Plan Nacional de Desarrollo representa una amenaza para los colombianos

La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), como órgano receptor de información relacionada con conflictos, ha asegurado que no es fácil hablar y construir paz, donde aún existe violencia, lugares perturbados por la presencia de grupos subversivos, sujetos que no  tienen la voluntad de deponer las armas por miedo a perder sus interés.

Por la búsqueda de la verdad, la reconstrucción de la memoria y la defensa de la paz,  la JEP, crítica que el Estado, tenga recursos para invertir en compras de armas, en apoyar invasiones a naciones  vecinas y  en fortalecer a la corrupción, obviando sus verdaderas prioridades. Que deben ser la reparación económica, política y simbólica, de quienes han sido victimas del conflicto armado. 

Lo expresó Deysi Aparicio, vicepresidenta del Consejo Nacional de Paz,  Reconciliación y Convivencias.

De igual modo, rechaza categóricamente, ciertos puntos del Plan Nacional de Desarrollo, por considerarlo una amenaza para ciudadanía, y por evidenciar el «empobrecimiento de todos los colombianos, ya que induce al hurto de las pensiones de los trabajadores y por tener marcada la ausencia de los derechos básicos de la gente», dijo la líder. 

Un Plan de Desarrollo debe estar abultado por la presencia de todos, desde el ciudadano común, hasta el personaje más representativo del gobierno, articulando para el mejoramiento del país y sus habitantes. Lo planteó Aparicio.

Otra negativa del plan es que no contempla la actualización y reforma a la ley de victimas y deja a un lado los derechos de quienes han sido victimas del desplazamiento forzado. 

Según,  los involucrados en el tema, la orden, es consolidar la paz, consolidar el acuerdo suscrito en la Habana, en el Teatro Colon en Bogota y en la ciudad de Cartagena. 

Es imperativo preocuparse por dignificar a las personas que viven zonas rurales, a que tenga acceso a los servicios vitales del ser humano, a hacer una verdadera reforma rural en todos los departamentos del país.

Proteger las garantías de los maestros a la hora de ejercer sus funciones, en zonas conflictivas, garantizar la integridad de los lideres comunitarios y blindar a todos los colombianos del mal que arroja la miseria. Debe constituir el verdadero enfoque del Gobierno Nacional.