¿Qué interés particular tienen el comandante de la policía de Turbaco, capitán Andrés Bustos y los inspectores de policía de Bayunca y Pontezuela, Arnaldo Hidalgo Hurtado y Martín Arce, respectivamente, con las tierras que presuntos narcos les pretenden despojar a campesinos del noroccidente de Cartagena? Como fresa del pudín, estos procesos policivos ilegales lo ejecutan con ¡falsedad procesal! La notaría donde dicen haberlo hecho los poderes falsos, certificó que esos códigos de expedición no corresponden a su despacho.
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En la Región Caribe de Colombia, la no implementación de los acuerdos de Paz de Ralito sí que le han pegado duro a dos ciudades que en otrora se caracterizaban por ser modelos de paz, y lugares que eran propicios, por la hospitalidad de sus habitantes, para recibir a víctimas del conflicto armado, pero no a victimarios.
Nicolás Maduro Moros está inaugurando una nueva modalidad de Golpe de Estado: el autogolpe lumpen―proletario. La vía de esta toma del poder fue el proceso electoral chimbo del 28 de julio basado en el fraude, el chanchullo y el chocorazo. Un mes después de esas elecciones, Juan Carlos Delpino, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), reconoció que esa corporación «no recibió evidencia alguna» de que haya ganado la contienda electoral.
¿Dónde está la plata de la paz? En algo tenemos que sobresalir. El Caribe colombiano tiene kilómetros de ventaja sobre las demás regiones en los hallazgos fiscales del 2023 cercanos a $ 599.371 millones. La costa tiene la mayor participación de estos hallazgos: $235.821 millones. ¡El 40%! La costa Atlántica tiene 4 regiones de paz: Montes de María, Sierra Nevada, Sur de Bolívar y Sur de Córdoba. De las cuales, el departamento de Bolívar tiene dos. En el 2022 La Agencia de Renovación del Territorio, ART, destinó para la región $3 billones para estas poblaciones.
El alcalde Dumek Turbay Paz está pensando en un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para una SuperCartagena. Pensar en Grande…
La confirmación del fallo condenatorio de la Corte Suprema de Justicia del Tribunal Superior de Bogotá contra la fiscal Claudia Elena Lozano Doria, comprueba la tesis que VoxPopuli Digital viene exponiendo con pruebas desde hace años: «Los Intocables» (empresarios que se enriquecieron y financiaron el paramilitarismo) son dueños de la Fiscalía. La fiscal del paramilitarismo condenada por falsedad al presentar diploma de abogada falso, también garantizó impunidad a criminales de lesa humanidad. Al mismo tiempo, persiguió a los enemigos de ellos. Su caso, no es aislado, demuestra cómo el paramilitarismo cooptó a la Fiscalía hasta encubrir estas falsedades en un organismo, cuyo protocolo de ingreso debería ser uno de los más rigurosos del país. Esta conducta sistemática en el período 1998 a 2010, provocó ―desde arriba― una falla de Estado en la administración de justicia.
Un mes después de sancionar la ley 2379 de 2024 que modifica la ley 617 del 2000, el presidente Gustavo Petro declararía en la plaza pública: «Palenque ¡libre de Mahates!». Por segunda vez, este pueblo de negros libres, probará la libertad, ya no del yugo español, sino del polvoriento y olvidado Mahates, que corre la misma suerte de pobreza de los otros 45 municipios de Bolívar.
«Los Intocables» (empresarios que se enriquecieron y financiaron el paramilitarismo) y los oficios perdidos de la Fiscalía garantizaron dos décadas de impunidad. Ellos no creen en la justicia, porque lo demuestran con su propio ejemplo de impunidad. Solo creen en el poder de su dinero y de sus armas. En el período más enlutado del paramilitarismo ―1996 a 2003― manipularon con su dinero malhabido a la Fiscalía General de la Nación hasta cooptarle. Ninguno de los fiscales que precedieron a Luz Adriana Camargo Garzón cogieron por los cachos al toro de la impunidad.
La creación de Air―e y Afinia fue un mal negocio para los usuarios y el Estado colombiano. ¿Ahora se prepara otra estafa en la que participan todos los estamentos que tienen que ver con la prestación del servicio de energía eléctrica domiciliaria? Hoy, 17 de agosto, se deben reunir los comercializadores con los generadores para buscar una salida a los problemas que la región Caribe afronta: mal servicio y altas tarifas. Hace una semana hubo una cumbre de gobernadores costeños con los empresarios y el ministro de Minas y Energías, Andrés Camacho.
La nueva veeduría de Observa Público viene preparando la artillería legal para una auditoría forense. Tiene como fin establecer la trazabilidad y el destino de más de un $1 billón con que Findeter y la nación financiaron 126 proyectos de infraestructura social ―algunos inconclusos― en 21 municipios de Bolívar en los últimos 5 años. Pero, dicha inversión, no se tradujo en desarrollo, porque la gente sigue pisando boñiga de vaca. En realidad es un desarrollo cangrejero. Su atraso y retraso salta a la vista. Para un ejemplo evidente, el caso de Villanueva, al norte del departamento, a 30 minutos de Cartagena. El alcalde Eurípides Velasco Mendoza («Ipe» y su «olla podrida»), constatan lo dicho.