosto de ese año denunció penalmente la invasión de la finca, señalando a Gamboa como sospechoso. Esa denuncia fue el detonante: desde la propiedad de Gamboa se orquestó el montaje judicial que terminaría con Yamile tras las rejas. El cuidador de la finca y su esposa, familiares de Yamile y de Eder, habrían sido sobornados para facilitar la invasión.

Amenazas y montaje

En marzo de 2022, Yamile visitó a su hermano en la cárcel de Cómbita. Allí recibió amenazas directas: Eder le advirtió que la haría encarcelar junto a su esposo. Pocos meses después, el 26 de julio de 2022, la declaración de Luis Alexander Gamboa Gama, hijo del socio de Eder, se convirtió en la “prueba reina” en su contra. Con ese testimonio, la Fiscalía construyó un caso de hidrocarburos que la vinculó como responsable, pese a que los hechos databan de 2017 y ella no tenía participación directa en la operación.

Dos años de cárcel

El proceso avanzó con irregularidades. Testimonios de socios de Eder, presiones de su esposa Amparo y maniobras del abogado Berrio configuraron un escenario adverso. A Yamile la privaron de la libertad durante dos años, mientras su denuncia por invasión de tierras quedaba archivada o desaparecida en la Fiscalía de Bolívar. La instrumentalización del poder judicial fue evidente: se castigaba a la hermana que se negó a vender tierras estratégicas, mientras los verdaderos responsables del contrabando quedaban al margen.

La libertad aplazada

La audiencia de libertad de Yamile la aplazaron varias veces, en un reflejo de la dilación sistemática que caracteriza ciertos procesos judiciales en Colombia. Finalmente, el 26 de enero de 2026, se produjo su liberación por vencimiento de términos. No fue una absolución, sino el reconocimiento de que el Estado no pudo sostener el montaje en los plazos legales. Yamile salió de prisión con la dignidad intacta, pero con la certeza de que su hermano y sus socios habían usado el aparato judicial para vengarse de su resistencia.

Una historia de poder y dignidad

El caso de Yamile Pedraza revela varias capas de la realidad colombiana:

  • La instrumentalización de la justicia: fiscales y abogados que negocian favores, dilatan procesos y fabrican pruebas.
  • El poder de los excomandantes paramilitares: incluso tras la desmovilización, mantienen redes de influencia en Bolívar y Sucre.
  • La lucha por la tierra: las hectáreas de la Mojana y la finca Azucarbuena son el botín que explica la persecución.
  • La resistencia femenina: Yamile, pese a las amenazas y la cárcel, se negó a traicionar a las víctimas y a entregar tierras a testaferros.

Yamile ¡Libre! y un nuevo comienzo

Hoy, Yamile Pedraza es libre. Su caso no es solo un drama familiar, sino un espejo de cómo el poder paramilitar y sus tentáculos económicos siguen operando en la Costa Caribe. La historia de esta abogada que enfrentó a su hermano desalmado, excomandante del Frente Mojana de las AUC, es también la historia de un país donde la justicia puede ser usada como arma de retaliación. Pero también es la historia de una mujer que, pese a todo, eligió la dignidad sobre la complicidad.

Share.