La Corte Constitucional acaba de tomar una decisión que le da un giro completo a la historia entre el Gobierno de Gustavo Petro y la EPS Sanitas. ¿Qué hay detrás de este pulso? ¿Y por qué es tan importante lo que está pasando?
Vamos por partes.
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Esta medida, presentada como un acto de “salvaguarda” del derecho a la salud, desencadenó una prolongada batalla legal y política en la que se han cruzado tutelas, arbitrajes internacionales y pronunciamientos judiciales de alto nivel.
Desarrollo de la intervención
La resolución inicial del 2 de abril de 2024 fue corregida pocos días después y, pese a las críticas de due process, se extendió la intervención hasta abril de 2025.
Durante ese tiempo, un administrador especial designado por la Supersalud asumió el control operativo de Sanitas, removiendo a su junta directiva y reportando mejoras superficiales en flujo de caja mientras persistían demoras en pagos a clínicas y farmacias.
Reacción de Keralty y arbitraje
El grupo Keralty dueño de Sanitas y Colsanitas presentó tutelas en Colombia argumentando falta de garantías procesales y denunció expropiación indirecta ante un tribunal de arbitraje internacional por 1 200 millones de dólares.
Según sus abogados, la intervención no se fundamentó en un análisis riguroso y constituyó un acto arbitrario que pudo dañar la viabilidad de la aseguradora y el acceso a servicios de salud.
Fallo de la Corte Constitucional
El 26 de junio de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional anuló por mayoría las tres resoluciones que respaldaban la intervención, al considerar que se violó el debido proceso y no se ofreció a Sanitas oportunidad real de defensa.
El fallo Sentencia SU-277 de 2025 revocó tanto la orden inicial como sus prórrogas y ordenó remitir el caso a la Sala Especial encargada de vigilar la Sentencia T-760/2008, para asegurar que futuros procesos respeten estándares constitucionales
Actualizaciones y reacciones
En las horas siguientes al pronunciamiento, figuras de la oposición celebraron el fallo como un triunfo del Estado de derecho y reclamaron explicaciones sobre el impacto de la intervención en los afiliados.
Por su parte, Keralty aseguró que la Corte “reconoció la arbitrariedad” de la Supersalud y advirtió que el proceso de arbitraje internacional continuará en marcha.
Implicaciones para el sistema de salud
Esta decisión no solo restituye la autonomía de Sanitas, sino que sienta un precedente para otras EPS bajo vigilancia.
Bajo la sombra de un arbitraje millonario y la tensión entre exigencias financieras y garantías constitucionales, el sector de la salud enfrenta el reto de reconciliar supervisión estatal con estabilidad operativa de los prestadores.
Mientras tanto, los usuarios aguardan que la disputa institucional no se traduzca en nuevas demoras ni afecte la calidad de su atención.
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