La reforma a la salud propuesta por el presidente Gustavo Petro ha encendido uno de los debates más candentes en Colombia. Presentada como una solución estructural a la crisis del sistema sanitario, la iniciativa enfrenta tanto elogios como críticas feroces. ¿Es esta la revolución que el país necesita o una apuesta arriesgada que podría hundir el sistema?.
Contexto de la reforma
Desde su llegada a la presidencia, Gustavo Petro ha insistido en desmontar el actual modelo de salud basado en las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Su propuesta busca eliminar la intermediación financiera de estas entidades y fortalecer la atención primaria. Según el gobierno, esto garantizaría una cobertura más equitativa y acabaría con la corrupción.
La reforma fue presentada el 13 de febrero de 2023 por la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho. Tras múltiples debates y modificaciones, el 6 de marzo de 2025 la Cámara de Representantes aprobó el proyecto con 95 votos a favor y 2 en contra. Ahora, la Comisión Séptima del Senado tiene en sus manos el futuro de la iniciativa.
El plan del gobierno es transformar las EPS en simples gestoras de salud, eliminando su rol como aseguradoras. En su lugar, el Estado asumiría el control total del sistema a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Además, se establecerían Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) para descentralizar y mejorar el acceso a los servicios médicos.
El Debate: ¿Solución o profundización de la crisis?
Lo que promete la reforma
- Acceso equitativo y sin barreras: La propuesta busca garantizar que todos los colombianos, sin importar su nivel socioeconómico o ubicación, reciban atención médica de calidad.
- Fin de la corrupción en el sector: Las EPS han sido acusadas de desvío de fondos y mala administración. Con el Estado manejando los recursos directamente, se espera mayor transparencia.
- Atención primaria fortalecida: La creación de los CAPS pretende aliviar la presión sobre hospitales y clínicas, permitiendo diagnósticos y tratamientos oportunos.
- Distribución justa de los recursos: La centralización en la ADRES busca evitar que el dinero de la salud se utilice para generar ganancias privadas.
Las sombras del proyecto
- Una transición llena de incertidumbre: El desmonte de las EPS podría generar caos en la atención médica si no se implementa de manera gradual y efectiva.
- Burocracia y riesgo de ineficiencia: La administración estatal de los recursos podría convertirse en un cuello de botella, retrasando pagos y colapsando hospitales y clínicas.
- Resistencia de las EPS y hospitales privados: La reforma ha encendido alarmas en el sector, con voces que advierten sobre la quiebra de instituciones y el éxodo de médicos.
- Dudas sobre la sostenibilidad financiera: Sin un modelo de aseguramiento privado, la carga económica recaería completamente en el Estado. ¿Podrá el país sostenerlo sin comprometer la calidad del servicio?
¿Por qué no se ha aprobado?
El proyecto enfrenta una feroz oposición en el Congreso, incluso entre sectores que tradicionalmente apoyan al gobierno. La crisis de gobernabilidad y la renuncia de ministros clave han debilitado el respaldo político necesario para su aprobación. Además, los gremios de la salud han advertido sobre el impacto negativo que podría tener la eliminación de las EPS sin un plan de transición claro.
La reforma a la salud de Gustavo Petro se encuentra en un punto de inflexión. Sus defensores la ven como la oportunidad histórica para reparar un sistema desigual y corrupto, mientras que sus detractores alertan sobre los peligros de una improvisación con consecuencias irreversibles. En un país donde la salud es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, el desenlace de esta reforma podría definir no solo el legado de Petro, sino también el futuro del acceso a la salud en Colombia.