La administración Trump vuelve a sacudir el panorama migratorio en Estados Unidos. Esta vez, con una medida que ya genera temor y polémica: quitar la ciudadanía a migrantes naturalizados que hayan cometido delitos civiles. Sí, leíste bien.
Un memorando interno del Departamento de Justicia, fechado el 11 de junio, ordena a fiscales federales priorizar estos casos. ¿Los motivos? Desde fraude en programas públicos como Medicaid hasta crímenes sexuales, pasando por terrorismo, crímenes de guerra y tráfico de personas. El punto clave: no hace falta que sea un delito penal. Con un delito civil, basta.
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La movida se ejecuta por la vía civil. ¿Qué significa eso? Que los inmigrantes acusados no tienen derecho a un abogado gratuito, y el Gobierno solo necesita probar el caso “por mayoría de evidencia”. O sea: mucho más fácil de ganar para las autoridades.
En el papel suena como una política para castigar a criminales. Pero ya hay voces que alertan sobre otra cosa: el uso discrecional, el sesgo político y el peligro de crear ciudadanos de “segunda clase”. Y más si se tiene en cuenta que esto afectaría potencialmente a más de 25 millones de personas naturalizadas.
Un caso que ya asusta
Elliott Duke, un veterano del ejército naturalizado, fue despojado de su ciudadanía por un crimen cometido antes de su naturalización. Y hay otros bajo investigación sin que siquiera hayan sido condenados, como Zohran Mamdani, político en Nueva York, que fue señalado por “vínculos con terrorismo” sin pruebas.
La pregunta es: ¿cuántos más podrían caer? ¿Y con qué criterios?
¿Un paso atrás en derechos?
Expertos ya lo advirtieron: esta política abre la puerta a abusos, arbitrariedades y hasta represalias políticas. Además, impacta directamente en familias mixtas: hijos nacidos en EE. UU. que podrían quedarse sin sus padres si estos pierden la nacionalidad.
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Trump va por todo
Esta medida no llega sola. Forma parte de una ofensiva migratoria más amplia que marca el nuevo mandato de Trump: eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, intensificar las deportaciones masivas y, ahora, acelerar la desnaturalización de migrantes naturalizados. Un paquete de reformas que busca redefinir quién tiene derecho a ser estadounidense.
Y mientras el Departamento de Justicia se enfoca en estos casos, millones de ciudadanos naturalizados se preguntan hoy si su estatus es realmente seguro.
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