Partimos de este interrogante: ¿La cámara corregirá reforma pensional chueca? La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, lidera un equipo de gobierno con el fin de que la reforma pensional supere los dos debates de la cámara de representantes que le faltan antes del 20 de junio, fecha límite para que sea aprobada. Sin embargo, con el misil lanzado por las acusaciones del subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, pone entredicho la legitimidad de la iniciativa por presunta corrupción de trámite.
La Comisión VII de la cámara, integrada por 21 miembros, presidida por la liberal María Eugenia Lopera, debe resolver la agenda política este 8 de mayo para abordar la reforma pensional y no la reforma laboral. La primera tiene urgencia, ya que debería aprobarse en esta legislatura.
La agenda legislativa en torno a la reforma pensional estará afectada por dos hechos. Uno político relacionado con el impacto de las marchas del 21 de abril (21/04) y las del Primero de Mayo, donde por primera vez un presidente de la República caminó cerca de media hora por la Séptima desde la 19 hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá. El otro hecho político es la presunta corrupción política de pago por votos a los presidentes del senado y de la cámara denunciado por Sneyder Pinilla.
El debate
En la primera entrega señalamos que lo aprobado por el senado desnaturalizó la esencia de una reforma pensional integral y sostenible. Se convirtió en un salvavidas a las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) con el cobro adicional de una comisión de 0,7%. Además, de reducir el umbral pensional a 2,3 salarios mínimos.
En nuestro país, la Ley 100 de 1993, creó dos sistemas de pensión. Uno público, denominado régimen de prima media. Consiste en que a través de un fondo común de cotizantes se financia la pensión de las personas que vayan accediendo a ese derecho. El otro son los fondos privados. Estos están estructurados bajo un esquema de ahorro individual. La pensión depende del monto que se haya ahorrado durante la vida laboral. Si la persona tiene una ganancia ocasional, podría consignarla en su cuenta hasta alcanzar la cifra mágica de pensión.
El tema pensional es un asunto que hace parte de las agendas públicas de todos los gobiernos a nivel internacional. Esta acción está motivada por el fenómeno de las bajas tasas de natalidad y el envejecimiento de la población.
Sin embargo, en Colombia, y en otros países de América Latina, se suma otro elemento relacionado con las altas tasas de informalidad y precarización laboral, producto del modelo económico dominante en América Latina liderado por el capitalismo sanguijuela. Un modelo consolidado desde los años noventa basado en una disminución progresiva del número de cotizantes frente a una población cada vez más creciente de pensionados. Esta situación generó un mayor esfuerzo fiscal de los gobiernos para garantizar una pensión digna.
Una reforma regresiva
Con respecto a la afiliación y cotización al sistema, el proyecto de Ley aprobado en el Senado es profundamente antidemocrático y regresivo frente al sistema actual. El hecho de bajar el umbral de la pensión a 2,3 salarios mínimos mensuales es pordebajear el nivel pensional. O sea, que si un obrero se gana 4 salarios mínimos ($5.200.000) promedio los últimos 10 años, la base de su pensión sería 2,3 salarios, o sea, $2.990.000. A esta cantidad se le resta el 3% para gastos de administración. El resto de lo cotizado va al Fondo Común administrado por el Banco de la República.
Por ende, esa eventual situación obligaría a los que huyeron en estampida del régimen privado, devolverse a las fauces de los fondos de pensiones sanguijuelas. Son los mismos fondos que en estos 30 años mostraron su incapacidad para entregar una pensión de vejez digna a sus afiliados cuando solo tienen 326 pensionados. ¿Por qué premiarlos de esa manera? Es la pregunta cierta de los trabajadores conscientes que se resisten a ser parte de la comitiva de aplausos del gobierno. ¿Qué hay detrás de la puerta?
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¿La cámara corregirá reforma pensional?
El presidente Petro trató de suavizar tamaña concesión a los fondos privados. El 24 de abril y en la Plaza de Bolívar el Día de la Clase Obrera propuso que el umbral contributivo se eleve a 4 salarios mínimos. Pero tal planteamiento no de deja de ser demagógico, ya que el acuerdo del senado lo hicieron sus delegados con las bancadas liberal, de la U, Verde y el Pacto Histórico. El gobierno debería tener una mayoría clara de 12 votos en la Comisión VII para sacarla con con el umbral de 4 salarios. Pero si las bancadas liberal y de la U son disciplinadas, deberían confirmar lo votado en el senado que fue un umbral de 2,3. La oposición quiere llevarlo a menos de 2 salarios.
No obstante, ese acuerdo del senado con el gobierno desnaturalizó la propuesta original que presentó en 2022. Se piensa que sería una decisión irreversible, ya que sus aliados liberales y de la U no están dispuestos a retroceder en los acuerdos. Si en la cámara se fuerza un acuerdo por encima de 2,3, seguramente los aliados del Pacto Histórico y del gobierno no van a acompañarlo y se naufragaría la reforma.
El proyecto original
Pero, es preferible que la reforma se hunda antes de que se apruebe un remedo de reforma pensional integral y sostenible. El proyecto se basó en tres pilares delimitados. Primero, el pilar solidario con una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente. Ello cobijaría a las personas que no alcanzan a obtener una pensión.
Segundo, el pilar contributivo para las personas que devengan hasta 4 salarios mínimos. Estos aportarían obligatoriamente al régimen de prima media administrado por Colpensiones. El tercer pilar para personas que tienen ingresos por encima de los 4 salarios mínimos que hacen aportes adicionales al Régimen de Ahorro Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, AFP.
El deber ser
¿La cámara corregirá reforma pensional? Pero la batalla deberá ir más allá. Se debe proponer que la afiliación y permanencia a los fondos privados sea voluntaria. Es decir, que los que quieran arriesgar sus pensiones a futuro, que se afilien a esos fondos sanguijuelas. La inmensa mayoría de la población deberá estar protegida por el fondo público, que ha demostrado eficacia a la hora de entregar una pensión digna a los trabajadores, como se demostró en la entrega anterior.
Lo único verdaderamente obligatorio en esta reforma es que los Fondos Privados devuelvan los recursos que han manejado durante treinta años a los trabajadores. Actualmente administran $400 billones. Al mismo tiempo, se deberá crear un Fondo de Solidaridad de Trabajadores para que los propios cotizantes vigilen y manejen esos recursos. ¿Acaso esto no es poder constituyente ?
Otra gabela a favor de los fondos privados es que seguirán manejando y administrando esos $400 billones que permanecen en sus cuentas. Es llamativo el hecho de que una tercera parte de este dinero está representada en deuda del gobierno nacional. Es decir, recaudan el dinero de los trabajadores y se lo prestan al gobierno con elevadas tasas de interés, y luego les devuelve una miseria a esos mismos trabajadores.
Lo positivo
Finalmente, queremos destacar aspectos positivos de la reforma, como entregar un subsidio del presupuesto nacional a personas en extrema pobreza. Se calcula para 2024 en $223.000. El programa del gobierno del cambio propuso $500.000. O menos semanas para las mujeres. Y un incentivo adicional por tres hijos. No es una propuesta de gobierno sino un fallo de la Corte Constitucional.
Por esa razón, esas prerrogativas debió implementarse de inmediato y no someterse al desgaste legislativo de la reforma. En el caso de las mujeres responde a una sentencia de la Corte Constitucional. En el subsidio a las personas en extrema pobreza, debió implementarlo empezando su gobierno.
Sin embargo, el presidente Petro prefirió resolver “el déficit de papel” del Fondo de Precios de Combustible. Se destinó gran parte del presupuesto nacional a pagar esa “deuda”, antes de empezar a cumplir las promesas de cambio como la de de garantizar una vejez digna a los ancianos.