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Alcaldía quiso engañar al juez por caso de La Popa

Por Lucio Torres
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La alcaldía de Cartagena quiso engañar al Juez Octavo Administrativo de Cartagena. Presentó por lo menos tres pruebas falsas. Quiso demostrar un supuesto cumplimiento del fallo judicial  resultado de la acción popular para la protección integral del Cerro de la Popa.

El juez Séptimo Administrativo de Cartagena ordenó a la alcaldía que elaborara un censo demográfico, una política pública de protección integral del Cerro de la Popa. También ordenó la reubicación de los asentamientos irregularidades que se han presentado en el lugar.

Engañar al juez

El objetivo era engañar al juez. El día de la audiencia para decidir el incidente de desacato, la administración distrital presentó dos importantes pruebas. Supuestamente con esto demostraba que habían cumplido con la orden del juez.

De tal manera que Leonardo Mendoza Cohen, abogado designado por el alcalde de Cartagena William Dau Chamat, presentó los resultados de una caracterización poblacional realizado por la Cruz Roja en 2017. En esa ocasión el alcalde Manolo Duque contrató ese servicio para conocer hacia dónde iban dirigidas las ayudas humanitarias. Tenían centenares de damnificados por la ola de aguas lluvias. Este fenómeno produjo daños ambientales al Cerro de la Popa. 

La prueba fehaciente de esta falsedad se sintetiza en un oficio enviado por la Cruz Roja al representante legal de ECOPOPA, Rafael Zúñiga. Ea entidad  manifestó que el estudio no es un censo poblacional. Tampoco se hizo para atender la orden judicial del Juez Séptimo Administrativo. Confirmó que se hizo como mecanismo para enfocar las ayudas humanitarias a las personas afectadas.

La prueba de la falsedad

El 4 de agosto de 2020 el abogado de la alcaldía le envió al juez Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena el oficio que daba cuenta de la ejecución de las órdenes judiciales. Es así que le informaba sobre los avances de la ejecución de las órdenes judiciales de la Acción Popular para la protección integral del Cerro de la Popa.

Es menester señalar que esas pruebas la reafirmaron en la audiencia de incidente de desacato realizada el pasado 7 de abril. Uno de los apartes de dicha comunicación de cumplimiento de la orden judicial, el abogado del alcalde Dau, señaló:

«(La Oficina para la Prevención del Riego) realizó un censo de las personas que habitan los sectores que fueron relacionados en la sentencia (Kennedy, Loma del Rosario y la Bendición de Dios), desarrollados con la asistencia de los organismos de socorro, exceptuando Loma del Diablo, por no ser reconocido por los habitantes. Proceso dirigido para la posterior articulación de acciones con las entidades y dependencias competentes, para la atención de esta problemática, mediante la política de vivienda.Manifiesta que en el año 2017, se realizó la caracterización de viviendas vulnerablesen el Cerro de la Popa en las comunidades: Lo Amador, Nariño (Incluye Loma del Rosario), Kennedy, La Bendición de Dios y Otros Sectores censado».

Engañar al juez con pruebas falsas 

Y para que no haya duda de que la alcaldía quiso engañar al juez, el abogado relacionó las «pruebas» presentadas al juez en el mismo oficio. De esta manera reafirmaron las mismas pruebas el día de la audiencia.

«Pruebas que se Aportan: Copia del convenio interadministrativo No. 003 suscrito entre el Distrito de Cartagena y la Empresa EDURBE S.A. Informe de avances de intervención en cumplimiento del plan de acción específico Cerro de la Popa – salto del cabrón distrito de Cartagena. Informe del Censo realizado por organismos de prevención. Copia de Oficio EPA-OFI-002228-2020, mediante la cual se convoca mesa de trabajo». (Lea el informe del Distrito y constate las falsedades).

Resulta que las obras de Salto del Cabrón del Cerro de la Popa fueron ejecutadas por Edurbe respondiendo a la urgencia manifiesta. No así a la orden judicial de la Acción Popular, ya que ésta tiene otros objetivos específicos.

El abogado elaboró ese oficio con base en varios informes presentados en agosto por los funcionarios de entonces que estaban obligados a cumplir con la orden del juez. Son ellos: FERNANDO ABELLO RUBIANO, Jefe de Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres. GUILLERMO ENRIQUE AVILA BARRAGAN, Secretario de Planeación. GONZALO JACOME PEÑARANDA, Secretario de Infraestructura; DIANA MARTINEZ BERROCAL, Secretaria General. 

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