En una negociación tripartita del salario mínimo de Colombia con un pensamiento bipolar, es difícil satisfacer los intereses de tres. Por esta razón, el gobierno del presidente Gustavo Petro tomó la decisión vía decreto: un aumento del 9,54%. Un equilibrio entre los intereses de los empresarios que pedían un aumento cercano al 6% y de las centrales obreras que exigían un 12%. Es una gran oportunidad para empresarios progresistas.
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Hortensia Morales Castilla ―cartagenera de 80 años― sufrió una fisura a raíz de un accidente. Le contó su historia a VoxPopuli Digital. Pero ella desconocía que los tres meses de dolor que padece, sin que la atiendan en Coosalud, es producto del entramado de corrupción de esa organización. Allí tienen embolatados $433 mil millones de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), cuyo cerebro es Jaime González Montaño con una estructura criminal de su clan familiar. Ellos suelen pasar como exitosos empresarios. Las pruebas existentes, dicen todo lo contrario: unos esquilmadores del erario.
Jaime González ¿el Supervillano de la Salud? Para la Superintendencia de la Salud (Supersalud) y la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria). González Montaño se convirtió en el cerebro de un entramado de corrupción en Coosalud superior al que construyó su colega Carlos Palacino en la ya desaparecida Salucoop. Los dos aplicaron el mismo sistema de corrupción, a juzgar por los 8 hallazgos que tienen consecuencias penales, disciplinarias y administrativas.
El retorno de Clara Revollo de Canabal a su tierra de Barú no fue pacífico. Ni tampoco contó con el apoyo del Estado. Por el contario, este fue instrumento de los despojadores para cometer su crimen. Gracias a la labor de sus abogados encabezado por Alberto Cárdenas, y a un acto de humanidad del Inspector de Policía, el retorno de Clara Revollo a su vieja parcela, además, fue un acto de justicia.
Con la ratificación de las denuncias contra sus financiadores y auspiciadores, el pasado 13 de diciembre, el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso Gómez, abre la posibilidad de que el Estado persiga judicialmente a los terceros responsables del horror paramilitar en la Costa Caribe. Este hecho histórico se produjo ante la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla. Mancuso se ratificó.
Algo gravísimo está sucediendo con el levantamiento del nuevo POT de Cartagena: todo está envenenado. Lo hecho durante el primer año de la administración de Dumek Turbay hay que hacerlo de nuevo, si queremos un POT en dos años. Esta conclusión resultó de la aplicación del test del «árbol envenenado», la misma teoría que el economista Juan Correa ―director del Comité― usó en octubre de 2023 para referirse al inservible documento POT de Dau.
Con el hundimiento de la segunda reforma tributaria del gobierno del cambio y el Caso Bonilla, sin duda, explotó «la mermelada» (auxilio parlamentario o cupos indicativos). Explotó como modelo de relación política con el congreso para tramitar leyes, reformas y, especialmente, iniciativas fiscales o económicas del gobierno de turno. Este modelo ―usado por todos los presidentes después de 1991― entró en estado de coma que «llevaría a un default al país», como lo advirtió el mismo presidente Gustavo Petro.
El artículo de investigación del periodista Edison Lucio Torres, Luz al «cuarto oscuro» del POT, publicado este jueves 12 de diciembre, produjo un gran impacto en la opinión pública de Cartagena. Se acusa a un «triunvirato» dentro de la Secretaría de Planeación de mantener en secreto las decisiones cruciales del POT, a pesar de su importancia en el desarrollo urbano de la ciudad.
La construcción del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para una «Superciudad» tiene un cuarto oscuro. Misterioso. Secreto. Imperceptible para el común de los mortales y de los medios de comunicación de Cartagena. En ese cuarto oscuro solo entra un triunvirato: el director―contratista, Juan Correa Reyes (¡por supuesto!), Orlando Ortiz Llanos (el amuleto de protección ambiental de la administración) y la abogada Sara Luna Delgado, conocida de auto en la Secretaría de Planeación Distrital. Es un triunvirato técnico que está repitiendo las mismas fallas insuperables de la administración anterior con un gasto enorme: $16 mil millones y 504 órdenes de prestación de servicios (OPS).
¿Un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para una ciudad caótica a una Superciudad? La actuación del equipo del nuevo POT ―liderada por Camilo Rey Sabogal― va en contravía de la gran promesa del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, de perfilar una «Superciudad» y de un reordenamiento centrado en los derechos humanos. Esta hipótesis de VoxPopuli Digital fue sometida a un análisis de 5 horas de diálogo edificante con uno de los urbanistas de mayor prestigio de Colombia: el cartagenero Robinson Rada