«Atrapasueños» del ICBF, es una Estrategia Intersectorial que, teóricamente es justa y necesaria. Pero, como es inútil callar la verdad, en realidad, «Atrapasueños», sueños son. Tal cual lo dice el cuento de Unamuno. Empezando, porque no tiene monitoreo y seguimiento en sus resultados para establecer su efectividad. Pero el problema fundamental del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se origina en el débil proceso de contratación que facilita la corrupción galopante.
Así lo demuestra la auditoría forense realizada por el Secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Idárraga, separado injustamente por el presidente Petro por haber denunciado el caso de la UNGRD en octubre 2023. Esta auditoría, realizada con motivo de las convocatorias de diciembre de 2023, la desmenuzáremos en varias próximas entregas. Solo así «Atrapasueños», sueños son, se podría convertir en realidad.
Se repite el mismo vicio
A modo de ejemplo, veamos lo que está pasando en tiempo real con la Convocatoria CV-PC-002-2024SEN. La lista de elegibles salió el pasado 17 de mayo de 2024. Algunas de esas entidades, presuntamente, presentaron falsas certificaciones. Son denuncias que hemos reiterado en varias investigaciones periodísticas.
En efecto, en la convocatoria citada, se adjudicará una parte de la estrategia «Atrapasueños» a operadores privados con recursos provenientes del BID-ICBF. Se presentaron 152 ofertas entre proponentes singulares y proponentes plurales, esto es, consorcios y uniones temporales.
Los derechos de la niñez y adolescencia
Los derechos de la niñez y adolescencia son superiores. Aunque el informe preliminar de resultados de la convocatoria, publicado en la página del ICBF y Secop II, no es explícito. Limita la posibilidad de un trabajo investigativo y de auditoría social y de la misma ciudadanía. Este hecho mismo viola el principio de transparencia. En el informe de los elegibles no se presentó ninguna ponderación para conformar dicha lista. Ni siquiera discrimina por departamento los resultados.
Ser transparente en esta contratación de «Atrapasueños» es un deber de los funcionarios y un derecho fundamental de la ciudadanía. Solo se transparentaría la contratación en ICBF. Así se llegaría plenamente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través del arte, la cultura, la música, la ciencia, el cuidado de la salud mental y el buen vivir, el deporte y la construcción de paz territorial. Esto significa que los procesos de la contratación deben ser sencillos, a la vista de todos y sin complicaciones.
Transparencia, política y avaricia
Sin embargo, en esa contratación prima el interés económico de los operadores, al parecer, con la complicidad de algunos servidores públicos sin ética profesional del orden regional y nacional. Hacen una especie de concierto para delinquir y en el cual, al parecer, están involucrados parlamentarios. Además, se debe observar la idoneidad para cumplir con la misión social de la estrategia. No es un problema nuevo en el Bienestar. Lo mismo que sucedió con la UNGRD. Viene de vieja data. Pero se espera que realmente la administración del presidente Petro asuma un cambio de frente ante esta situación.
Por tanto, la clave está en la transparencia del proceso de contratación de los operadores privados. Porque son procesos susceptibles de posible corrupción, por ejemplo, como se puede apreciar en las recientes denuncias contra los contratos adjudicados en el Magdalena y Atlántico.
Atlántico y Magdalena
La directora nacional del Bienestar, Astrid Cáceres Cárdenas, delegó en la subdirectora, Adriana Velásquez Lasprilla el desarrollo de la convocatoria a través de la plataforma SECOP II. Pero, la centralización de estos procesos impide la participación de las veedurías ciudadanas para que se les resuelva las dudas.
Por ejemplo, en la primera etapa de la contratación de “Atrapasueños” se escogieron tres zonas en la Costa Caribe. Dos en Magdalena y una en Atlántico. No tardaron de publicar los resultados de la convocatoria el pasado 17 de mayo, cuando de inmediato representantes de comunidades y veedores presentaron sus inconformidades.
De manera que esta situación no ha favorecido el cambio prometido. Por el contrario, profundizó las presuntas irregulares que se registran para seleccionar los operadores de los diferentes servicios. Siguen los mismos problemas, muchas denuncias, los viejos actores con nuevas organizaciones que se las ingenian para obtener los contratos que ejecutan con muchas fallas que satisfacen sus mezquinos intereses.
Todo indica que en este proceso se repitieron las mismas anomalías que no vio el Comité Evaluador de Bogotá con la dirección de la Subdirectora del ICBF, Adriana Velásquez Lasprilla. De acuerdo con la resolución 1558 del 9 de abril de 2024 de la dirección general, ella está delegada para dirigir el proceso. Esa resolución la firmó Astrid Eliana Cáceres Cárdenas.
Un caso en concreto
El proceso está en la etapa de subsanación para aquellos que clasificaron en el primer lugar. La ciudadanía desconoce la ponderación para llegar a la clasificación de los elegidos. Mucho menos se discrimina a que departamento están ofertando los 152 oferentes.
El Comité Evaluador, que funciona desde Bogotá, a juzgar de algunos veedores, no cumple a cabalidad con el proceso de verificación de experiencia. Muchas veces anexan certificaciones que no corresponden a la realidad. Se aprovechan de los vacíos y oportunidades que se le dan. Otras organizaciones proponentes presentan experiencias, aunque estén registradas y en firme en el RUP, son espurias, ya que la Cámara de Comercio no realiza ninguna verificación de la documentación que le anexan.
Se puede evidenciar que en el departamento del Atlántico seleccionaron y adjudicaron a una empresa llamada Corporación Sumando Sonrisas-CORSUSO. En tanto, en el Magdalena, escogieron a la Corporación Manos Unidas del Magdalena y la Universidad del Magdalena.
Respecto a CORSUSO, logró habilitarse con certificaciones de una institución educativa. Además, presenta certificaciones de una una IPS del Magdalena. La sorpresa hallada por VoxPopuli Digital es que no cuenta con aval de la Secretaría de Salud del departamento del Magdalena, de donde es su domicilio. Tampoco de la Secretaría de Salud del departamento del Atlántico. ¿El Comité Evaluador de Bogotá se dio cuenta de este hecho que ya había sido advertido?
El objetivo de «Atrapasueños» del ICBF
Como se dijo, la convocatoria data del mes de abril y es dirigida desde Bogotá por la subdirectora general Adriana Velásquez con el fin de evitar injerencia en lo local o regional. por ende, el control y la selección lo hacen centralizadamente. El objeto de esa convocatoria es el siguiente:
“Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, fortalecimiento de habilidades, vocaciones y talentos potencializando los planes de vida de la población objeto de atención, para la participación y la construcción de paz mediante la gestión y articulación inter y transectorial.
Modalidad Atrapasueños
Sin embargo, a juzgar por la denuncia de varios veedores consultados por este periodista, no ha servido para nada que los procesos de convocatoria públicas del ICBF se lleven a cabo desde la fría Bogotá. Consideran que es solo para darle apariencia de transparencia. Porque, aparentemente, los mercaderes de la contratación siguen infringiendo las normas y burlándose de la buena fe. Presentan certificaciones con experiencias de poca veracidad para cumplir ilícitamente con los requisitos mínimos que estipulan los pliegos de condiciones.
Para el Comité Evaluador, el simple hecho de que las certificaciones estén registradas y en firme en el RUP de cada empresa, se dan por hecho que están verificadas. Pero, no es así. Las Cámaras de Comercio no hacen el papel de verificar. Solo registran los documentos en el sistema información aportada por cada persona jurídica.
Finalmente, debemos decir que es inútil callar la verdad. La verdad que «Atrapasueños» del ICBF, seguirá siendo un sueño que para adolescentes inscrito en el sistema del Instituto.