No hay mal que por bien no venga, dice el adagio popular. Pero eso depende de quienes estén gobernando. Bajo el principio de complementariedad y concurrencia, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, pidió ayuda al gobernador de Bolívar, Yamilito Arena, con el fin de atender la emergencia para suministrar agua a los barrios populares que tienen dos días sin recibirla.
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Cartagena sin agua es la nota del momento. En los últimos años la paciencia de La Heroica es como la de Job, quien soportó las pruebas de Dios: «¿O por qué tu ropa te acalora cuando Dios detiene el cálido viento del sur?» Pero, con la nueva administración de Dumek Turbay, 50 días después, el panorama de bienestar sigue siendo preocupante. Cartagena está sin agua, sin luz, insegura, y ¡mucho calor! Supuestamente durante el contrato de concesión de Aguas de Cartagena se invirtió $1 billón y el principal tubo madre que abastece de agua cruda a la ciudad está inservible.
¿Una acción de tutela destrabaría interinidad en la Fiscalía en medio de la confrontación institucional entre presidencia y los poderes judiciales del país? La acción fue impetrada este 13 de febrero contra la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tiene en su agenda la designación de la fiscal titular de una terna presentada en agosto del 2023 por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.
Una demanda de inconstitucionalidad y tutela, respectivamente, se convirtieron en dos ataques jurídicos contra la interinidad de la Fiscalía General de la Nación, asumida desde hoy y en forma indefinida por la vicefiscal Martha Mancera. Es la otra guerra no declarada entre el poder judicial y ejecutivo desde la sociedad civil.
¿Están dadas las condiciones políticas y jurídicas que se necesitan para un juicio político al presidente? Recordemos que es el primer jefe de Estado que se presume de izquierda y del ala progresista en estos últimos 80 años, después de la Revolución en Marcha (1934-1938) de Alfonso López Pumarejo. La última pelea fue azuzar a las masas sindicalizadas y a la guardia indígena contra la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía como si fueran perros de presa. ¡Craso Error!
Momentos de tensión y miedo en la Corte Suprema de Justicia se vivieron hoy cuando grupos de fuerza proclive al gobierno del presidente Petro bloquearon el edificio donde funciona. Llegó un momento difícil cuando otro grupo de personas intentó entrar violentamente en el parqueadero del Palacio de Justicia al saber que tampoco hoy se pudo elegir la fiscal de la terna enviada por presidencia desde agosto de 2023.
La admisión de la demanda no es un hecho de poca monta. Pondrá a prueba no solo al accionante sino a la justicia de lo contencioso del Atlántico. En especial, a la magistrada, Carmen Rosa Lorduy González, quien debe actuar bajo estricta independencia y resistirse a las tentaciones que se le presentarían. Su propia familia se lo agradecería. A sus hijos, cuando ya estén grandes, le preguntarían: «¿Tú eres hijo de la juez que tumbó el imperio avaricioso de Barranquilla?».
La Institución Etnoeducativa Técnica en Agroindustria y Sistema de San Pablo- IETA fue creada por la misma comunidad en el corregimiento de María la Baja, en el corazón de los Montes de María, zona de Bolívar. Sin duda, son héroes sin capa que no esperan ni siquiera las gracias. Ellos lograron conseguir el lote hasta construir las estructuras con el diseño de la Universidad de Cartagena. Hoy, es el colegio de la autogestión comunitaria en San Pablo, cuyos padres de familia aportan para mejorar y ampliar el servicio educativo.
A pesar de sus promovidos anuncios de planes de seguridad ciudadana, antes del inicio de sus respectivos gobiernos, los alcaldes de Barranquilla y Cartagena, Alejandro Char y Dumek Turbay, enfrentaron un enero sangriento para la seguridad ciudadana: 100 homicidios. ¿Están fracasando sus planes de seguridad?
El cerco al presidente Petro se estrecha cada día más. El caso del aporte de Fecode ―Federación Colombiana de Educadores― por $500 millones a su campaña, es uno de los procesos judiciales de la Fiscalía General con imputación de cargos contra personas cercanas al Jefe de Estado. Las compulsas de copia a la Comisión de Acusaciones, lo dice todo. La finalidad, sin duda, es lograr un juicio político contra el Presidente para ¡tumbarlo por la vía institucional!