voxpopuli.digitalvoxpopuli.digital
    Facebook Twitter Instagram
    voxpopuli.digitalvoxpopuli.digital
    • Podcast
    • Videos
    • Análisis
    • Opinión
    • Mi Ciudad
      • Cartagena
    • Mi País
      • Política
    • Crónica
    voxpopuli.digitalvoxpopuli.digital
    Facebook Twitter Instagram
    Opinión

    Mancuso y la impunidad de los crímenes del paramilitarismo con la extradición

    Lilia SolanoPor Lilia Solano22 de mayo, 2020Tiempo de lectura: 6 minutos
    Facebook Twitter WhatsApp
    Comparte
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    El regreso de Mancuso. (Cortesía).

    Salvatore Mancuso regresará a Colombia, después de que el 13 de mayo de 2008 el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, anunciara la extradición a ese país de 14 líderes paramilitares acusados de narcotráfico. Como parte de sus esfuerzos por controlar territorio y rutas de la droga, estos jefes asesinaron a miembros de los movimientos sociales y de la sociedad civil, en general, a quienes percibían como amenazas.

    La extradición

    Aunque las autoridades norteamericanas aseguraron que la extradición no interferiría en los esfuerzos de Colombia de buscar justicia por las atrocidades cometidas, esta medida tuvo consecuencias terribles para las víctimas. En estos términos, la extradición impidió la cooperación de los extraditados en las investigaciones de violaciones de derechos humanos y crímenes en Colombia. El gobierno de Estados Unidos no promovió la cooperación de los extraditados con los procesos judiciales colombianos. Al contrario, propició la impunidad de los crímenes al no incentivar a los extraditados a revelar detalles de sus actos y las identidades de sus cómplices en el ejército, el gobierno, los empresarios colombianos y las corporaciones multinacionales.

    Salvatore Mancuso Gómez fue uno de los líderes más poderosos del alto mando paramilitar.  Mancuso planeó y llevó a cabo muchas de las masacres más sangrientas en Colombia, incluyendo la tortura y masacre, en 1997, de 50 residentes del municipio de Mapiripán. Mancuso ha confesado 477 crímenes con 881 víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento forzado, pero se lo llevaron solamente bajo la acusación de narcotráfico.

    Los miembros del paramilitarismo han masacrado, desaparecido, torturado y violado miles de civiles. Para 2002, período cumbre de la violencia paramilitar en Colombia, los Estados Unidos calculó que el grupo llevó a cabo alrededor del 80% de los asesinatos y desapariciones en el país.

    Justicia y Paz

    En el año 2005, el Congreso colombiano aprobó la Ley 975, la Ley de Justicia y Paz, que les otorgó beneficios a los paramilitares a cambio del desarme, la entrega de sus bienes, y decir la verdad con respecto a las violaciones de derechos humanos que hubieran cometido. Sin embargo, todos los líderes que fueron extraditados eran participantes del programa de la Ley de Justicia y Paz, y habían empezado a revelar detalles de sus crímenes y las identidades de sus cómplices. No obstante, desde su extradición, la cooperación de los paramilitares con la justicia colombiana se estancó.

    Las negociaciones como parte de los juicios entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los extraditados no contienen incentivos para que los extraditados revelen los detalles de sus crímenes y violaciones de derechos humanos. En su mayoría los extraditados han sido sentenciados a penas entre cuatro y 20 años y solo por cargos de narcotráfico. Los comandantes paramilitares actuaron en complicidad con sectores políticos, militares, y empresariales para asegurar el control de las áreas en las que operaban.

    En el 2000, Human Rights Watch documentó, que la mitad de las 18 unidades de brigadas del ejército colombiano colaboraron regularmente con la actividad paramilitar. Oficiales del ejército colombiano participaron directamente en varias masacres cometidas por grupos paramilitares. A cambio de protección política, los militares colombianos trabajaron con los paramilitares para intimidar y asesinar ciudadanos y también para asegurar votos en todo el territorio nacional.

    La extradición y la impunidad

    En la década de los 2000s, varios jefes paramilitares —que fueron objeto de la extradición— afirmaron que ellos controlaban la mayoría del Congreso colombiano. Las empresas nacionales e internacionales que operaban en Colombia le habían otorgado a los paramilitares apoyo financiero y logístico. Después de que Estados Unidos acusara a varios comandantes de narcotráfico en 2002, éstos prometieron un cese al fuego unilateral y entraron en conversaciones con el gobierno colombiano.

    La ley de Justicia Paz, ofreció amnistía y beneficios a cualquier miembro del paramilitarismo, desde soldados rasos hasta los altos mandos. Si los paramilitares cumplían los requisitos contemplados en ese marco legal, pagarían sentencias de cinco a ocho años, independientemente de la severidad de sus crímenes o su rango o rol.

    Según el gobierno, los solicitantes debían proveer información sobre la estructura y jerarquía de la organización, su rango y rol, y confesar sus crímenes. Las víctimas de la violencia paramilitar pudieron atender las audiencias y plantear preguntas a los victimarios. El gobierno colombiano reporta que, en junio del 2009, más de 27,000 víctimas habían participado de 1,836 audiencias.

    En Colombia, los paramilitares tenían las motivaciones de la no extradición a Estados Unidos y sentencias reducidas a cambio de su cooperación. Sin embargo, todo esto fue irrelevante en Estados Unidos, en donde han cumplido sentencias solo por narcotráfico. Por lo tanto, esas extradiciones impactaron de manera muy grave las víctimas del paramilitarismo en Colombia.

    ¿Por qué incumplieron?

    Para asegurar el involucramiento de las víctimas en el proceso de la Ley de Justicia y Paz, las autoridades de los Estados Unidos y Colombia inicialmente habían planeado que los acusados dieran sus testimonios por video-conferencia con la participación de las víctimas, pero las autoridades colombianas cancelaron muchas de las transmisiones citando falta de fondos.

    La extradición establecía que Estados Unidos buscaría la transferencia de los bienes adquiridos de los acusados al Fondo de Reparación de Víctimas. Aunque Estados Unidos ha identificado bienes de 21 de los 30 extraditados, no hay indicios de que oficiales de ese país hayan transferido estos recursos a las víctimas en Colombia.

    El fondo actualmente contiene más de cuatro millones de dólares en bienes de los paramilitares para satisfacer las reclamaciones de las víctimas. Además, las víctimas colombianas no han logrado buscar compensación económica contra los extraditados en los procedimientos legales en los Estados Unidos.

    En teoría, las víctimas pueden recibir una compensación de los extraditados y ser informados de los términos de cualquier acuerdo pactado en las negociaciones como parte de los procesos legales en Estados Unidos y las sentencias bajo la Ley de los Derechos de las Víctimas del Crimen (CVRA). Sin embargo, los responsables se han opuesto a los esfuerzos de las víctimas colombianas y se han negado a reconocerlos como víctimas bajo el estatuto mencionado anteriormente.

    Se facilitó así la impunidad abierta, impunidad organizada entre el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos, que la propició y adelanto. Las víctimas están a la espera de la llegada de los comandantes paramilitares para que cuenten la verdad de los vínculos que tenían con la clase política, con empresarios y militares con sus nombres y apellidos.

    Justicia y Paz la extradición Salvatore Mancuso
    Share. Facebook Twitter WhatsApp
    Lilia Solano

    Artículos Relacionados

    La confesión de Mancuso y su carta

    Artículos Populares
    5 de mayo, 2022

    Guerra Clan del Golfo Vs Salsas. Asesinato de «el Nalga»

    20 de abril, 2022

    Al exonerar la Contraloría a Dumek Turbay, quedó el fantasma de «Madre Laura»

    6 de mayo, 2022

    La muerte de la «Mona» del tinto, en Puerto Colombia

    10 de mayo, 2022

    Sicariato en Decamerón: asesinado fiscal antimafia de Paraguay (I)

    28 de abril, 2022

    Álvaro Uribe Vélez ¿un triste final a lo Fujimori?

    24 de abril, 2022

    ¿Sueño o pesadilla de la posverdad? Foro Canal del Dique

    22 de abril, 2022

    El «efecto teflón»: Petro subió y «Fico» bajó, según nueva encuesta de CNC

    6 de mayo, 2022

    La extradición de «Otoniel» y el paro armado ¿qué significado tienen?

    Lo último
    Análisis
    Análisis Podcast Videos

    Tres hipótesis que desvelarían el crimen del fiscal Pecci. Sicariato en Decameron (II)

    Por Lucio Torres14 de mayo, 2022Tiempo de lectura: 8 minutos

    Son tres hipótesis que se desprende de un análisis de los hechos. La principal hipótesis demostraría que la mafia paraguaya contrató una oficina de cobro colombiana. Esta subestructura, a su vez, utilizaría un sicario venezolano para asesinar al fiscal Marcelo Pecci Albertini. La segunda hipótesis indicaría que este asesinato es un castigo al fiscal por las operaciones contra el lavado de activo y el proceso de captura del crimen organizado del Estado paraguayo. La tercera hipótesis, señala que los investigadores no han construido una ruta cierta del crimen para hallar a sus determinadores. 

    14 de mayo, 2022

    ¡Libertad inmediata! pidió defensa de Gloria Estrada. ¡Todo fue un complot!

    12 de mayo, 2022

    ¡Petro, imbatible! ¿habrá segunda vuelta?

    10 de mayo, 2022

    Sicariato en Decamerón: asesinado fiscal antimafia de Paraguay (I)

    9 de mayo, 2022

    Zona franca de ley común entre Cartagena y Dubai

    8 de mayo, 2022

    Las madres paren hijos para la guerra y la corrupción

    Newsletter

    Suscríbete a nuestra lista de correo

    Recibe directamente en tu correo las últimas noticias de VoxPopuli Digital

    Facebook YouTube Twitter
    © 2022 voxpopuli.digital es una producción de Voxpopuli Corporación.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.