El lugar común de los 10 militares que comparecieron en el marco de la primera audiencia del tribunal de Justicia Especial de Paz —JEP— evidenció que los 6402 «falsos positivos» fueron exigencias del alto mando militar y del gobierno del momento. Durante los ocho años de Álvaro Uribe se registró el 78% de los casos. Esta conducta criminal tuvo una motivación que, a su vez, fue generada por la línea de mando que desde arriba pedían lo imposible: cruzar la línea de los delitos de guerra y lesa humanidad. Es decir, que se vieron abocados a presentar resultados de bajas guerrilleras en supuestos combates presionados por la política de Seguridad Democrática del gobierno.
Ello quiere decir, que esa conducta criminal de guerra no fue aislada ni desligada de la orden de mando emanada de presidencia, del ministerio de la Defensa y del alto mando de las fuerzas militares. Algunos militares manifestaron que fueron presionados para presentar resultados. Pusieron el ejemplo del general Mario Montoya Uribe, comandante del ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Los actores armados, llevados por la dinámica de guerra, se alienaron y, con ello, también enagenaron al conjunto de la sociedad colombiana que las llevó a un estado de locura colectiva, tal como lo analizamos en el libro que publicamos en 2016: ¿Adiós a la guerra? Cinco claves para la paz.
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«Queremos toda la verdad»
En ese punto, las víctimas que asistieron en la primera audiencia de los 6402 manifestaron su insatisfacción, porque los comparecientes, si bien aceptaron su responsabilidad, no mencionaron «toda la verdad» sobre los responsables superiores.
Sin embargo, frente a esa debilidad de los comparecientes, Carmenza Gómez, familiar de uno de los ejecutados extraoficialmente por las fuerzas militares:
«Quiero que hagan aporte a la verdad, que ayuden a identificar a otros. Uribe tiene la culpa, Santos tiene la culpa, Padilla tiene culpa, con nombres propios …queremos toda la verdad»
Pero Soraida Gómez quería que los comparecientes se comprometieran con la verdad e implicaran a sus jefes de mando:
«Por favor, no se echen el agua sucia ustedes sino el que dio la orden, así sea Pepito Pérez, Necesitamos (saber quién fue) esa persona. Nosotros sabemos que detrás de ustedes vienen personajes muy grandes».
ESCUCHE
6402 «falsos positivos»
El número trágico de la guerra que jamás ganó la nación son los 6402 «falsos positivos». En su momento, Uribe Vélez le decía al país que la Seguridad Democrática nos había traído la paz y la seguridad en el campo. Eran los tiempos de las macabras «pescas milagrosas» agenciadas principalmente por la FARC. Secuestros express que marcó el terror para todos aquellos que debían trasladarse por las carreteras del país o visitar sus fincas.
Con el fin de valorar y sopesar esas acciones, debemos hacernos dos preguntas. ¿Cuál fue el precio que pagó el Estado, las mismas fuerzas militares, la sociedad y los inocentes para alcanzar esa seguridad en las carreteras? ¿Fue el único camino para materializar la Seguridad Democrática?
El componente principal de esta seguridad fue desmovilizar a las principales fuerzas de la violencia (las autodefensas) que se habían descompuestos y puesto al servicio del narcotráfico y de la corrupción administrativa. El segundo componente fue estimular a las fuerzas militares con recompensas para que dieran resultados y acrecentaran el «botín de guerra» con más bajas de guerrilleros. El tercero era llegar a un acuerdo con las autodefensas para que ayudaran a custodiar las carreteras y las fincas. Esta «ayuda» se tornó en masacres, desapariciones y «falsos positivos».
El dolor de los 6402 «falsos positivos»
O sea, un mal reemplazado por otro mal. Para el gobierno de Uribe Vélez y su Seguridad Democrática el dolor del secuestro y el no poder ir a sus fincas por temor a ello, era insoportable. Por esta razón, el dolor lo trasladó a otros sectores sociales que lo podrían soportar. Sus circulares de guerra exigían resultados al mando militar, costara lo que costara.
Esto trajo consigo los «falsos positivos». Instrumentalizar a un civil para reclutar a otros civiles mediante el engaño y el teatro de ofrecerle un mejor futuro: un trabajo para sostener a sus familias. Luego se los entregaba al ejército para que los ejecutaran sin ninguna clase de miramiento, a sangre fría, como si estuviesen descuartizando una gallina, puesto que representaba días de vacaciones para los militares rasos y ascenso para los altos oficiales. Así llegaron a generales con sus charreteras llenas de calaveras. Este fue el caso del general Mario Montoya Uribe.
Los testimonios
Los suboficiales que comparecieron en esta primera audiencia de la JEP fueron: Néstor Guillermo Gutiérrez, Sandro Mauricio Pérez Contreras y el sargento (r) Rafael Antonio Urbano Muñoz. También los oficiales (r) Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro y Rubén Darío Castro Gómez. De igual manera, el teniente coronel (r) Gabriel Rincón Amado; el brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez; el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo; el teniente coronel de la reserva activa Álvaro Tamayo Hoyos. Igualmente compareció el civil que reclutó a las víctimas de secuestro y ejecución extrasumorial, Alexander Carretero Díaz.
El excoronel Santiago Fajardo, uno de los comparecientes reconoció que al interior de la Brigada Móvil No 15 que dirigía, operaba una banda criminal de facto.
A medida que yo iba presionando a mis subalternos por resultados a como diera lugar en respuesta a la dinámica de guerra que estaba establecida por el comando del ejército de esa época al mando del señor general Mario Montoya Uribe.
Por su parte, el excoronel Rubén Darío reconoció:
«Siendo miembro del estado mayor de la brigada móvil existía una banda criminal al interior de la brigada de la cual tuve conocimiento, la cual no denuncié ni investigué…fue creada con el único fin de incrementar los resultados operacionales con una exigencia de dar de bajas en combate a como diera lugar. Reconozco que todos los asesinatos que se me imputan y fueron cometidos por mis subalternos fueron crímenes de guerra y crímenes de lesa.»
El reclutador de los 6402 «falsos positivos»
El reclutador civil Alexander carretero, en la audiencia de la JEP dijo:
«Me declaro responsable de traer personas de Gamarra, Soacha, Aguachica, Bucaramanga para entregárselas al ejército nacional para que las asesinaran. Ellos mismos me dijeron que trajeran personas, que las convenciera, las engañara, y traerselas a varios militares. Inclusive yo a ustedes no les puedo devolver a sus familiares, pero sí les puedo devolver la verdad.»
El excabo del ejército, Néstor Gutiérrez, reconoció:
Maquinamos. Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné a familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras con engaños, disparándolos, asesinandolos cruelmente, cobardemente, ponerle un arma y decir un combate, un guerrillero y manchar el nombre de esa familia, destruir esa familia, dejar unos hijos sin padres, dejar a una madre sin hijos,
En tanto que el suboficial Sandro Pérez admitió:
Utilicé un grado (militar). Esto de dar resultados operacionales, haciéndoles creer que eran legítimos, pero que en realidad eran asesinatos que se cometíamos con seres humanos inocentes que no eran guerrilleros.
El general Coronado
De la intervención que las víctimas estaban más pendientes era la del general Paulino Coronado Gámez. Se esperaba que fuera contundente para decir toda la verdad sobre la participación del alto mando y del gobierno en esta atrocidad humana. Pero fue la que más tristeza produjo a Soraida Muñoz, madre de una de las víctimas de los «falsos positivos». El general Coronado dijo:
«Así sea por omisión asumo esta responsabilidad jurídica. La acepto y presento como aporte a la restauración social e institucional en procura que el pueblo colombiano nunca jamás, nunca jamás, vuelva a vivir estos abominables momentos.»
Los encargados de impartir justicia
El Caso 03 —conocido como el de «falsos positivos»— lo conoce la Sala de Reconocimiento de Verdad. Se busca el esclarecimiento y juzgamiento de los crímenes cometidos por los agentes de Estado que presentaron 6.402 colombianos como guerrilleros dados de baja en combate cuando no lo eran. En la primera fase de esta investigación, la JEP priorizó seis zonas del país.
«Ante la JEP 21 integrantes del Ejército Nacional y un tercero civil reconocieron verdad y responsabilidad por los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado en la Costa Caribe y Norte de Santander. Los reconocimientos escritos se dieron meses después de que la Sala de Reconocimiento, a través de los autos 125 y 128, les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida que también constituyó crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil».
Caso 03 JEP
Una de las víctimas, Soraida Muñoz, dijo en la audiencia:
«Todo el ejército estaba enterado de lo que estaban haciendo acá en Ocaña».
Las víctimas del Caso 03 —conocido como el de «falsos positivos», piden la verdad, toda la verdad. El general (r) Paulino Coronado Gámez puede aceptar su responsabilidad, pero también debe señalar a sus superiores que lo presionaron para conseguir resultados. Este es el quid de la cuestión de este fenómeno que manchó la honorabilidad de las fuerzas militares, del gobierno y de la sociedad colombiana.