Los empresarios de la muerte que financieron y determinaron masacres, homicidios y desplazamientos forzados en la Costa Caribe entre 1998 y 2003 se están muriendo, pero de viejo. Es el caso de Alfonso Macías Vargas, quien, con su hijo Alfonso Macías Azuero, presuntamente, removieron con buldozer la fosa común para desenterrar 12 cadáveres de personas que asesinaron y torturaron en el pequeño holocausto de su finca El Potosí. Los Intocables siguen delinquiendo y la Fiscalía General de la Nación (FGN) y el poder judicial lo saben. Una explicación de esa impunidad sería el hecho de que los abogados defensores de esos genocidas, hoy son altos funcionarios del poder judicial que obstruyen la verdadera justicia.
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¿Está en desacato la Serrezuela para demoler parte del restaurante Andrés Carne de Res? ¿Por qué razón el IPCC se está haciendo el de la vista gorda para ejecutar una decisión administrativa ejecutoriada que cumplió todos los pasos del debido proceso?
«El Congreso es popular o espera los aplausos de los bandidos», fue la sentencia central del discurso del presidente Gustavo Petro en el lanzamiento de los Equipos Básicos y Cabildo de Salud realizado hoy en Cartagena. Mientras el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, atacaba de frente al «cartel del ibuprofeno de las EPS» y se ganaba los aplausos de los presentes, el mandatario de los colombianos lanzaba un petardo contra el congreso que le negó la reforma de salud el pasado 3 de abril.
A juicio Álvaro Uribe Vélez, expresidente, exsenador, exgobernador y exalcalde y máximo jefe de la extrema derecha colombiana. Al parecer,…
«El Vómito prieto» (devolver los $200 mil millones) tiene dos cuentos y una historia verdadera, al decir del rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún Castillejo. Uno contado por Ecopetrol sacado de las artimañas jurídicas. El otro es la acción de cumplimiento que favoreció en 2007 a la Universidad de Cartagena en primera y segunda instancia. La historia verdadera dice que realmente el deudor es Ecopetrol y no la universidad 101° de América Latina y 1.201° del mundo, con más de 100 doctores, según el World University Rankings 2024.
¿«Acto heroico»? La clase política puso a los colombianos frente a una falsa disyuntiva: salvar las Eps o hundir la reforma a la salud. El pulso político al interior de la Comisión VII del senado, como ya se sabe, se definió a favor de hundir la tan accidentada reforma que se llevó a 5 ministros. Al mismo tiempo, el gobierno se acordó que tenía Ministerio de Salud y, además, Superintendencia de Salud, las cuales soltó como perros tras la presa putrefacta del sistema.
Hoy quedó radicada la demanda por pérdida de investidura ante el Consejo de Estado contra 5 miembros de la Comisión VII que estudia la reforma de la salud. La demanda está debidamente motivada por el presunto conflicto de intereses, debido a la relación impropia de esos parlamentarios con las empresas Keraly S.A.S, y el Grupo Bolívar.
Bolívar Mejor en los 100 días ―que se cumplirán el 11 de abril de 2024. Además, se respira aire fresco. Incluso, en la misma sede de la gobernación ondea con alegría las banderas de Colombia y Bolívar. Están limpias y relucientes. Aunque Yamil Hernando Arana Padauí no calienta la silla de gobernador y aunque todavía no está todo su personal contratado, hay un nuevo ambiente. Un joven que, desde el 1 de enero de 2024, se esmera por cumplir con los 5 objetivos de su programa de gobierno.
¿Nadie se salva con Odebrecht? Luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera negativamente una acción de tutela presentada por el excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, será llamado a juicio el 11 de abril de 2024. Por tanto, retornará el viejo fantasma de Odebrecht. En el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá, se reanudará la audiencia de acusación contra el exministro de Hacienda, y de su hijo David Zuluaga, gerente de su campaña presidencial de 2014.
Así como están abandonadas física y administrativamente las inspecciones de policía de Cartagena de Indias, no contribuyen a la seguridad de la propiedad sino que amparan el despojo a los campesinos. Por ejemplo, ante la Inspección Rural de Policía de Pontezuela, al norte de Cartagena de Indias, jurisdicción de la Localidad Dos, asistimos a la expedición de un amparo policivo con una presunta motivación falsa. Solo busca legalizar el despojo a los campesinos para entregarle la propiedad a oportunistas del negocio inmobiliario y turístico de Cartagena aliados con inversores foráneos.