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amile Pedraza Peña —la hija, la madre, la abogada— pasó la Noche Buena encerrada en la cárcel distrital de Cartagena. Mientras los protegidos de alias «Ramón Mojana», que gozaban de detención domiciliaria, le dieron libertad, para Yamile no hubo mesa, ni buñuelos, ni natilla. No hubo abrazos. La Navidad le llegó entre barrotes, con el chirrido metálico de una puerta cerrándose y un villancico convertido en herida: Amarga Navidad. Desde que fue privada de la libertad en septiembre de 2023, su tiempo dejó de medirse en días y empezó a contarse en audiencias aplazadas, términos que no cuadran y decisiones que se contradicen. Pero ahora tiene la esperanza de pasar Año Nuevo en en casa.

No hay duda que Dumek Turbay sea el piloto de la Supercartagena. En su rendición de cuentas 2025, la administración distrital insiste en presentar la ciudad que “avanza”, que “cumple metas” y que “ejecuta”. Esto merece aplausos. Pero… si el informe se analiza desde el desarrollo humano integral, surge una realidad que nos da vergüenza: el ser humano es un componente secundario del tablero de gestión.

El barrio Arroz Barato fue el escenario de la rendición de cuentas 2025 del alcalde Dumek Turbay. Se presentó bajo el rótulo optimista de Diálogo de Superciudad. Al término del evento, quedó una sensación ambivalente. Por un lado, un gobierno que exhibe cifras, tableros digitales y porcentajes de ejecución que frente a la ineptitud de su antecesor William Dau, la diferencia es de aquí al cielo. Por otro lado, existe una ciudadanía que se pregunta si ese avance numérico se traduce —de verdad— en desarrollo humano para transformar estructuralmente a Cartagena, una ciudad históricamente atrapada en el atraso.

La presidenta del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Irene Molina Posso, decidió romper la inercia institucional que históricamente ha sepultado las sentencias ambientales en Cartagena. Su mensaje es claro: la sentencia del Consejo de Estado que ordena la recuperación integral de la Ciénaga de La Virgen no puede convertirse en otro fallo simbólico, archivado entre excusas administrativas y falta de voluntad política.

Hay delitos que no dejan sangre, aparentemente. Pero sí balances inflados. También historias de ricos que se hacen más ricos con dineros malhabidos. Crímenes sin sirenas ni capturas, que se cometen a la luz del día en oficinas alfombradas de los bancos más prestantes de Colombia. Y tienen el amparo de sellos oficiales y silencios cómplices del Estado y de la Gran Prensa. En el centro de esta omisión sistemática aparece una figura clave: el Superintendente Financiero, ayer y hoy, convertido en el funcionario de la vista gorda.

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El crimen político que se cocinó en el Chef Revollo (II)
En el corazón político del Caribe, donde el poder se cocina a fuego lento y los favores se sirven en bandeja, la Universidad del Atlántico volvió a ser el plato fuerte. A espaldas de la comunidad académica, lejos de la deliberación pública y del mérito, cinco consejeros del Consejo Superior participaron del crimen político que compró la autonomía universitaria. Alrededor de ellos, dos figuras centrales del poder local: Fuad Char Abdala, patriarca del clan, y su hijo, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. En el Centro de esa compra: Álvaro Leyton Barrios Torres, el recien elegido rector, beneficiario de ese crimen que fue un festín.

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El escándalo estalló dentro de la propia Fiscalía. Pero solo el 12 de noviembre ―día de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento― se podrá vislumbrar si el proceso judicial prospera o no, ya que el proceso se realiza en medio una reserva sospechosa. Lo que parecía una acción de autodepuración terminó siendo un choque de trenes que desnuda la podredumbre de la justicia en el Caribe. Ese día intervendrán los abogados Diego Muñetón y Henry del Portillo en representación de los capturados.

En las páginas más oscuras del conflicto colombiano, siempre hubo un hilo invisible que unió la violencia con el dinero, el crimen con el negocio, la política con la impunidad. Ese hilo lleva nombres propios: empresarios, ganaderos, contratistas, abogados y políticos que financiaron el terror con la misma frialdad con que firmaban cheques o escrituras.
Uno de esos nombres es Rafael Antonio Matera Lajud, dueño del matadero Camagüey . Fue uno de los accionistas mayoritarias de Palmeras de la Costa, dueño de la Finca El Coraje escenario del horror paramilitar, y figura central de esta serie periodística de investigación: Los Intocables del Paramilitarismo.