El Inspector de Pasacaballos, corregimiento Cartagena, Fernán Pérez Saravia, insiste y persiste en una extraña actuación de mantener un amparo policivo a favor de Inser Sas (Inser Equipos Sas) contra el propietario legítimo de Astilleros Escamilla, Orlando Escamilla Coronado. Un hombre de 85 años, cuya vida dedicó a levantar el patrimonio que el mentado inspector ahora pone en peligro de perder mediante una conducta absurda y poco sustentable desde el punto de vista administrativo.
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¿Las marchas masivas e históricas del 21/04 obligaría a un cambio de curso del único gobierno de izquierda de los últimos 100 años? Sin duda, este movimiento social zarandeó fuertemente los cimientos políticos del gobierno. Pareció que la gente agarró al presidente Gustavo Petro de los dos hombros y le dijo en su cara:
Así como se tiene la lupa a los nuevos directores seccionales de Fiscalía, se debe hacer con los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los tribunales superiores. Se trata de que la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón exija ética y no estética para el nombramiento de sus nuevos funcionarios. Así aprovechará al máximo esta gran oportunidad para transformar eficazmente la Fiscalía General de la Nación (FGN).
En Barranquilla y Cartagena, las dos ciudades más importantes de la Costa Caribe, está arraigada una corrupción de alta gama desde 1998, época en que el paramilitarismo se tomó los cargos directivos en la Fiscalía y penetró todo el poder judicial. La pregunta para la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón: ¿Revolcón o farsa en el nombramiento de los nuevos fiscales para Atlántico y Bolívar? La respuesta, si bien no es concluyente, permite sospechar que en el Atlántico, con el nombramiento de un funcionario cuestionado, por lo menos, es una farsa y su promesa es incumplida.
Hoy quedó evidenciado que la fiscal Luz Adriana Camargo, quiere hacer un revolcón en la Fiscalía para combatir la corrupción de alta gama anidada desde los tiempos de Luis Camilo Osorio Izasa. Con su nuevo equipo iniciará un remezón de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La corrupción en la Fiscalía es más evidente en esa instancia, porque también investiga a los mismos fiscales.
Los empresarios de la muerte que financieron y determinaron masacres, homicidios y desplazamientos forzados en la Costa Caribe entre 1998 y 2003 se están muriendo, pero de viejo. Es el caso de Alfonso Macías Vargas, quien, con su hijo Alfonso Macías Azuero, presuntamente, removieron con buldozer la fosa común para desenterrar 12 cadáveres de personas que asesinaron y torturaron en el pequeño holocausto de su finca El Potosí. Los Intocables siguen delinquiendo y la Fiscalía General de la Nación (FGN) y el poder judicial lo saben. Una explicación de esa impunidad sería el hecho de que los abogados defensores de esos genocidas, hoy son altos funcionarios del poder judicial que obstruyen la verdadera justicia.
¿Está en desacato la Serrezuela para demoler parte del restaurante Andrés Carne de Res? ¿Por qué razón el IPCC se está haciendo el de la vista gorda para ejecutar una decisión administrativa ejecutoriada que cumplió todos los pasos del debido proceso?
«El Congreso es popular o espera los aplausos de los bandidos», fue la sentencia central del discurso del presidente Gustavo Petro en el lanzamiento de los Equipos Básicos y Cabildo de Salud realizado hoy en Cartagena. Mientras el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, atacaba de frente al «cartel del ibuprofeno de las EPS» y se ganaba los aplausos de los presentes, el mandatario de los colombianos lanzaba un petardo contra el congreso que le negó la reforma de salud el pasado 3 de abril.
A juicio Álvaro Uribe Vélez, expresidente, exsenador, exgobernador y exalcalde y máximo jefe de la extrema derecha colombiana. Al parecer,…
«El Vómito prieto» (devolver los $200 mil millones) tiene dos cuentos y una historia verdadera, al decir del rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún Castillejo. Uno contado por Ecopetrol sacado de las artimañas jurídicas. El otro es la acción de cumplimiento que favoreció en 2007 a la Universidad de Cartagena en primera y segunda instancia. La historia verdadera dice que realmente el deudor es Ecopetrol y no la universidad 101° de América Latina y 1.201° del mundo, con más de 100 doctores, según el World University Rankings 2024.