Mientras el alcalde William Dau y su asesora para la Transparencia, Daniela Puello, defienden la lucha contra la corrupción en la administración Distrital, la secretaria del Interior, Ana María González, sostiene supuestamente una nómina paralela en la dependencia a su cargo con miembros de la Fundacion para la Educación Multidimensional, FEM, constituida por la hoy funcionaria pública el 27 de julio de 2007.
De acuerdo al registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena, la Fundación FEM fue creada con un patrimonio inicial de un millón de pesos ($1.000.000) a través de donaciones de Keith Bookwalter y Ana María de los Dolores González Forero, miembro del gabinete Distrital y alcaldesa encargada por ausencia de Dau Chamat. La politóloga bogotana ha sido la cara visible de la organización por 15 años y 8 meses en Cartagena. Trabaja en temas relacionados con las poblaciones indígenas y afrodescendientes, y en sector turístico tiene a su cargo el manejo de un hostal en el Centro Histórico de la ciudad.
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Las OPS de Ana María González
Ante la vinculación a la administración del alcalde Dau Chamat en 2020 —primero como asesora con funciones en la Oficina de Cooperacion Internacional y desde el año pasado en la Secretaría del Interior y Convivencia— González Forero dejó en las profesionales Paola Andrea Benavides y Marcy Luz Miranda Cassiani la representación legal de la Fundación FEM, que tiene sede en el Edificio Gedeón del sector La Matuna.
Y desde octubre de 2022, Benavides y Miranda Cassiani están vinculadas a la Secretaría del Interior y Convivencia por Orden de Prestación de Servicios, OPS. Durante los tres últimos meses del año, las colaboradoras de la Fundación FEM recibieron $9 millones de honorarios. Para este año, la directora ejecutiva de la organización social, Marcy Luz Miranda Cassiani, tiene un contrato por $26.400.000 desde el 30 de enero.
Adicionalmente, otros tres colaboradores de Ana María González en la Fundación FEM contrataron con la Secretaría del Interior y Convivencia durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022. María Elena Torres Muñoz y Karen Judith Gutiérrez Pérez recibieron $12.000.000 de honorarios, mientras que Dilia del Carmen Flórez Rosario, por el mismo período, obtuvo $6.000.000.
Para este año, las otras tres ejecutivas de la Fundación FEM también firmaron contratos con la dependencia a cargo de González Forero y su vinculación se cumplió así:
- María Elena Torres Muñoz, desde el 27 de enero y un total de $36.000.000 de honorarios.
- Karen Judith Gutiérrez Pérez, desde el 2 de febrero y recibirá $28.000.000.
- Dilia del Carmen Flórez Rosario, por su parte, firmó dos contratos con 10 días de diferencia y el mismo objeto, por un valor de $20.000.000 a partir del 10 de febrero y el otro por el mismo valor, pero su ejecución se inició el 20 del mismo mes.
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Debate por nómina paralela
El tema de una supuesta nómina paralela en la Secretaría del Interior lo abordaron algunos concejales en la sesión de hoy, luego de la denuncia hecha en el programa radial de opinión Después de las Noticias de Emisora Fuentes. Se planteó la posibilidad de un debate de control político a la secretaria y fundadora de la organización no gubernamental, por la forma como se estarían utilizando recursos públicos en un tema personal. Pidieron celeridad para escoger la fecha y evitar que la empresaria y funcionaria utilice argucias jurídicas para evadir la citación y no darle la cara a los cartageneros. Precisamente hace un año, González Forero, como directora de la Oficina de Cooperación Internacional, no pudo justificar en la corporación la ejecución de $44.000 millones de aportes de organismos extranjeros.
En casos como éstos, “el tráfico de influencias es una práctica ilegal” y éticamente objetable. De acuerdo a expertos en el tema, utilizar la influencia personal en la administración pública para obtener favores podría constituir un delito. Y en el caso de la secretaria González Forero, es oportuno preguntar: ¿tráfico de influencias?, ¿conflicto de intereses? ¿y la ética, secretaria? De momento queda claro que en el Distrito se actúa con la doble moral. Se habla de una lucha contra la corrupción que no vemos los cartageneros y no hay transparencia en la actuación administrativa.
Y en el IPCC hay un caso muy parecido y su director, Óscar Uriza, es protagonista de un tráfico de influencias, diferente a la contratación con el C.C. y E. Plaza Mayor de Medellín para la organización de las fiestas novembrinas.