Decenas de muertos, cientos de heridos y desaparecidos, mujeres violadas como resultado de la violencia policial en las calles colombianas. Estas cifras son solo un reflejo de lo que ha acontecido al amparo del recrudecimiento de la brutalidad de la fuerza pública en los últimos días.
La aplicación de nuevas armas contra la población (lanzagranadas, helicópteros artillados, gases lacrimógenos disparados contra edificios de apartamentos, además de asesinatos puntuales a transeúntes desprevenidos en las calles), sumada al llamado que el Ejecutivo le ha hecho al Ejército Nacional a que se sume a la acción de la policía indican que, el gobierno ha declarado unilateralmente a los ciudadanos de Colombia sus enemigos.
Los despliegues tácticos de la fuerza pública en las calles se ejecutan de manera coordinada y simultánea, no solo en todo el territorio nacional, sino al interior de las grandes ciudades. Un ejemplo de ello fueron los incendios a estaciones de policía en la noche del 4 de mayo en Bogotá. Al parecer en varios casos se trató de ataques perpetrados por elementos de la misma policía que se ejecutaron de manera simultánea contra 12 estaciones locales, o CAIs (Comandos de Acción Inmediata).
Los medios de comunicación suelen ser sesgados a la hora de reportar la violencia oficial. Sin embargo, medios independientes, digitales y grabaciones de la ciudadanía permiten corroborar la intensidad de la destrucción de vidas y bienes que la fuerza pública está llevando a cabo, mayormente en Cali y Bogotá. En Cali, en el sector de Siloé, ya son tres las noches consecutivas de terror al que la fuerza pública ha sometido a la población: sobrevuelo de helicópteros, patrullaje siguiendo órdenes de disparar indiscriminadamente, arresto de jóvenes incluso en sus hogares. Los disparos de artillería desde helicópteros se vieron en la noche del 4 de mayo en Bogotá, en el sector de Suba y Bosa al sur de la ciudad. Las escenas propias de combates entre dos ejércitos regulares son las que ahora se ven en las ciudades. La fuerza pública despliega un poder sobre una población a la que debe proteger y que ahora no consigue protegerse ni aún al interior de sus hogares.
¡Nos están matando!
Las tácticas de guerra que la policía aplica contra la población en sectores urbanos gozan del refuerzo de la alianza criminal con civiles, alianza que ha marcado tristemente la historia reciente de Colombia. De manera frontal y ante las cámaras, ciudadanos en áreas residenciales de alto nivel económico en Cali (sector de Ciudad Jardín) y Medellín (sector de El Poblado), se han organizado para amedrentar a la ciudadanía y exhibir su armamento. Videos distribuidos por la ciudadanía capturan momentos de tensión como el protagonizado por un grupo de esos ciudadanos adinerados que amenazan a voz en cuello con desplegar las 25,000 armas que, aseguran, tienen listas para ser usadas en respaldo al régimen encabezado por el presidente Iván Duque.
Al momento de escribir estas líneas, la ciudadanía colombiana está inerme e indefensa ante la avalancha de atropellos, violaciones, arrestos, desapariciones y asesinatos que su propio gobierno desencadenó sobre ella en la última semana. Abundan los testimonios en Bogotá y Cali de jóvenes que son tomados en vehículos sin identificación, por policías sin uniforme ni identificación, de cuyos paraderos no se tiene información por el momento.
Al parecer lo que se busca es que la ciudadanía se enfrente entre sí, como lo que ocurre en Cali y Medellín. Además, la grieta entre la ciudadanía y las unidades de la policía en la calle también contribuye a la división propiciada por el alto gobierno que puede desencadenar una guerra civil. En redes sociales se hacen llamados a la fuerza pública a que se acojan a su mandato constitucional de no apuntar sus armas contra el pueblo y así desoír las órdenes que vienen de sus superiores, las cuales atentan contra el orden constitucional.
Si bien el presidente Duque anunció el retiro de la reforma tributaria, aún no se conoce que esa promesa se haya cumplido. El alto gobierno aún no da a conocer el número de radicación que indique que esa reforma ha sido archivada. Así mismo, la renuncia del Ministro de Hacienda y gestor de la reforma tampoco ha contribuido a aclarar el panorama. Esa renuncia ya estaba programada desde mucho antes de la actual crisis y responde, no a la presión de la ciudadanía, sino a un nombramiento que le espera al ahora ex ministro en un organismo internacional.
Por esa razón le damos la bienvenida a propuestas como la de Gregory Meeks, al frente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien solicita la aplicación de la Ley Leahy para la ayuda militar a Colombia, la cual prohíbe que Estados Unidos asista militarmente a regímenes que estén involucrados en violaciones severas de los derechos humanos. La suspensión de la ayuda militar sería un paso hacia el restablecimiento del orden constitucional en Colombia.