Así como se tiene la lupa a los nuevos directores seccionales de Fiscalía, se debe hacer con los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los tribunales superiores. Se trata de que la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón exija ética y no estética para el nombramiento de sus nuevos funcionarios. Así aprovechará al máximo esta gran oportunidad para transformar eficazmente la Fiscalía General de la Nación (FGN).
Autor: Lucio Torres
En Barranquilla y Cartagena, las dos ciudades más importantes de la Costa Caribe, está arraigada una corrupción de alta gama desde 1998, época en que el paramilitarismo se tomó los cargos directivos en la Fiscalía y penetró todo el poder judicial. La pregunta para la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón: ¿Revolcón o farsa en el nombramiento de los nuevos fiscales para Atlántico y Bolívar? La respuesta, si bien no es concluyente, permite sospechar que en el Atlántico, con el nombramiento de un funcionario cuestionado, por lo menos, es una farsa y su promesa es incumplida.
Hoy quedó evidenciado que la fiscal Luz Adriana Camargo, quiere hacer un revolcón en la Fiscalía para combatir la corrupción de alta gama anidada desde los tiempos de Luis Camilo Osorio Izasa. Con su nuevo equipo iniciará un remezón de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La corrupción en la Fiscalía es más evidente en esa instancia, porque también investiga a los mismos fiscales.
Los empresarios de la muerte que financieron y determinaron masacres, homicidios y desplazamientos forzados en la Costa Caribe entre 1998 y 2003 se están muriendo, pero de viejo. Es el caso de Alfonso Macías Vargas, quien, con su hijo Alfonso Macías Azuero, presuntamente, removieron con buldozer la fosa común para desenterrar 12 cadáveres de personas que asesinaron y torturaron en el pequeño holocausto de su finca El Potosí. Los Intocables siguen delinquiendo y la Fiscalía General de la Nación (FGN) y el poder judicial lo saben. Una explicación de esa impunidad sería el hecho de que los abogados defensores de esos genocidas, hoy son altos funcionarios del poder judicial que obstruyen la verdadera justicia.
¿Está en desacato la Serrezuela para demoler parte del restaurante Andrés Carne de Res? ¿Por qué razón el IPCC se está haciendo el de la vista gorda para ejecutar una decisión administrativa ejecutoriada que cumplió todos los pasos del debido proceso?
«El Congreso es popular o espera los aplausos de los bandidos», fue la sentencia central del discurso del presidente Gustavo Petro en el lanzamiento de los Equipos Básicos y Cabildo de Salud realizado hoy en Cartagena. Mientras el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, atacaba de frente al «cartel del ibuprofeno de las EPS» y se ganaba los aplausos de los presentes, el mandatario de los colombianos lanzaba un petardo contra el congreso que le negó la reforma de salud el pasado 3 de abril.
A juicio Álvaro Uribe Vélez, expresidente, exsenador, exgobernador y exalcalde y máximo jefe de la extrema derecha colombiana. Al parecer, más de 40 años en el crimen, delinquiendo y evadiendo la justicia desde cuando (1982) el gobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno, lo nombró alcalde de Medellín por su relación con el naciente cartel del narcotráfico. Ninguna autoridad judicial se atrevió a llegar tan lejos como hoy, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, lo hizo el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Iván Villarreal Pava. En efecto, el fiscal libró resolución de acusación contra…
«El Vómito prieto» (devolver los $200 mil millones) tiene dos cuentos y una historia verdadera, al decir del rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún Castillejo. Uno contado por Ecopetrol sacado de las artimañas jurídicas. El otro es la acción de cumplimiento que favoreció en 2007 a la Universidad de Cartagena en primera y segunda instancia. La historia verdadera dice que realmente el deudor es Ecopetrol y no la universidad 101° de América Latina y 1.201° del mundo, con más de 100 doctores, según el World University Rankings 2024.
¿«Acto heroico»? La clase política puso a los colombianos frente a una falsa disyuntiva: salvar las Eps o hundir la reforma a la salud. El pulso político al interior de la Comisión VII del senado, como ya se sabe, se definió a favor de hundir la tan accidentada reforma que se llevó a 5 ministros. Al mismo tiempo, el gobierno se acordó que tenía Ministerio de Salud y, además, Superintendencia de Salud, las cuales soltó como perros tras la presa putrefacta del sistema.
Hoy quedó radicada la demanda por pérdida de investidura ante el Consejo de Estado contra 5 miembros de la Comisión VII que estudia la reforma de la salud. La demanda está debidamente motivada por el presunto conflicto de intereses, debido a la relación impropia de esos parlamentarios con las empresas Keraly S.A.S, y el Grupo Bolívar.