La Refinería de Cartagena (Reficar) enfrenta un episodios críticos de su historia reciente. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) emitió una resolución de cobro coactivo por una presunta deuda de 1,3 billones de pesos, correspondiente al IVA del 19 por ciento que la entidad pretende cobrar de forma retroactiva sobre la importación de combustibles al país.
De acuerdo con la Dian, esta suma estaría relacionada con el IVA no pagado durante los años 2022, 2023 y 2024, por operaciones de importación de gasolina y ACPM desde la zona franca permanente al territorio aduanero nacional.
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“El IVA no aplica”
La refinería sostiene que no existe obligación legal de pagar este impuesto, puesto que las importaciones de combustible realizadas desde zona franca están excluidas del IVA por norma expresa. Según fuentes jurídicas de la empresa, la Dian estaría desconociendo el régimen especial de exclusión tributaria que rige para la operación de zonas francas industriales de hidrocarburos.
En total, la autoridad tributaria ha presentado seis requerimientos especiales aduaneros para los períodos comprendidos entre 2022 (parcial) y 2024, con sus respectivas sanciones e intereses.
La decisión de cobro forzoso implica que la Dian podría embargar las cuentas bancarias de Reficar en los próximos días, una medida que —según fuentes técnicas— podría paralizar la operación en un plazo de entre 7 y 18 días.
Riesgo de desabastecimiento nacional
La situación es de alta gravedad: si Reficar detiene su producción, el país enfrentaría un riesgo inmediato de desabastecimiento de gasolina, diésel y combustible para aviación (Jet A-1).
Reficar tiene una capacidad de refinación de 210.000 barriles diarios y abastece en un 100 por ciento la demanda de la Costa Caribe. Además, produce el 54 por ciento del ACPM y Jet que se consume en Colombia.
Una parálisis de la planta implicaría que la Costa Atlántica quedaría sin suministro en menos de dos semanas, con impacto directo sobre la movilidad, el transporte de alimentos y la logística portuaria, extendiéndose luego a todo el país.
“Existe un riesgo inminente de que la Refinería se vea en la obligación de cesar por completo sus operaciones en tan solo siete a once días calendario, poniendo en grave peligro el suministro de combustibles y la soberanía energética nacional”, señala el documento de tutela.
Dos tutelas para frenar la crisis
Ante la inminencia del embargo, Reficar interpondrá en las próximas horas una acción de tutela, mientras que la Unión Sindical Obrera (USO) presentará otra de manera paralela. Ambas buscan proteger los derechos fundamentales amenazados por la medida de la Dian.
En el caso de Reficar, la tutela argumenta que el cobro y posible embargo vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad de empresa y a la protección del trabajo de más de 2.300 empleados directos y cientos de contratistas.
La USO, por su parte, centrará su acción en la defensa del derecho al trabajo y la estabilidad laboral, advirtiendo que una suspensión forzada pondría en riesgo miles de empleos directos e indirectos, además de afectar la seguridad energética nacional.
“Esta no es solo una discusión contable. Es una cuestión de soberanía. Si Reficar se detiene, el país se apaga”, dijo una fuente sindical a VoxPopuli Digital.
Un conflicto de interpretación legal y económica
La controversia tiene su origen en la interpretación del régimen de zonas francas. Mientras la Dian argumenta que la importación de combustible desde zona franca al territorio nacional constituye un hecho generador del IVA, Reficar sostiene que esas operaciones forman parte de un proceso industrial exento y que, en ningún caso, la norma autoriza el cobro retroactivo.
Expertos en derecho tributario consultados por este medio consideran que la medida de la Dian podría ser desproporcionada, pues el cobro retroactivo de tres años “carece de fundamento jurídico claro y desconoce el principio de confianza legítima” reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Además, un embargo inmediato sin decisión judicial previa podría interpretarse como una violación del debido proceso administrativo, al no existir aún una resolución definitiva sobre la procedencia del impuesto.
Una medida con alto impacto político
Fuentes cercanas al Gobierno admiten que el caso ha generado tensión entre el Ministerio de Hacienda y Ecopetrol, socio mayoritario de Reficar, por las repercusiones económicas y reputacionales que tendría una suspensión de operaciones.
La medida también pone en entredicho la coherencia de la política energética nacional, que busca fortalecer la autosuficiencia del país en refinación y combustibles, mientras una decisión administrativa podría dejar inactiva la refinería más moderna de América Latina.
“Es una contradicción profunda: el Estado, a través de una entidad, amenaza con paralizar una empresa estratégica que también es del Estado”, advirtió un analista consultado.
Riesgos de crisis energética
De cumplirse los embargos, en cuestión de días podrían detenerse las plantas de destilación, craqueo y conversión, con costos millonarios y daños técnicos que tomarían semanas en revertirse.
Los expertos alertan que el país no cuenta con reservas suficientes ni capacidad de importación inmediata para reemplazar la producción de Cartagena.
Además, el cierre de Reficar afectaría la cadena logística de Ecopetrol, los aeropuertos del Caribe y las centrales térmicas que dependen del suministro continuo de combustible.
Una mirada más allá de la cifra
Más allá del litigio fiscal, este caso revela la fragilidad institucional del Estado colombiano, donde las decisiones técnicas carecen de visión estratégica sobre el interés nacional. Si la justicia no actúa con sensatez y equilibrio, el país podría enfrentarse a una crisis energética, laboral y social sin precedentes.
Reficar y la USO buscan ahora en los estrados lo que la política no resolvió en los despachos: la protección de la soberanía energética, el derecho al trabajo y el respeto al debido proceso.
Lo que sigue
Las tutelas serán radicadas en las próximas horas. De ser admitidas, los jueces deberán pronunciarse sobre la suspensión de los efectos de la resolución coactiva de la Dian. Si la justicia falla a favor de Reficar y la USO, la refinería ganaría tiempo para defender su posición jurídica y evitar el colapso operacional.
En caso contrario, Colombia podría enfrentar en menos de tres semanas la mayor crisis energética y laboral de los últimos 20 años.