Con la identificación de un patrón criminal en la instrumentalización de Serfinanza y Valorcon para el lavado de activos, dentro de la investigación contra el «rey» Arturo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está a punto de desbaratar un ciclo perverso que se recicla en cada elección popular en Barranquilla y el Atlántico. Se trata de uno de los entramados más criminales, peor que Odebrecht. Las evidencias indican que en las elecciones populares los Char y sus socios capturan ilegalmente —con dineros lavados de la corrupción— al Distrito y a la gobernación para quedarse con sus presupuestos. Además, emiten actos administrativos (proyectos de desarrollo) tendientes a enriquecer a los dueños de esas empresas.
Mientras tanto, en la tarde de hoy se conoció que la Corte Suprema de Justicia aceptó la solicitud de la defensa del expresidente del senado para que se le escuche en declaración ampliada el 25 y 26 de septiembre en la sede de esa corporación.
El círculo de la perversidad
En estos procesos judiciales contra el Califato Char—Daes está demostrado que Serfinanza es el banco de la mafia. Es el mismo patrón criminal usado por el Cartel de Cali para lavar sus activos con el banco First Interamericas Bank—FIB de Panamá procedentes del narcotráfico. Las autoridades demostraron que ¡lavaron 46 millones de dólares! a través del Banco Cafetero. Por esta razón, el FBI, la agencia federal de inteligencia de los Estados Unidos, debe tener en la mira a Serfinanza como a Corficolombiana de Luis Carlos Sarmiento que debió pagar al tesoro gringo la suma de 40 millones de dólares por el caso de Odebrecht. Ahora, la Corte Suprema de Justicia, con ocasión de la corrupción al electorado demostrado con el caso de Aida Merlano y de Arturo Char, dirigió sus faroles a Serfinanza y Valorcon.
Por tanto, la corrupción al electorado es un ciclo perverso que tiene como fuente financiera a Serfinanza. Convirtieron las elecciones en un vehículo perfecto para perpetuar el entramado criminal. Este se consolida con la contratación pública adjudicada a una red de empresas y firmas de papel que siempre se quedan con las licitaciones y la contratación directa. Luego, en la época electoral, esos dineros también son usados para crear una red de «Casa Blanca», como la que cayó en el allanamiento que hizo la Sijín el 11 de marzo de 2018, hecho que le sirvió a la Corte para condenar a la exparlamentaria Aida Merlano y meter preso al «rey» Arturo.
La Corte le echó el ojo a Serfinanza y Valorcon
Tres meses antes de las elecciones, los Char y sus compinches montan las sedes de su empresa criminal, cuyo único objetivo es comprar al electorado. Como necesitan dinero en efectivo y debidamente legalizado, generalmente usan al Banco Serfinanza. Para esto, los contratistas estatales, prestamistas y financistas electorales hacen prestamos a Serfinanzas. Por ejemplo, dentro del proceso contra Aida Merlano, está demostrado que su Sugar Daddy, Julio Gerleín, contratista y financista electoral, le “invirtió” $12 mil millones para su elección a senado y la de sus formulas a la cámara. Mitad de ese dinero se lo “prestó” a Serfinanza. La otra mitad la justificó con Valercon, su firma constructora.
En una grabación aportada a la Corte Suprema de Justicia por la misma Merlano Rebolledo, Gerleín admite que recibió el préstamo de Serfinanza. En tanto que la misma Merlano aportó un pagaré a la Corte Suprema de Justiciado que le hizo firmar esa entidad financiera por un préstamo para las elecciones de 2018. La entidad emitió un comunicado donde solo manifiesta que sus actividades son legales:
“En cumplimiento de la regulación aplicable, (Serfinanza) realiza rigurosamente el proceso de vinculación y conocimiento del cliente, reforzado en créditos a aspirantes a cargos de elección popular, cumpliendo rigurosamente con todos los requisitos exigidos por la ley para este tipo de operaciones y reportando a los entes correspondientes el detalle de cada operación”.
Magistrado Farfán, enfóquese en Serfinanza
No solo la condenada Aida Merlano fue usuaria de Serfinanza. Político que se respete en Barranqquilla y Atlántico debe abrir una cuenta en esa entidad. La pregunta ¿es préstamo o pago de coima de los apoyos electorales? De acuerdo a la información que ya está en manos de las autoridades, en la contienda electoral cada aspirante recibe un préstamo. Este se determina no por la capacidad de pago. No. Al cliente solo se le mira su capacidad de votos. De acuerdo al potencial electoral y a la señal dada por el jefe del entramado de corrupción, cada aspirante recibe un cierta cantidad.
Los políticos que han sido beneficiados con “préstamos bancarios”, entre otros, son: Alejandro Char, recibió en 2015 la suma de $700 millones. Los senadores Andrés García Zuccardi $400 millones, Laureano Acuña Díaz (el Gato Volador) $400 millones, José David Name $300 millones, Luis Eduardo Diaz-Granados Torres $269 millones. En tanto que los representantes Alonso José del Río $300 millones$ y Cesar Augusto Lorduy $300 millones (hoy magistrado del CNE). Esto corresponde la la legislatura 2018-2022.
En estos momentos la Corte Suprema de Justicia debe establecer si esas transacciones financieras son legítimas o corresponde a transacciones para pagar favores electorales, como lo indica el testimonio de Aida Merlano dentro del proceso contra Arturo Char y Alejandro Char. Ella aportó como prueba los pagarés de que efectivamente había recibido ese dinero.
Las denuncias contra Serfinanza y Valorcon
Para el abogado barranquillero Renzo Montalvo Jiménez, a Serfinanza se le debe aplicar la extinción de dominio bajo el principio de enajenación temprana, tal como la SAE se lo aplicó al 85% de las acciones de INASSA que tenía en la Triple A. Acciones que fueron compradas por William Vélez Sierra (denunciado por Mancuso ante la JEP por financiador del paramilitarismo) y Cristian Daes, quien al parecer fue condenado en los Estados Unidos por lavado de activos asociado al cartel de Cali.
Efectivamente, está demostrado en varios procesos judiciales que ese banco es usado para lavar activos procedentes de la corrupción político-administrativa. Para mostrar un ejemplo del carrusel financiero de Serfinanza, mostremos el primer caso evidente. El mismo Montalvo presentó una de esas denuncias ante la Corte Suprema de Justicia. Estas pruebas no solo aparecen en los procesos contra Arturo Char sino también contra Alejandro Char (Fiscalía) y su padre, Fuad Ricardo Char Abadala, ante la Corte Suprema de Justicia, ya que actúo como senador en el momento del presunto ilícito.
“El Senador ARTURO CHAR CHALJUB, en su condición de servidor público, por interpuesta persona, SERFINANZA S.A. (empresa financiera de su familia y de la cual es socio), celebró contrato de cesión de derechos económicos, N° 051 del 22 de diciembre de 2008, ante el INCO. Este suscribió contrato con el Consorcio PM INTERVENTORÍAS (80% Ponce de León, 20% Miguel Nule), cuyo objeto fue la Interventoría técnica, jurídica, administrativa, operativa y financiera al contrato de concesión N° 003 de 2006 celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones y la Concesionaria Desarrollo Vial de Nariño S.A”.
Renzo Montalvo Jiménez.
El patrón criminal de Serfinanza y Valorcon
Como se recordará, en aquella época Alejandro Char era un fracasado constructor que lo llevó a la ruina la quiebra del Grupo Nule. Su padre tuvo que pagar $20 mil millones a la Contraloría General con el fin de que le bajaran la sanción que tenía para poderse inscribir como candidato a la alcaldía de Barranquilla, cargo que ganó en 2010. Se posesionó como alcalde siendo contratista de la DIAN. El Grupo Nule, del cual hacía parte Alejandro, fue intervenido por la Supersociedades. Cuando, le cedió el 100% de los derechos económicos a SERFINANzA. dejó sin dinero a las sociedades en liquidación. Más de $400 mil millones se tumbaron los bisoños delincuentes de cuello blanco que se hicieron pasar como exitosos magnates de la construcción. Captaron mucho dinero del público como si fueran una pirámide. ¿Qué papel tuvo Serfinanza en este multimillonario tumbe?
En cuando a la compra y venta de votos, se creó un patrón criminal. Observamos que siempre está Serfinanza y una empresa contratista del Estado. En este caso de Aida Merlano, existen pruebas de la relación Serfinanza y Valorcon de Julio Gerleín Echeverría. Diseñan falsos contratos con terceras personas para lavar el dinero que luego transfieren a sus socios en forma de préstamos, tanto para pagar coimas como para comprar votos. Estos socios contratistas le pagan a Serfinanza, una vez reciban los anticipos de las obras contratadas, ya sean del Distrito, la gobernación o de la nación.
El patrón criminal de Serfinanza y Valorcon
En consecuencia, este patrón es el mismo descubierto con el caso de Odebrecht y Corficolombiana del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento. De acuerdo a la justicia norteamericana, la entidad financiera fue utilizada para pagar falsos contratos suscritos con subcontratistas de Odebrecht. A uno de estos contratistas, socio del actual candidato a la alcaldía de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, hermano de Arturo, (¿coincidencia?) la Fiscalía le imputó varios cargos criminales: lavado de activos y concierto para delinquir. Se trata de Javier Torres Vergara, dueño de Torrosa, una de las principales firmas contratistas favorecida con multimillonarios contratos del Distrito de Barranquilla, desde que llegó a la alcaldía su socio Alex Char.
Serfinanza, ¿el banco de la mafia para lavar activo?
Una fuente de Barranquilla, le dijo a VoxPopuli Digital que tiene las pruebas de que esa empresa de construcción, de facto, es del mismo Alejandro Char. En noviembre de 2014, Torres Vergara recibió $9.400 millones de pesos que supuestamente Odebrecht le pagó por un falso contrato que nunca ejecutó Torrosa.
Por tanto. Serfinanza es el banco instrumentalizado para lavar el dinero de la corrupción y, al mismo tiempo, comprar a los políticos y al electorado en cada elección. Son dineros sucios que lavan mediante contratos con el Estado o préstamos a los contratistas estatales. Por ejemplo, en grabación que fue aportada por Aida Merlano como prueba, se escucha a Julio Gerelin Echeverría, su Daddy Sugar, reconociendo que Serfinanza le prestó parte de ese dinero.
Las pruebas de Rafael Rocha, destronarían al «rey» Arturo y a Alejandro Char
La principal protagonista de esta novela de delincuentes de cuello blanco es sin duda Aida Merlano Rebolledo. Ella fungió como la figura de decoración de los Char, Gerlein, luego de pasar su primeros años de maridaje con Carlos Rojano Llinás. Pero también está uno de los miembros de su UTL en la cámara de representantes, Rafael Rocha Salcedo.
El patrón criminal para el manejo de los dineros malhabidos, que se puede descubrir en este caso de Aida Merlano y Arturo Char, es el mismo usado por Odebrecht y Corficolombiana. El instrumento financiero instrumentalizado fue Corfinanza. La empresa contratista del Estado para financiar a la Merlano es Valorcon. Es decir, que a Serfinanza y Valorcon se le debe aplicar la enajenación temprana, tarea de la SAE.
La primera es el banco de los Char, y, la segunda la firma constructora de los Gerlein Echeverría. En atención con el acervo probatorio existente en el proceso contra el «rey» Arturo Char Chaljub, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) identificó esas dos fuentes financieras para corromper al electorado barranquillero y atlanticense. Así se captura al Estado. Luego lo ponen a su servicio vía contratación pública y actos administrativos tipo sastre. Es decir, a la medida e intereses de los Daes Abuchaibe, los Char, Pumarejo, De la Rosa, Jácome de la Peña, Abondano, Cure, delincuentes de cuello blanco del Contry Club de Barranquilla.
Así se edificó el imperio del Califato Daes—Char. La caída de Casa Blanca es el principio del fin. El núcleo para lavar activos es Serfinanzas y un entramado de firmas contratistas que siempre se quedan con las licitaciones y la contratación directa de Barranquilla y el Atlántico. Desde estas dos fuentes se originaron los dineros sucios para comprar los votos y financiar las campañas electorales de políticos corruptos que son empaquetados con el fin de apoderarse del presupuesto oficial mediante la contratación pública.