El escándalo estalló dentro de la propia Fiscalía. La captura de Abraham Muñoz Guerra, hijo de una poderosa fiscal, es solo la punta del iceberg de un problema más grave de corrupción en Barranquilla. Pero solo el 12 de noviembre ―día de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento― se podrá vislumbrar si el proceso judicial prospera o no, ya que se realiza en medio de una reserva y hermetismo sospechoso. Lo que parecía una acción de autodepuración terminó siendo un choque de trenes que desnuda la podredumbre de la justicia en el Caribe. Ese día intervendrán los abogados Diego Muñetón y Henry del Portillo en representación de los capturados.
La redada del 27 de octubre que sacudió a Barranquilla y al Atlántico no fue contra narcos ni políticos corruptos, sino contra su propio cuerpo de élite. Lo sospechoso es que el juez de la causa haya accedido para que las audiencias sean reservadas sin justificación legal o constitucional.
¿Acaso no es justo y necesario que la opinión pública conozca la actuación torcida de funcionarios que están llamados a perseguir al crimen y a los criminales? ¿Por qué razón la Fiscalía no se llevó este caso para otra seccional? ¿Puede desarrollarse este proceso sin sesgo de amistad, enemistad o intereses de terceros? ¿Por qué no aceptaron al exalcalde de Sitio Nuevo, la víctima, en la audiencia reservada?
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¿Guerra interna de poder?
El operativo, dirigido desde Bogotá por la Dijin, dejó al descubierto una guerra interna de poder: dos fiscales que antes comían en el mismo plato hoy se enfrentan a muerte.
Esta historia resume uno de los capítulos hitos que marca la historia de corrupción del poder judicial en Barranquilla y el Atlántico. Sin embargo, falta verse la libertad del juez municipal Promiscuo de Sitio Nuevo (Magdalena) para decidir en conciencia y no guiado por intereses propios o ajenos al derecho.
Las dos fiscales
Todo indica que desde hace rato le tenían el ojo puesto a la poderosa fiscal Betzaida Guerra Martínez, la madre de Muñoz Guerra. Pero ¿quién le ponía el cascabel al gato? ¿Por qué la fiscal Claudia Amorocho no fue directamente contra ella si disponía de suficientes pruebas?
En este choque de trenes, las dos poderosas fiscales, al parecer, cuentan con el mismo respaldo político y la protección de los de arriba. ¿Por qué pelearon? Una ordenó las capturas; la otra respondió con amenazas. Ni el Gaula ni la Sijin fueron invitados al operativo. Se sospecha que ambas entidades están infiltradas por la red de corrupción que la Fiscalía dice querer desmantelar.
El Gaula de Barranquilla, al parecer, está penetrado por la red de corrupción. Todo indica que una de las detenidas es pareja de un alto mando de esa institución. Lo saben los jueces. Los fiscales, también. La fiscal Luz Adriana Camargo conoce perfectamente esta situación. ¿Por qué se hacen los de la vista gorda?
Este dato no es de poca monta. ¿Qué imparcialidad puede existir en los operativos del Gaula? ¿Acaso están contaminados con investigaciones y operativos segados?
Fiscal e investigadora
La coordinadora de la operación era la fiscal Claudia Patricia Amorocho Barrangán. Una fiscal que, al igual que Betzaida Guerra, tiene sombras en su trayectoria. ¿Por qué las investigaciones contra funcionarios públicos de la administración de Barranquilla y el Atlántico no han prosperado en estas dos décadas?
Como muestra de lo dicho, ponemos un pequeño ejemplo. Existe una denuncia penal del abogado Renzo Montalvo contra los alcaldes de Barranquilla (Alejandro Char, Elsa Noguera y Jaime Pumarejo) por detrimento patrimonial y prevaricato por acción con beneficios a terceros por el caso del corredor portuario.
Lo curioso, la investigadora que tiene la fiscal Amorocho es paradójicamente Margarita Bula Trujillo, capturada en el citado operativo.