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La libreta maldita y amarillenta de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, se la entregó a la Corte Suprema de Justicia en su declaración del pasado 25 de junio del 2024, según la filtración de Caracol Noticias. En esa libreta maldita, presuntamente, hay una trazabilidad física de la alta corruptela del gobierno central para sobornar a congresistas de diferentes colores y financiar al ELN que se encuentra en un proceso de paz tambaleante.

Gustavo Petro (¿el presidente infiel?) siempre anda buscando jolón como si la carga que tiene no le fuera suficiente. Pero, su gobierno, como los anteriores, maneja el arte del engaño y el diseño de cortinas de humos para tapar los grandes actos de corrupción. Su fin es manipular a las masas y a los creadores de opinión con un discurso incendiario y acciones audaces para hacer como la gata que le echa arena a su propio excremento.

La relación conflictiva y no armónica del gobierno de Gustavo Petro con los demás poderes políticos del Estado colombiano produce un desequilibrio democrático contrario a la teoría del filósofo Montesquieu. Este fenómeno podría paralizar al Estado o ralentizarlo. Esa relación tóxica u hostil nos propone una pregunta imperativa: ¿salto o asalto del progresismo? O esta: ¿Salto cuantitativo y cualitativo de la justicia social o asalto de los ideales progresistas? Esto nos lleva a otra pregunta relevante: ¿Progresismo o regresismo?

A las 5 de la tarde del 21 de junio de 2024, gritos de alegría se escucharon cuando la vieja Plaza de Toros moría. En la Nueva Plaza de Toros de Cartagena de Indias, la arena se tiñó de rojo. Pero, no era el rojo brillante de la sangre de los miles de ejemplares que murieron con la estocada mortal del torero. O la sangre de centenares de toreros que sucumbieron a una mala tarde. Ni mucho menos, la sangre derramada de centenares de miles de compatriotas sacrificados por un conflicto que, como la tauromaquia, tiene dos siglos de existencia.

¿Por qué les llaman «Los hombres de la bolsa o del maletín» a los tres últimos subdirectores de Manejo de Desastres? La confesión más relevante de Olmedo López, exdirector general de la UNGRD, es la apropiación indebida desde la alta cúpula de la administración del presidente Gustavo Petro de $380 mil millones para comprar congresistas con el fin de facilitar el trámite de las reformas y la obtención de créditos oficiales. Como López le dio órdenes para cumplir esa tarea al Subdirector de Desastres, Sneyder Pinilla, fue citado a declarar el próximo miércoles 5 de junio por el magistrado Francisco Farfán de la Corte Suprema de Justicia.

Los elementos materiales probatorios, allegados a la Fiscalía, indicarían, sin duda, que La Mojana como La Guajira, se constituyen en otro ariete de la corrupción de los políticos que manejaron la UNGRD. En este sentido, los funcionarios que ocuparon la Subdirección de Manejo de Desastres de la UNGRD, en los últimos 8 años, cumplieron el mismo papel de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez. Es el funcionario que manifiesta tener pruebas contra 15 parlamentarios, además de Iván Name y Andrés Calle, presidentes del senado y cámara, respectivamente. A ellos les entregó la suma de $4 mil millones en efectivo. Ahora bien, ¿qué va de Sneyder a Ariel, el otro ariete de la corrupción en la UNGRD?

El relato de Petro se traduce en una estrategia política del gobierno de contraatacar al mismo tiempo contra diferentes flancos y mediante la virulencia del discurso presidencial, creó un clima de confrontación innecesaria en la nación que solo perjudica a los más vulnerables y necesitados. Bajo el temor real o no de que lo van a tumbar, sin duda, el presidente Petro está cavando su propia muerte política que lo debilita profundamente y crea una incertidumbre social y económica.

En la medida que se radicaliza el discurso del presidente Gustavo Petro sobre un posible golpe blando y de enfrentarlo con un levantamiento popular sobre los centros de poder del país, crece el malestar de sus contradictores. Pero, al mismo tiempo, aumenta la manifestación de sus partidarios y de organizaciones de la sociedad civil. En esta dinámica se inscribe la acción de tutela contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral―CNE. Ellos promulgaron los cargos contra la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico.

Una nueva estrategia de comunicación directa con las comunidades tal parece que está materializando el presidente Gustavo Petro Urrego con la iniciativa ‘Gobierno con los Barrios Populares’. Hoy se originó desde El Pozón, donde habitan más de 100 mil cartageneros, muchos desplazados víctimas del conflicto armado colombiano.