A un nuevo desalojo se ven abocados cerca de 400 campesinos de Santa Ana Magdalena por parte de la alcaldía municipal. Los trabajadores del campo ocupan unos predios que estaban totalmente abandonados y que explotan económicamente como señores y dueños desde hace aproximadamente 6 años. Allí tienen sembrados productos de pancoger, como maíz, yuca, plátano, ahuyama, entre otros. Gran parte de esas tierras tiene medida cautelar por despojo de la Unidad Especial Gestión de Restitución de Tierras, ya que en la región los paramilitares realizaron una contrareforma agraria.
En efecto, la alcaldía de Santa Ana Magdalena tiene programado el nuevo desalojo para el miércoles 14 de julio de 2021 a petición de Olga Licha, vda. de Salomón Ribón Castro. Son 7 predios ubicados en jurisdicción de Santa Ana. Este proceso tiene algunas irregularidades que podrían violarles el derecho fundamental al debido proceso de los campesinos. Al mismo tiempo, las autoridades estarían incurso en prevaricato.
Medida cautelar y nuevo desalojo
La medida de desalojo, al parecer, no tuvo en cuenta que algunos predios se encuentran con medidas cautelares por parte de la Unidad Especial de Restitución de Tierras. Esto podría revictimizar a los campesinos que trabajan esos predios que estaban enmontados.
Por ejemplo, el predio identificado con la matrícula inmobiliaria No 226-7990 tiene 400 hectáreas. Aparece como propietario Salomón Ribon Castro, con cédula de ciudadanía No17.844.513. La medida cautelar cautelar de esta propiedad es la No 0482/2015 de la Unidad Especial Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
En ese sentido, emitió la resolución No 0470 del 12 Agosto de 2015, debidamente registrada en certificado de tradición el 11 de diciembre de 2015 en la última anotación la No 11. Salomón Ribón Castro era el esposo de Olga Licha Bandera, quien ahora solicitó el desalojo de los predios ocupados por los campesinos.
Son 7 predios que tienen un área de 1.321 hectáreas. En su mayoría están a nombre de Ribón Castro y de la empresa Ribón Licha ECS.
Posesión de los campesinos
En este caso, las autoridades deben tener en cuenta la protección especial de las minorías, desplazados, menores de edad, mujeres, adultos mayores que gozan de especial protección constitucional. Aunque un desalojo sea legal, deben cumplir con lo señalado por las medidas de protección, como realizar un plan de reubicación de las personas, un censo, caracterización de la población, entre otras acciones.
De la misma manera, la directiva No 007/2019 de la Procuraduría General de la Nación, reconoce al campesinado colombiano como sujeto de derecho y sujeto de especial protección en los escenarios definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Vale decir, que si los campesinos están usando esas tierras para la economía local y regional y recuperan esos predios para la sociedad, están sujeto a una especial protección.
“Exhortar a todos los funcionarios del Ministerio Público y demás servidores públicos, a que garanticen la promoción, el respeto y la protección de los derechos y de las garantías fundamentales reconocidas a favor del campesinado en la Constitución, la sentencia No C-077 de 2017 proferida por la Corte Constitucional y las leyes 160 de 1994 y 731 de 2002.
Cláusula segunda de la Directiva No 007 de 2019.
En el caso de Santa Ana, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo del Magdalena deben estar vigilantes y atentos frente a la violación de esos derechos constitucionales del campesinado que laboran en esos predios objetos del desalojo. De igual manera la Procuraduría Agraria y Ambiental del Magdalena deben conminar a las autoridades para que cumplan esas directrices, so pena de ser objeto de procesos disciplinarios.
El despojo paramilitar
En la conocida Isla de San Fernando, depresión momposina, operaban las autodefensas comandadas por José María Barrera, alias “Chepe” Barrera, desde la década de los 90. Ejerció mando y poder. Muchas de las propiedades les fueron despojadas a pequeños propietarios y campesinos. Se les acusaba de ser colaboradores de la guerrilla y se les desterraban de sus territorios. El Chepe murió en un accidente de tránsito el año pasado. Solo pagó dos años por los crímenes cometidos en Santana, San Fernando, Pijiño y Talaigua Nuevo.
En 2004, el jefe paramilitar se desmovilizó junto con 47 de sus esbirros en el municipio Santa Ana Magdalena. No entregó las propiedades despojadas. Muchas de esas fincas las puso en testaferratos. Algunas viudas de paramilitares tienen hoy muchos de esos predios, heredados de las fechorías cometidas por sus maridos. Chepe Barrera salió libre en 2006 en atención a la ley de Justicia y Paz. Supuestamente no se le demostró delitos de lesa humanidad. Sin embargo, está documentado que fomentó asesinatos, secuestros, desapariciones y desplazamientos fiorzados. Pero, según Verdadabierta, en 2007 la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio sobre 27 bienes de su propiedad, entre fincas, casas, apartamentos y locales comerciales en Magdalena, Bucaramanga y Bogotá.
Es muy probable que varios de los predios que reclama la vda. Olga Licha hagan parte del delito de testaferrato, puesto que existen varias inconsistencias en la adquisición legal de esos predios por parte de la reclamante.
Restitución de tierras
Según la Fiscalía, 10 de los 21 predios despojados por Chepe Barrera están en Santa Ana.
“Cuando la Fiscalía ordenó su captura en el 2007, la misma entidad aceleró la extinción de dominio de 21 bienes suyos – y de sus familiares – por haber sido adquiridos con dineros provenientes de actividades ilícitas. Sobresale el hecho que la mayoría de inmuebles referidos (10) se encuentran en Santa Ana, municipio en donde los desmovilizados de dicho frente le comunicaron a investigadores del Observatorio la inexistencia de casos de despojo.”
Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria Programa red financiado por Colcienicas
Como es sabido, durante el período paramilitar hubo una contrareforma agraria. La tierra se concentró más. Los jefes paramilitares traspasaron artificialmente esas propiedades a testaferros. Algunos de los cuales son exparamilitares o familiares. Por esta razón, las autoridades competentes deben culminar sus investigaciones para hacer justicia y acabar con la impunidad que reina en Santa Ana y toda esa región del sur del Magdalena y depresión Momposina..
Al final de su carrera como paramilitar, el Chepe Barrera fue cooptado por el jefe paramilitar «Jorge 40». Éste, a su vez, puso a testaferros a custodiar los predios que le despojó a campesinos.
El nuevo desalojo confirma la complicidad estatal
Por otra parte, según el Observatorio de Restitución de Tierra, (Despojo paramilitar en el Magdalena) el proceso de despojo contó con la complicidad de la justicia, el Estado y de grandes empresarios y terratenientes. Muchos de esos predios en Santa Ana están en manos de testaferros. Pero lo sorprendente es que las mismas autoridades siguen prolongando ese despojo sin que las víctimas sean reparadas.
Es así que el desalojo que tiene previsto el alcalde del municipio de Santa Ana, Wilman Bermúdez, es típico del comportamiento consuetudinario de esas autoridades que favorecieron los delitos de lesa humanidad durante el reinado de los paramilitares. Allí están comprometidos jueces, funcionarios públicos, alcaldes, fiscales y notarios.
El testaferrato se consolidó con la actuación impúdica de las autoridades. Esas ventas se blindaron con la participación de agentes del Estado. Utilizaron abogados emparentados con funcionarios condenados, ex paramilitares que prestaron servicios como administradores de las fincas, otros paramilitares que seguían delinquiendo. También participaron congresistas condenados por parapolítica, señala el informe sobre el despojo en el Magdalena.
Los principales actores que ayudaron al despojo de los campesinos fueron alcaldes, concejales, INCORA, INCODER, notarios, y registradores de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. El fenómeno del despojo sigue intacto. Si el alcalde Bermúdez desaloja a los campesinos, podría estar incurso en prevaricato, toda vez que desconocería lo reglamentado en las sentencias y leyes citadas por la directriz de la Procuraduría General de la Nación.
