«Atrapasueños» del ICBF, es una Estrategia Intersectorial que, teóricamente es justa y necesaria. Pero, como es inútil callar la verdad, en realidad, «Atrapasueños», sueños son. Tal cual lo dice el cuento de Unamuno. Empezando, porque no tiene monitoreo y seguimiento en sus resultados para establecer su efectividad. Pero el problema fundamental del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se origina en el débil proceso de contratación que facilita la corrupción galopante.
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La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena condenó a 6 años de prisión a Héctor Rodolfo Consuegra Salinas, fallido Contralor Distrital. Estaba inhabilitado, porque era Asesor de Control Interno Código 105 Grado 07 de la empresa estatal Edurbe. Pero, el alcalde del momento William Dau Chamat, se lo impuso al Concejo Distrital en una elección de dudosa factura del 14 de julio de 2020.
La triquiñuela jurídica de Uribe le dio resultado, por ahora, para impedir que lo juzguen. Jaime Granados Peña, el jefe de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sacó debajo de la manga dos cartas con el fin de dilatar la llegada de juicio contra su defendido. La primera carta no le funcionó. Pidió que se aplazara la audiencia de acusación porque se hizo una adición a la resolución de acusación en el último momento.
Cerca 500 trabajadores en provisionalidad de la alcaldía de Cartagena, con más de 15 años de vinculación, saldrían de nómina. Así lo advierten a la directora del IPCC, Lucy Espinosa, los sindicatos del ente territorial. Esto como consecuencia del concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC. Para las organizaciones sindicales del Distrito, es un concurso plagado de presuntas irregularidades que lo hace inaplicable y es contradictorio con el lema Cartagena con Derechos.
El relato de Petro se traduce en una estrategia política del gobierno de contraatacar al mismo tiempo contra diferentes flancos y mediante la virulencia del discurso presidencial, creó un clima de confrontación innecesaria en la nación que solo perjudica a los más vulnerables y necesitados. Bajo el temor real o no de que lo van a tumbar, sin duda, el presidente Petro está cavando su propia muerte política que lo debilita profundamente y crea una incertidumbre social y económica.
En la medida que se radicaliza el discurso del presidente Gustavo Petro sobre un posible golpe blando y de enfrentarlo con un levantamiento popular sobre los centros de poder del país, crece el malestar de sus contradictores. Pero, al mismo tiempo, aumenta la manifestación de sus partidarios y de organizaciones de la sociedad civil. En esta dinámica se inscribe la acción de tutela contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral―CNE. Ellos promulgaron los cargos contra la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico.
Una nueva estrategia de comunicación directa con las comunidades tal parece que está materializando el presidente Gustavo Petro Urrego con la iniciativa ‘Gobierno con los Barrios Populares’. Hoy se originó desde El Pozón, donde habitan más de 100 mil cartageneros, muchos desplazados víctimas del conflicto armado colombiano.
La bola de nieve de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastre―UNGDR, sigue creciendo y amenaza otra catástrofe moral. Hoy, la Fiscalía escuchó a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de esa unidad. Mientras, por la noche, el presidente Petro en su alocución lamentó el hecho, se victimizó y pidió a la Fiscalía que investigue los últimos 8 años de gestión de la UNGDR. Lo cual, sin duda, es una bola inmensa de humo que distrae lo que sucede ahora con la corrupción del actual gobierno.
“Alejandro Char construye tu felicidad” y las casas construidas en Campo Alegre, entre 2002 y 2005, se vinieron abajo en menos de 4 años. Las 400 familias que compraron, desde entonces, viven un drama que pronto cumplirán 20 años. Demandaron y ganaron los fallos judiciales. Pero ni Alejandro Char ni el Distrito, hasta hoy, han cumplido. Por esta razón, esas familias hicieron un plantón hoy 5 de mayo denunciando la corrupción judicial y distrital que no les pagan las indemnización a que tienen lugar.
Snayder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, se destapó e invitó al exdirector de esa entidad, Olmedo López, a romper el silencio cómplice. Aclaró que él solo fue un mensajero para salvar las reformas del gobierno. Esta fue la razón de estado, según él, por la cual, al parecer, el 28 de septiembre de 2023 ―un mes antes de las elecciones regionales― le llevó dos tulas con billetes de $100 mil y $50 mil a otra mensajera, la Consejera para las Regiones, «la Mona» Sandra Ortiz, una progresista uña y mugre del presidente Petro.