La «audiencia reservada» ―calificación que generó sospechas en el circulo de litigantes de Barranquilla― para legalizar la captura del lunes pasado de una presunta red de corrupción judicial, se reanudará el viernes 31 de octubre. El operativo no fue una tarea aislada. Es el inicio de un macroproceso de corrupción incubado en las entrañas mismas de la Fiscalía General y del poder judicial del Atlántico.
Los capturados pasaron a órdenes del Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Sitio Nuevo-Magdalena. El escándalo estalló tras una falsa diligencia judicial realizada en julio de 2024 en la Alcaldía de este municipio. Los agentes del CTI, sin orden judicial, ingresaron a la entidad y se llevaron documentos contractuales de la administración. Semanas después, el grupo exigió 140 millones de pesos al alcalde Alfredo Antonio Navarro Manga a cambio de archivar una investigación que ellos mismos habrían fabricado.
Desde hace años, una red de funcionarios públicos en asociación criminal con abogados corruptos, vienen practicando favores, omisiones y manipulaciones jurídicas para que los grandes criminales del Caribe sigan respirando libertad. Mientras los procesos en su contra viven dormidos en amarillentas carpetas, traslados, resoluciones y fallos fabricadas a la medida de los delincuentes.
¿Te interesa? Cayó red de corrupción en la Fiscalía del Caribe (I)
«Audiencia reservada»
Entre los capturados figuran Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del CTI de Barranquilla; Yarin Ernesto Pareja Marimón, investigador del mismo cuerpo técnico; y Abraham Elías Muñoz Guerra, el hijo de la cuestionada fiscal Betzaida Guerra Martínez.
El juez que debía legalizar las capturas de los tres detenidos suspendió la audiencia este martes 28 de octubre. La declaración de reservada es un gesto que deja en el aire la sospecha de que los tentáculos de esta estructura llegan más lejos de lo imaginado.
La investigación apunta a un circuito cerrado de funcionarios, fiscales y abogados que usaron la institucionalidad como escudo para proteger a mafiosos, extorsionar empresarios y torcer expedientes. La justicia, en Barranquilla y el Atlántico, dejó de ser ciega: mira, selecciona y cobra.
La sombra de Betzaida Guerra
El nombre de Betzaida Guerra Martínez ya figuraba en expedientes disciplinarios. Fue procesada y desvinculada de la Fiscalía hace algunos años por actuaciones irregulares. Pero ―en una de esas ironías que solo la justicia colombiana permite― terminó reintegrada al cargo gracias a una Sentencia del tribunal Administrativo del Atlántico. Desde entonces, su paso por las unidades de delitos contra la administración pública y luego por patrimonio económico no dejó rastros de resultados, pero sí múltiples denuncias internas sobre su cercanía con estructuras políticas y empresariales del Atlántico.
La poderosa fiscal había sido desvinculada por la Fiscalía General de la Nación por su presunta práctica corrupta. Ella demandó y ganó el proceso el radicado 08001333100920050125800. El Honorable Tribunal Administrativo del Atlántico ( 13 de junio de 2014), con ponencia del doctor Luis Eduardo Cerra Jiménez, (radicado interno 2014-00154-01C) resolvió modificar los ordinales 2 y 3 de la sentencia del 28 de octubre de 2013, proferida por el Juzgado 6º Administrativo de Descongestión de Barranquilla.
Ahora, con su propio hijo implicado en una red de corrupción, la fiscal vuelve al centro del escándalo.
Las fuentes consultadas por VoxPopuli Digital advierten que la revisión del SPOA bajo su clave personal destaparía la manipulación de expedientes y el acceso irregular a procesos de gran impacto. Estos casos están relacionados con los Costeños y otras organizaciones de crimen urbano.
“Este caso puede revelar cómo la Fiscalía se convirtió en el operador judicial del hampa, y no su perseguidor”
Dijo un investigador que pidió reserva de su nombre.
¿Te interesa? Donald Trump ¿del discurso a la agresión?
El poder judicial capturado
El poder judicial de Barranquilla no está solo contaminado: está capturado.
Durante más de una década, las decisiones en juzgados, fiscalías y tribunales del Atlántico han orbitado alrededor de dos núcleos de poder:
- Las casas políticas tradicionales, encabezadas por la familia Char, que controlan buena parte de la administración pública y los nombramientos estratégicos.
- Las organizaciones mafiosas locales, que infiltran el aparato judicial para garantizar protección a sus intereses y libertad a sus cabecillas.
La confluencia de ambos mundos —el político y el criminal— creó una justicia servil, capaz de archivar denuncias, filtrar información reservada o destruir pruebas sin dejar rastro.
Los nombres cambian, pero el sistema permanece: fiscales que se venden, jueces que obedecen y una ciudadanía que ha perdido toda fe en la verdad judicial.
El espejo roto de la Fiscalía
El operativo del 27 de octubre, con toda su espectacularidad, no redime a la Fiscalía. Por el contrario, la desnuda. Revela un cuerpo infectado que sigue pretendiendo curarse a sí mismo.
Cada captura, cada audiencia suspendida, cada fiscal reintegrado tras ser sancionado, refuerza la idea de que la Fiscalía se ha convertido en una entidad con doble moral: persigue a los débiles y protege a los poderosos.
En el Caribe colombiano, la justicia es una mercancía. Y mientras no se desmonte el entramado político-mafioso que domina los despachos del Atlántico, cada nueva redada será solo una purga superficial en un cuerpo que sigue descomponiéndose desde adentro.