Así como hay grandes despojadores en Cartagena de Indias, también hay pequeñas empresas, al parecer, instrumentalizadas para defraudar y despojar a personas que buscan adquirir alguna propiedad. Es el caso de la supuesta Empresa Comunitaria Campesina de Arroyo de Piedra. En su contra tiene una demanda de restitución de tierras y próximamente una denuncia penal contra sus directivos. Las evidencias indicarían que sus miembros estarían incurso en un delito de concierto para delinquir en perjuicio de legítimos y pacíficos poseedores de terrenos que ellos mismos han vendido.
Autor: Lucio Torres
¡Habemus Fiscal! Fue un proceso complicado que puso en peligro la estabilidad institucional que se expresó con un duro enfrentamiento entre la Corte y la Presidencia. La favorita de las ternadas, Amelia Pérez, presentó su renuncia de la terna pocos minutos antes de la Sala Plena donde debía hacerse la elección. Puesto que Amelia ya no contaba para garantizar la victoria, la jugada maestra del Presidente fue recomponer la terna con otra candidata fresca que atrajera a las mayorías.
Un verdadero «tatequieto» la Fiscalía le propinó al «Cartel de la Consulta Previa». El fiscal 22 seccional de Bolívar con sede en Turbaco, Julio Torres Pereira, confirmó la falsedad de las consultas previas que la ANI, en el gobierno del presidente Petro, usó para adjudicar el billonario contrato a la controvertida empresa española Sacyr. Por esta razón, la juez Segundo Penal del Circuito de Turbaco, Yuris Ponce Fernández, llamó a juicio de acusación y medida de aseguramiento a 7 directivos del consejo comunitario de Rocha (Arjona) y al representante legal de Coriambiental, David González Cardales.
El tiempo de la Corte sigue siendo elástico. Los 23 magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tampoco hoy se pusieron de acuerdo para elegir fiscal. Sin embargo, tres elementos se pueden destacar de esta cuarta frustrada intención. (I) El voto en blanco, si bien es prevalente, viene perdiendo fuerza. (II) La ternada Amelia Pérez Parra, quien alcanzó 13 votos en la la Sala anterior, dos más que el voto en blanco, se desplomó en la preferencia de los magistrados. (III) Brilló la ausencia de la protesta social y de los ataques del presidente y de los senadores del Pacto Histórico.
¿Por qué es una cortina de humo la vinculación de Nicolás Petro Burgos con Lost Prevention y, de contera, con el Clan Los Vega? Empecemos por decir que no existe evidencia alguna de dicha relación del hijo del presidente Petro con esa entidad. En primer lugar, los representantes de la empresa desmintieron esa versión. En segundo lugar, así está demostrado en las investigaciones de la Fiscalía Seccional Atlántico con radicados No 080016001055202205531 y 080016001055202201161.
¿El dolor que hoy siente Meili Daza Curvelo será el mismo que sintió Álvaro Ospino Illera, conocido en el bajo mundo como «La Negra Dominga», el 25 de octubre de 2022? Este día, su amado sobrino—hijo, Jonathan Ospino Illera, fue asesinado fríamente por el Beto, en la fiesta de su cumpleaños. Este crimen le costó el exterminio de toda su familia. El último fue él, como para que su dolor se lo llevara hasta la eternidad.
El eterno retorno de la verdad sobre el conflicto armado hoy cobra un día histórico con el regreso de Salvatore Mancuso Gómez, el principal dirigente vivo de esos escuadrones de la muerte.
Construir el patrón criminal de cómo la mayoría de alcaldes municipales se convierten en pieza clave para saquear y empobrecer a los municipios de Bolívar y del Caribe colombiano, es el reto de VoxPopuli Digital y de VoxPopuli Fundación en el 2024 en esta investigación. Los planes de desarrollo no deben (no deben) enriquecer a unos pocos sino irrigar de bienestar social a la región y al país. Hoy, iniciamos con Villanueva (Bolívar), donde sus alcaldes ―el saliente y el entrante― pretenden quedarse, por ejemplo, con los dineros destinados al acueducto y alcantarillado.
Son varios los casos oscuros o inexplicables, desde el punto de vista jurídico y administrativo, en los cuales se encuentra involucrado el Inspector de Policía Rural de Pasacaballos (Cartagena), Fernán Pérez Saravia. Uno de ellos es la denuncia penal y disciplinaria interpuesta por nativos de Punta Seca de Playa Blanca en Barú. Los afrodescendientes lo acusan de presuntas irregularidades en el ejercicio de impartir justicia administrativa en las continuas disputas de la posesión de la propiedad en su jurisdicción.
Comienza a destrabarse la elección de la Fiscal. Amelia Pérez, una de las ternadas, alcanzó 13 votos derrotando el voto en blanco que recibió 8. Sin embargo, necesitaba 3 adicionales para ser la elegida. En tanto que la «cogida de moña» de Petro con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene razones objetivas que los mismos acontecimientos nos muestran.