El sur de Bolívar enfrenta una grave emergencia humanitaria tras 15 días de intensos enfrentamientos entre el ejercito de liberación nacional (ELN) y el Clan del Golfo. Los combates han dejado a más de 5.000 personas confinadas, sin acceso a alimentos, gasolina, ni atención medica, y han desencadenado una crisis que ya supera la capacidad de respuesta de las autoridades locales.
Los municipios de Montecristo, Arenal, Cantagallo y Santa Rosa del sur son los más afectados. Allí, comunidades enteras permanecen atrapadas, sin posibilidades de desplazamiento, en medio del fuego cruzado. En el corregimiento de La Marizona, por ejemplo, los habitantes llevaban más de doce días completamente aislados.
La defensoría del pueblo advirtió que el desabastecimiento de alimentos se agrava cada día y exigió a los grupos armados cesar cualquier acción que ponga en riesgo a la población civil. “Instamos al respeto por la vida, la integridad y la movilidad de las comunidades”, expresó la entidad en un comunicado público.
La escalada violenta comenzó hace más de dos semanas, cuando el ELN decretó un paro armado en la región y reactivó su confrontación directa con el Clan del Golfo, con quien disputa el control del territorio. La situación se complicó aún más con la aparición de disidencias de las Frac bajo el mando de alias “Calarcá”, que también buscan acceso a rutas estratégicas hacia el Catatumbo y la frontera con Venezuela.
Hasta el momento, los combates han dejado al menos seis militares heridos por un dron cargado con explosivos y un soldado muerto. Aunque el Ministerio de Defensa reporta avances en la recuperación de corredores viales como el que conecta Santa Rosa con el corregimiento de Canelos, la violencia no ha cesado.
Declaraciones sobre la crisis humanitaria en el Sur de Bolívar
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señalo que el ELN ha recurrido al uso de drones para desabastecer e incomunicar a las comunidades, en un intenso por reforzar su control sobre la minería ilegal, una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados. Además, confirmó que las Fuerzas Militares y de Policía permanecerán en la zona, desarrollando operaciones ofensivas para restablecer el orden y garantizar la seguridad.
Como parte de esa estrategia, el Comando General de las Fuerzas Militares envió 300 soldados y anunció el despliegue de 10 pelotones adicionales para enfrentar a los cerca de 600 hombres en armas que operan en la región. También se completan nuevas acciones con apoyo de la Armada Nacional y la Fuerza Área, así como el uso de herramientas tecnológicas para ubicar campamentos ilegales y neutralizar operaciones criminales.
El gobierno departamental de Bolívar reconoció estar sobrepasado. “Nos han dejado solos sin las herramientas para enfrentar esta situación tan compleja. Las alcaldías y gobernaciones no tienen autoridad sobre las Fuerzas Militares. Esa responsabilidad recae sobre el presidente y el Ministerio de Defensa”, advirtió Manuel Berrío, secretario de Seguridad del departamento.
Por su parte, la Defensoría del pueblo y líderes sociales insisten en que la solución no puede limitarse al uso de la fuerza. El defensor Álvaro Schorboth llamó a los actores armados a respetar la vida de la población civil y pidió al Gobierno Nacional impulsar acciones humanitarias urgentes y caminos de reconciliación duraderos.
En medio del conflicto, cientos de familias piden auxilio, mientras las operaciones militares continúan. El sur de Olivar sigue esperando atención integral, protección y sobre todo, el cese de la violencia.