Panorama breve
Álvaro Uribe Vélez vuelve al escenario político. El Centro Democrático lo incluyó como candidato al Senado en las elecciones de 2026. Su nombre aparece en el puesto 25 de la lista. El anuncio llega mientras enfrenta una condena en primera instancia por soborno y fraude procesal. También pesa sobre él una inhabilidad para ocupar cargos públicos durante ocho años. El caso sigue abierto en segunda instancia y aún no hay decisión definitiva.
Uribe no regresa desde el vacío. Su presidencia, entre 2002 y 2010, dejó una huella profunda. Para muchos fue el mandatario que garantizó la seguridad democrática. Para otros, un líder que permitió violaciones a los derechos humanos y mantuvo relaciones con estructuras paramilitares. Ese legado explica por qué su nombre todavía mueve adhesiones fuertes y rechazos radicales. Su eventual regreso al Senado no es solo una maniobra electoral. También es un recordatorio de las tensiones que Colombia nunca ha resuelto del todo.
El frente judicial: condena y apelaciones en disputa
En 2025, un tribunal lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria. La sentencia incluyó multas económicas y la inhabilidad para ocupar cargos públicos. La defensa apeló de inmediato. También interpuso tutelas y logró suspender la medida de detención domiciliaria. Esos recursos no anulan la condena inicial. Sí le permiten moverse en el escenario político mientras espera una decisión en segunda instancia. El proceso sigue abierto y definirá si puede ocupar o no una curul.
Uribe no encabeza la lista. Tampoco ocupa un puesto decorativo. Estar en el lugar 25 responde a un cálculo político. El Centro Democrático busca cohesionarse y evitar fracturas internas. También quiere enviar un mensaje claro a sus bases: su líder histórico sigue presente. Para los uribistas, su nombre en la lista es un acto de resistencia. Para sus detractores, es un desafío directo a la justicia. La candidatura funciona como un símbolo, pero también como una jugada que tensiona el marco legal.
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La narrativa de persecución política
Uribe insiste en que su caso judicial es un montaje. Sus seguidores lo repiten en cada mitin y comunicado. Hablan de una persecución diseñada para sacarlo del mapa político. Esa narrativa mantiene viva su figura. Le permite movilizar simpatías, incluso en medio de cuestionamientos legales. También convierte la campaña en un escenario de confrontación moral. El debate ya no se limita a su futuro personal. Ahora se discute si la justicia puede aplicar la ley sin excepciones. Esa tensión divide a la opinión pública en dos bandos irreconciliables.
Lo que significa su nombre en las urnas
El uribismo conserva un núcleo duro de apoyo. Muchos lo ven como el presidente que enfrentó a las guerrillas y devolvió confianza en la seguridad. Pero el movimiento también muestra desgaste. En el Senado solo tiene 19 curules de 108. Además, su favorabilidad cayó en encuestas recientes. El regreso de Uribe puede reactivar pasiones. Al mismo tiempo, puede convertirse en un recordatorio de que el país busca voces nuevas y menos polarizantes. La pregunta es si el capital simbólico de Uribe todavía alcanza para sumar votos.
La candidatura de un expresidente condenado plantea un dilema mayor. Si la segunda instancia confirma el fallo, la inhabilidad será definitiva. Eso dejaría en el aire su elección y abriría una batalla legal sobre la validez de la curul. Si, por el contrario, logra revertir la sentencia, sus seguidores verán un triunfo político. En ese caso, sus críticos lo interpretarán como un golpe a la credibilidad de la justicia. El sistema institucional tendrá que mostrar si es capaz de aplicar reglas claras sin importar el peso del nombre.
Más allá de Uribe, lo que está en juego
El regreso del expresidente al Senado no solo afecta a su partido. También reconfigura el tablero político hacia las elecciones de 2026. Con Uribe en campaña, el debate girará otra vez en torno a su figura. Eso obligará a otros partidos a definir postura: enfrentarlo, sumarse a su causa o guardar silencio estratégico. Su presencia puede polarizar aún más el ambiente y desplazar temas urgentes como economía, seguridad social o crisis ambiental. Colombia corre el riesgo de repetir el ciclo donde todo gira alrededor de un solo nombre.
Entre justicia y poder
Colombia vive un momento clave. La candidatura de Álvaro Uribe no es solo un acto electoral. Es una prueba para el Estado de derecho y para la fortaleza democrática. Si la justicia confirma la condena, marcará un precedente sobre la igualdad ante la ley. Si la revoca, el uribismo intentará convertirlo en bandera de resistencia y triunfo político. En ambos escenarios, la figura de Uribe seguirá condicionando el rumbo de la política. El país deberá responder una pregunta de fondo: ¿la democracia puede sostener sus reglas frente a liderazgos históricos o seguirá atrapada en dilemas que repiten la polarización de siempre?
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