¿Tienen la mano metida Los Intocables del Caribe para que en cinco años haya cinco aplazamientos en una investigación por amenaza de muerte que aún no tiene justicia? Este 5 de noviembre de 2025 podría ser la última audiencia antes de que prescriba el proceso penal interpuesto por el prestante y prestigioso profesional del derecho Jhonny Pérez González. La denuncia la presentó contra Rafael Antonio Matera Lajud, Alfredo Enrique Matera Sabbagh y Enrique Pérez Matera, (padre, hijo y sobrino, respectivamente) una poderosa familia de empresarios del Atlántico señalada en versiones de Justicia y Paz como aliada económica y militar del paramilitarismo.
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Los Intocables del Caribe
Los Intocables del Caribe son aquellos supuestos empresarios que financiaron, auspiciaron y se enriquecieron con la actuación criminal de los grupos paramilitares. A cuarenta de estos supuestos empresarios, en la macrosentencia contra el frente [Los 40 falsos empresarios que correrán la misma suerte de «Ojitos Azules» (VIII)] Pivijay del Bloque Norte, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla le solicitó a la Fiscalía que los investigara. Pero hasta ahora solo es un canto a la bandera.
Detrás de este expediente judicial late una pregunta que incomoda al Caribe: ¿puede un abogado enfrentarse a los poderosos sin poner en riesgo su vida y su carrera? Los periodistas, abogados y jueces que enfrentamos ese poder subterráneo que atrapó a la justicia, solemos correr esta suerte: la persecución de Los Intocables de la justicia.
Este periodista es amenazado recurrentemente. Por ejemplo, me amenazaron de muerte cuando se develó el plan siniestro de Rodrigo Tovar Pupo de “recuperar sus bienes” a su regreso. VoxPopuli Digital publicó el seriado el Retorno de Jorge 40.
De igual forma, a raíz de la compulsa de copia para que la Fiscalía investigue a los 40 empresarios, entre los cuales estaban los Macías y los Matera, el magistrado Gustavo Aurelio Roa Avendaño lo amenazaron de muerte. La amenaza vino directamente del hijo de Alfonso Macías. Por este hecho, presentó denuncia penal que tampoco la Fiscalía mueve.
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La amenaza de la prescripción
El 3 de febrero de 2020, el abogado Jhonny Pérez González, representante de un grupo de socios de la antigua Palmeras de la Costa S.A., presentó una denuncia penal por amenazas de muerte contra los Matera. El caso, en teoría sencillo ―una amenaza explícita ocurrida en el Country Club de Barranquilla―, se convirtió en una odisea procesal. Cinco audiencias aplazadas por maniobras dilatorias ponen el proceso al borde de la prescripción.
El último intento judicial, en septiembre de 2025, se suspendió sin explicación pública. La fiscal 21, Sandra Fajardo, al parecer, tenía dolor de cabeza y dijo que estaba en cita médica. El juez de la causa decidió citar la audiencia el 5 de noviembre de 2025 como última oportunidad para escuchar a las partes. Si no se realiza, la causa morirá por agotamiento, como tantas otras donde los auspiciadores del paramilitarismo pesan más que la ley.
“Se deja constancia que el lunes, 22 de septiembre de 2025 no se pudo llevar a cabo la AUDIENCIA – PRECLUCION que se encontraba programada a partir de las 08:00:00 am toda vez que la fiscal 21 Sandra Fajardo no compareció a la diligencia programada, informando que se encontraba en
cita médica. Estuvo atenta la defensa, represéntate de víctima, y el denunciante, presunta víctima”.
La noche del Country Club
El relato del abogado, detallado y coherente, describe una escena de intimidación que parece salida de una película policial.
La noche del 1º de febrero de 2020, a las 10:30 p.m., en la entrada del salón Jumbo del exclusivo Country Club de Barranquilla, Alfredo Enrique Matera Sabbagh, hijo de Rafael Matera, le cruzó la mirada y le hizo una señal de degüello (el dedo en la yugular), pasando la mano de extremo a extremo por el cuello. Un gesto inequívoco, tan simbólico como brutal, en un entorno donde el poder económico se mezcla con la impunidad social.
El abogado, fiel a su oficio, no respondió con miedo, sino con un documento. Denunció ante la Fiscalía, adjuntó pruebas, solicitó videos de seguridad y pidió la individualización de los tres indiciados. Pero lo que debía ser una investigación rápida terminó sepultado en un archivo judicial que nadie parece querer abrir.
Los nombres detrás del poder
El expediente no es un simple caso de amenazas. Es la punta de un entramado económico y judicial que conecta con los tiempos oscuros del paramilitarismo en el Caribe.
De acuerdo con versiones de Jorge Escorcia Orozco, alias “Rocoso”, exintegrante del bloque Norte de las AUC, Rafael Matera, Alfonso Macías y Darío Laino Escopetta figuraban como socios y financiadores de “Jorge 40“. Lo mismo hizo alias Alacrán y el excomandante Salvatore Mancuso.
Sin embargo, pese a esas menciones en Justicia y Paz, ninguno de ellos enfrentó una condena firme por esos graves hechos. Laino Escopetta cayó en desgracia, no porque la justicia fuera efectiva. No. Está en la cárcel porque fue uno de los que ordenó el asesinato de “Yuyo” Daes, hermano de Cristian Daes, quienes en esa época actuaron como representantes del Cartel de Cali. Pese a existir pruebas irrefutables por homicidio agravado (Barranquilla, 2001) sobre Manuel Santiago Pájaro Peinado, Laino andaba como Pedro por su casa en toda Barranquilla.
Por eso, en los pasillos judiciales de Barranquilla se les conoce como “Los Intocables”: empresarios que transitan entre la élite social, el poder político y las sombras de la guerra. Y cuando alguien —como González— se atreve a confrontarlos, el sistema parece diseñarse para proteger a los agresores y castigar al denunciante.
La Fiscalía del Atlántico: el laberinto de la impunidad
El caso de Mercado revela lo que abogados litigantes describen como el “síndrome del silencio institucional”: una Fiscalía seccional que, entre traslados, vacaciones y excusas procesales, deja morir los expedientes incómodos.
La denuncia está radicada desde 2020, con elementos probatorios concretos: videos, mensajes de WhatsApp, y testimonios. Aun así, no hay imputación formal ni medida de aseguramiento contra los Matera. ¡Increíble! La pruebas se perdieron como lo han hecho en otros expedientes sensibles que lleva la justicia de Barranquilla y el Atlántico.
En paralelo, otra investigación por presunto desfalco millonario en Palmeras de la Costa S.A. reposa en la Fiscalía 18 de Patrimonio Económico de Valledupar, también sin avances visibles.
La coincidencia es evidente: cuando el dinero, los apellidos y las viejas alianzas del poder se mezclan, la justicia en el Caribe parece petrificarse.
Los riesgos de litigar con decencia
El abogado Jhonny Mercado no es un advenedizo. Su trayectoria profesional en la defensa empresarial es reconocida, pero su caso es una advertencia para los litigantes honestos del Atlántico. Quien se atreva a tocar intereses de los grandes clanes económicos debe prepararse no solo para enfrentar amenazas, sino para resistir la guerra de desgaste judicial: expedientes que duermen, audiencias aplazadas, y fiscales que cambian de despacho justo antes de una diligencia clave.
En palabras de un colega suyo consultado por este medio:
“Aquí no matan solo con balas, también con tiempo. El que espera justicia, muere esperando”.
Los Intocables del Caribe y el pacto roto
Este caso desnuda algo más profundo: la fractura del pacto social en el Caribe colombiano. Cuando la justicia no actúa con la misma vara para el poderoso y para el ciudadano común, la confianza ciudadana se erosiona. Y cuando el Estado permite que una amenaza de muerte contra un abogado, un periodista o un juez quede impune, se envía un mensaje devastador: el derecho ya no protege, sino que intimida.
Los Matera y Macías simbolizan ese dúo oscuro donde la élite económica se cruza con el pasado paramilitar y el presente judicial. Son los viejos dueños del miedo: los que se mueven entre cocteles, clubes y juzgados, mientras el país de los olvidados sigue esperando justicia.
El reloj de la impunidad
El 5 de noviembre de 2025, en una sala modesta de audiencias de Barranquilla, podría decidirse no solo el destino de un proceso judicial contra un prestante abogado sino la dignidad de la justicia en el Caribe.
Si ese día vuelve a aplazarse la audiencia, el caso prescribirá y la amenaza de muerte quedará oficialmente impune.
Será, una vez más, la victoria de los Intocables del Caribe sobre la justicia.
Y en ese silencio judicial, quedará claro que en Barranquilla, como en Macondo, la impunidad también se hereda.