Desde este lunes 9 de junio, una nueva proclamación presidencial firmada por Donald Trump prohíbe el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos provenientes de 12 países y restringe el acceso desde otros siete. La medida, que apunta a “proteger al país de terroristas extranjeros”, ya está en vigor y podría tener consecuencias humanitarias y económicas.
La proclamación, titulada “Restricción de la entrada de extranjeros para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”, no es una orden ejecutiva, pero tiene efectos similares. Según la legislación estadounidense, este tipo de disposiciones no requiere la aprobación del Congreso, aunque deben estar respaldadas por las facultades legales del Ejecutivo.
La decisión prohíbe de forma total la entrada de ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. La prohibición aplica sin excepciones por motivo de viaje, salvo si el Departamento de Estado considera que la entrada responde a un interés nacional.
¿Te interesa? ¿Dios eligió a Trump o los miedos y la ambición?
A esta lista se suman restricciones parciales para ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. En estos casos, se impondrán controles migratorios más estrictos y criterios más exigentes para la obtención de visados. El acceso dependerá del perfil del solicitante: empresarios con recursos tendrían más posibilidades que turistas o estudiantes.
Excepciones y grupos exentos
La medida contempla una serie de excepciones. Podrán ingresar al país los titulares de residencia permanente (Green Card), ciudadanos con doble nacionalidad (si una es estadounidense), atletas y entrenadores que compitan en eventos internacionales, así como diplomáticos y representantes de organismos internacionales.
También están exentos los ciudadanos afganos con visas especiales por haber trabajado para EE. UU. o la ISAF, ciudadanos iraníes pertenecientes a minorías perseguidas, familiares directos de ciudadanos estadounidenses, hijos adoptivos y algunos empleados del gobierno estadounidense con al menos 15 años de servicio en el extranjero. Las personas que hayan sido admitidas previamente como refugiadas o asiladas tampoco se verán afectadas.
Impacto social y críticas
La medida podría golpear especialmente a los países más pobres de la lista, como Haití y Yemen, que dependen económicamente de las remesas enviadas por sus ciudadanos en el extranjero y de los vínculos comerciales con Estados Unidos.
Organizaciones de derechos humanos han calificado la decisión como racista y discriminatoria. Advierten que miles de personas en situación vulnerable, incluidos refugiados y solicitantes de asilo de zonas en conflicto, perderán el acceso a los programas de protección humanitaria del país.