La podredumbre judicial en el Caribe colombiano vuelve a quedar al descubierto. Este martes 28 de octubre, serán puesto a disposición de un juez de garantía los capturados ayer lunes en un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Dijín Anticorrupción. En este operativo cayeron tres personas, entre ellas el hijo de una poderosa fiscal del Atlántico, que harían parte de una red mafiosa enquistada en el corazón del ente acusador.
No se trata de delincuentes comunes. Entre los capturados figuran Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del CTI de Barranquilla; Yarin Ernesto Pareja Marimón, investigador del mismo cuerpo técnico; y Abraham Elías Muñoz Guerra, hijo de la poderosa fiscal Betzaida Guerra Martínez, quien ha manejado procesos de alto perfil en la capital del Atlántico, como los de la Universidad Metropolitana y el del excontralor Jesús Acevedo.
Según la investigación, este trío utilizaba información reservada de la Fiscalía para extorsionar a funcionarios y empresarios, ofreciendo “favores judiciales” a cambio de jugosas sumas de dinero. La corrupción operaba desde las entrañas del sistema judicial, con acceso directo al SPOA, el Sistema Penal Oral Acusatorio, desde donde se habrían manipulado procesos y verificado antecedentes de personas vinculadas a organizaciones criminales como Los Costeños.
El escándalo estalló tras una falsa diligencia judicial realizada en julio de 2024 en la Alcaldía de Sitionuevo (Magdalena). Los agentes del CTI, bajo órdenes inexistentes de policía judicial, ingresaron a la entidad y se llevaron documentos contractuales de la administración. Semanas después, el grupo exigió 140 millones de pesos al alcalde Navarro Manga a cambio de archivar una investigación que ellos mismos habrían fabricado.
Fuentes judiciales consultadas por VoxPopuli.digital aseguran que esta es solo la punta del iceberg. Las capturas hacen parte de un macrocaso que busca destapar una estructura de corrupción judicial que habría operado por años en la región Caribe, con nexos en fiscalías locales, abogados, e incluso grupos armados urbanos.
“Se está auditando el sistema SPOA de la fiscal Betzaida Guerra para determinar si se manipularon expedientes y si la funcionaria tuvo vínculos con personas del crimen organizado”, reveló una fuente investigadora.
Los capturados enfrentarán imputaciones por concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y asociación para delinquir. Las audiencias de legalización se realizarán en las próximas horas, pero el caso ya deja claro un mensaje urgente: la corrupción en la Fiscalía no solo roba justicia, sino que vende impunidad al mejor postor.
Mientras tanto, el país sigue esperando que esta vez la Fiscalía tenga el valor de mirarse al espejo y limpiar su propia casa.